Emmanuel Camarena Ramírez y Otros.

Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
441/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Camarena Ramírez y Otros.
  • Emmanuel Camarena Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente. Vista la demanda de amparo promovida por Emmanuel Camarena Ramírez, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 441/2021-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), toda vez que, el acto reclamado no es una resolución definitiva; asimismo, el asunto tampoco encuadra en la hipótesis de procedencia prevista por el diverso inciso b), del mismo artículo, puesto que no se trata de un acto de imposible reparación. Ello es así, pues el quejoso en su demanda reclama el acuerdo de inicio de procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 94/20-POL-C, del índice de la Dirección de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato. Y de conformidad con el artículo 70, en relación con el diverso 51-D, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, el acto reclamado no constituye una resolución definitiva, sino que da inicio a un procedimiento administrativo a raíz del probable incumplimiento a los requisitos de permanencia seguido en contra del quejoso, por haber faltado a su servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos; pues en él se ordenó sujetar al impetrante al referido procedimiento administrativo, como parte del cuerpo de seguridad pública, y se le citó para la audiencia del mismo. Por ende, es evidente que no constituye una resolución definitiva respecto de la cual se puedan alegar violaciones en amparo indirecto. Por otro lado, tampoco es un acto de imposible reparación, debido a que no encuadra en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; toda vez que no produce una afectación material a sus derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; por tanto, sus consecuencias no pueden ser de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y menos recaen sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas; incluso, no trastoca, ni siquiera provisionalmente, derechos sustantivo laborales del quejoso, como podrían ser una separación temporal del cargo, afectación salarial, entre otras, como se desprende del mismo artículo 70 invocado, que regula el contenido del acto reclamado. Ahora, no pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, determinó que en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, procede el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo del trabajo y a no ser separado sin justa causa de él. Criterio que está contenido en la jurisprudencia 2a./J.49/2016 (10ª), de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Sin embargo, el procedimiento del caso particular y el analizado en la jurisprudencia citada, poseen una naturaleza jurídica distinta, puesto que el primero no tiene como propósito directo la separación del cargo del quejoso. Se afirma lo anterior, pues el artículo 70-B del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, dispone que el procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia será resuelto por el Secretario Técnico de la Comisión Municipal, luego de escuchar al policía o a su abogado, de analizar las pruebas ofrecidas por las partes y de oír sus alegatos. En ese contexto, si bien, al concluir el procedimiento se puede llegar a estimar que el quejoso incurrió en la falta que se le atribuye (faltar al servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos), en términos del artículo 33, fracción XIV, del citado Reglamento, y ello puede llevar a determinar la separación del cargo que desempeña, lo cierto es que tal consecuencia no es invariable ni inminente. Por ende, el inicio del procedimiento no le causa perjuicio alguno, pues únicamente tiene como objeto sujetarlo a un procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia, mismo respecto al cual la ley otorga el derecho ofrecer pruebas y formular alegatos, de conformidad con los artículos 51-D, 70-B y 70-C del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato; por lo que las consecuencias quedan supeditadas a la resolución que se dicte, la cual puede ser favorable a sus intereses y, en caso de no serlo, tendría expedito su derecho para combatir la determinación en la vía idónea. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Emmanuel Camarena Ramírez. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Madero número 106, interior 604, zona centro, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados del quejoso en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Beatriz Rosas León, José Nicolás Casas Mejía y Humberto Buzo Marmolejo, por así solicitarlo expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA AL PROMOVENTE EMMANUEL CAMARENA RAMÍREZ.- Vista la demanda de amparo promovida por Emmanuel Camarena Ramírez, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 441/2021-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), toda vez que, el acto reclamado no es una resolución definitiva; asimismo, el asunto tampoco encuadra en la hipótesis de procedencia prevista por el diverso inciso b), del mismo artículo, puesto que no se trata de un acto de imposible reparación. Ello es así, pues el quejoso en su demanda reclama el acuerdo de inicio de procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 94/20-POL-C, del índice de la Dirección de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato. Y de conformidad con el artículo 70, en relación con el diverso 51-D, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, el acto reclamado no constituye una resolución definitiva, sino que da inicio a un procedimiento administrativo a raíz del probable incumplimiento a los requisitos de permanencia seguido en contra del quejoso, por haber faltado a su servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos; pues en él se ordenó sujetar al impetrante al referido procedimiento administrativo, como parte del cuerpo de seguridad pública, y se le citó para la audiencia del mismo. Por ende, es evidente que no constituye una resolución definitiva respecto de la cual se puedan alegar violaciones en amparo indirecto. Por otro lado, tampoco es un acto de imposible reparación, debido a que no encuadra en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; toda vez que no produce una afectación material a sus derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; por tanto, sus consecuencias no pueden ser de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y menos recaen sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas; incluso, no trastoca, ni siquiera provisionalmente, derechos sustantivo laborales del quejoso, como podrían ser una separación temporal del cargo, afectación salarial, entre otras, como se desprende del mismo artículo 70 invocado, que regula el contenido del acto reclamado. Ahora, no pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, determinó que en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, procede el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo del trabajo y a no ser separado sin justa causa de él. Criterio que está contenido en la jurisprudencia 2a./J.49/2016 (10ª), de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Sin embargo, el procedimiento del caso particular y el analizado en la jurisprudencia citada, poseen una naturaleza jurídica distinta, puesto que el primero no tiene como propósito directo la separación del cargo del quejoso. Se afirma lo anterior, pues el artículo 70-B del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, dispone que el procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia será resuelto por el Secretario Técnico de la Comisión Municipal, luego de escuchar al policía o a su abogado, de analizar las pruebas ofrecidas por las partes y de oír sus alegatos. En ese contexto, si bien, al concluir el procedimiento se puede llegar a estimar que el quejoso incurrió en la falta que se le atribuye (faltar al servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos), en términos del artículo 33, fracción XIV, del citado Reglamento, y ello puede llevar a determinar la separación del cargo que desempeña, lo cierto es que tal consecuencia no es invariable ni inminente. Por ende, el inicio del procedimiento no le causa perjuicio alguno, pues únicamente tiene como objeto sujetarlo a un procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia, mismo respecto al cual la ley otorga el derecho ofrecer pruebas y formular alegatos, de conformidad con los artículos 51-D, 70-B y 70-C del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato; por lo que las consecuencias quedan supeditadas a la resolución que se dicte, la cual puede ser favorable a sus intereses y, en caso de no serlo, tendría expedito su derecho para combatir la determinación en la vía idónea. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Emmanuel Camarena Ramírez. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Madero número 106, interior 604, zona centro, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados del quejoso en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Beatriz Rosas León, José Nicolás Casas Mejía y Humberto Buzo Marmolejo, por así solicitarlo expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

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