Emmanuel Barrera Daniel
Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Emmanuel Barrera Daniel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
ELECTORNICO Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues no se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 241/2021-I-A, promovido por , en contra de los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y QUINTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que lo alegue alguna de las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La fracción XII del artículo 61, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)". Del numeral citado en segundo término se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. El interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione a los derechos fundamentales, que es precisamente lo que faculta al titular de éstos para acudir a la instancia constitucional, que se traduce en su interés jurídico; esto es, para la procedencia de un juicio de amparo se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione. Por interés jurídico debe entenderse el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona, ya sea de hecho o de derecho. La afectación al bien jurídico se externa cuando un acto de autoridad se traduce en una disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Al respecto, se han sustentados diversos criterios determinando qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, y para tal efecto se trae a colación el contenido de la jurisprudencia de rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal de la República y 6° de la ley de la materia, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada; es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Porque el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. En esa virtud, la procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Con el propósito de demostrar la eficacia de la causa de improcedencia que se advierte, se tiene presente entonces en términos de los numerales invocados que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; también es importante precisar que con la actual Ley de Amparo se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo para promover dicha acción, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, se precisa que por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, esto es, la situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Más brevemente, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, y al efecto sirve de sustento el contenido de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo es concebido por la doctrina como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (derecho subjetivo), tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado, es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Igualmente, añadió que el interés legítimo es aquel que tienen algunas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendiente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Asimismo, que el interés legítimo existe cuando pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, pero no es necesario que quede asegurado de antemano ni forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Los argumentos precedentes fueron plasmados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia del siguiente encabezado: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste." De las consideraciones expuestas, se obtiene que se debe distinguir entre el interés simple de aquel que se requiere acreditar para la procedencia del juicio de amparo (interés jurídico), siendo el primero aquel interés general que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal, esto es, el simple interés ciudadano por la legalidad, lo cual no lo faculta para accionar el juicio de amparo sino únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o cualificación subjetiva y el segundo, aquél que corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular -de hecho o de derecho-tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, no sólo por interés como ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, esto es, una afectación directa en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión de la promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le irrogue alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En el caso del interés legítimo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que las normas autoaplicativas son aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley. Es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso, y esto se sustenta en el contenido de la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), titulada: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." Ello significa que los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares. Para tal efecto, el Máximo Tribunal del País concluyó que las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Por tal motivo, en principio es importante identificar la ubicación jurídica del quejoso desde la que combate la norma general: como destinatario o como tercero. En este análisis la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado una pregunta que define si una persona puede acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de tercero al contenido o relación jurídica por ella contemplada: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Es decir, la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta, pues el quejoso debe acreditar una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente. Sirve de sustento, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con registro digital: 2009198, Tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 445, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." En el caso, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo contra el "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo a la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, específicamente en su apartado: I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Primero.- Se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, como a continuación se indica: a) Se crean las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en el orden que les corresponde: CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CUOTA (ARANCEL) IMPUESTO DE IMP. (%) IMPUESTO DE EXP. (%) 2931.39.02 1-Hidroxi-2,2,2- tricloroetilfosfonato de O,O-dimetilo (Triclorfón (ISO)). Prohibida Prohibida Prohibida 3824.99.83 Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18. Prohibida Prohibida Prohibida 7304.39.03 Barras huecas laminadas en caliente, con diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. Kg Ex. Ex. 7304.39.04 Barras huecas laminadas en caliente, de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. Kg Ex. Ex. 8543.70.18 Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. Prohibida Prohibida Prohibida 8543.90.03 De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18. Prohibida Prohibida Prohibida 8702.40.02 Eléctricos, excepto usados. Pza 20 Ex. 8702.40.07 Trolebuses usados. Pza 15 Ex. 8702.90.08 Trolebuses usados. Pza 15 Ex. 8703.80.02 Usados. Pza 15 Ex. 8704.90.01 Eléctricos, excepto usados Pza 15 Ex. El reclamó del Decreto parcialmente reproducido, se realiza como una norma [lato sensu] de carácter autoaplicativa, esto debido a que la parte quejosa refiere que la prohibición absoluta que contiene genera de por sí una afectación que actualiza su interés legítimo, en virtud que afirma se trata de disposiciones estigmatizadoras que afectan gravemente la democracia constitucional en el país, pues indica que estigmatiza el uso de vaporizadores, como productos peligrosos, criminalizando su uso con la prohibición irrestricta de su importación y exportación. Además, que la prohibición aludida afecta gravemente sus derechos fundamentales, así como su ejercicio libre, y sustenta su argumento en las tesis: "ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.", y "PROHIBICIÓN DEL CONSUMO LÚDICO DE LA CANNABIS SATIVA. LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD QUE LA PREVÉN, GENERAN UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMARLOS EN EL AMPARO.". No obstante, la sola cita de estos criterios, no le redunda en una afectación jurídica susceptible de protección a través del juicio de amparo, y es así porque la Primera Sala del Alto Tribunal del País ha determinado que de manera excepcional, pueden encontrarse en el ordenamiento jurídico normas generales heteroaplicativas, identificables así por su estructura normativa interna, que no obstante, generan una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional, que pueden identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas, las cuales son normas estigmatizadoras, aquellas que con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, proyectan un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1o. constitucional. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. En suma, la afectación por estigmatización es concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Por tanto, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados. Al efecto resulta aplicable el contenido de la tesis 1a. CCLXXXIII/2014 (10a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados." En otro aspecto, no se desconoce que existen normas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible. Empero, la afectación que producen este tipo de normas no es generada por su parte valorativa, sino por sus repercusiones sobre la apropiada preservación de canales de expresión e intercambio de ideas que deben mantenerse abiertos, por ejemplo, estableciendo impedimentos, requisitos u obligaciones, aun de abstención, que obstaculicen el desenvolvimiento de las personas en el debate público, especialmente cuando se refieran al discurso político o a quienes se dedican a informar. Apoya a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA. Esta Primera Sala ha determinado que, de manera excepcional, pueden encontrarse en el ordenamiento jurídico normas generales heteroaplicativas, identificables así por su estructura normativa interna, que no obstante, generan una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional, que pueden identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas. El primero de este tipo de normas corresponde al de aquellas que son estigmatizadoras, es decir, aquellas que con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, terminan por proyectar un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1o. constitucional. Un segundo tipo de normas en este supuesto, corresponde a aquellas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible. La afectación que producen este segundo tipo de normas no es generada por su parte valorativa, sino por sus repercusiones sobre la apropiada preservación de canales de expresión e intercambio de ideas que deben mantenerse abiertos, por ejemplo, estableciendo impedimentos, requisitos u obligaciones, aún de abstención, que obstaculicen el desenvolvimiento de las personas en el debate público, especialmente cuando se refieran al discurso político o a quienes se dedican a informar. Ante este segundo tipo de normas, lo relevante para el juzgador no es determinar si la norma impugnada trasciende en la esfera jurídica del quejoso desde la perspectiva de los actos de aplicación requeridos para su materialización, sino la afectación generada a los canales de deliberación pública." Luego, a partir de los invocados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las constancias que obran en autos, relativos al escrito de demanda e informes con justificación, la parte quejosa no acredita el interés legítimo para impugnar el Decreto en comento, por los siguientes motivos. Es cierto que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, manifiesta que padece dependencia al cigarrillo, y que por sus nocivos efectos para la salud encontró como alternativa para su consumo el uso de vaporizadores; por ende, optó por el vapeo de forma libre e informada, de lo cual considera ha obtenido notables mejorías en su salud y condición física en el corto, mediano y largo plazo. Además, que en días recientes a la presentación de la demanda había tenido dificultad para encontrar y adquirir los productos necesarios para continuar vapeando; asimismo, que escuchó de diversos vendedores que ello era consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal había decretado sobre la importación y exportación de los vaporizadores, sus accesorios, esencias y líquidos, lo cual constató de una revisión en el Diario Oficial de la Federación en su edición de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, no ofreció alguna prueba en este sumario constitucional con la cual demostrara que es consumidor de los dispositivos vaporizadores descritos en el Decreto controvertido o usuario de los productos relacionados con ellos, o bien, que los pretendiera importar o exportar y al no poder hacerlo se viera afectado. Sumado al hecho de que de un análisis objetivo realizado al referido Decreto, se colige que tiene como finalidad modificar tres fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de julio de dos mil veinte, consistentes en: 2931.39.02 [1-Hidroxi-2,2,2- tricloroetilfosfonato de O,O-dimetilo (Triclorfón (ISO))] 3824.99.83 [Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18.] 8543.70.18 [Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares] 8543.90.03 [De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18.] Las cuales fueron decretadas como prohibidas para su importación y exportación. Entonces, es meridianamente patente que se trata de una prohibición en la legal exportación e importación al territorio nacional de los mencionados dispositivos, lo cual no significa una prohibición en su uso. Por ende, este órgano de control constitucional determina que la puesta en operación de la norma impugnada no genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante, pues, como se adelantó, no acreditó con medio de convicción jurídicamente apto y suficiente, las manifestaciones que expresó en su ocurso inicial de demanda, y tampoco sus argumentos generan convicción objetiva en este juzgador federal en relación con el interés legítimo que refiere ostentar. Ciertamente, en la especie no se justificó que el Decreto impugnado transgrede la esfera jurídica de la quejosa, de manera que le produzca una afectación en mayor grado que otros individuos derivado de una especial situación frente al orden jurídico, ante la existencia del derecho objetivo y la norma combatida que al impugnarla podría revelar un beneficio (interés cualificado), puesto que es necesario que la norma establezca alguna obligación a un tercero que le impacte colateralmente; es decir, que estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecten, y que del contenido de la norma le genere una afectación inmediata. En tales consideraciones, se insiste que el Decreto reclamado no causa al quejoso una afectación jurídicamente relevante, en razón que no es posible sostener que dicha norma general prohíba o le impida adquirir los productos ahí descritos, ni tampoco su uso; sin que sea óbice que el aludido Decreto prohíbe su importación o exportación, pues con ello no se niega ni obstaculiza su comercialización en el país. Por otra parte, es también de señalarse que la norma tildada de inconstitucional no es de aquellas que proyecte un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, quienes resientan una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1o. constitucional, que diera pauta para tener por acreditado el interés legítimo del solicitante del amparo. Lo anterior, porque la prohibición en materia de comercio exterior reclamada no tiene como fundamento alguna de las categorías sospechosas a que se refiere el precepto 1o. constitucional, sino que se basa en una finalidad de salud pública en favor de los consumidores de los dispositivos aludidos. A mayor abundamiento, como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis invocada relativa, no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. En consecuencia, se itera que en el presente juicio de amparo la parte quejosa no demostró una afectación por estigmatización de la norma de manera concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica con el Decreto de referencia, generado por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso sea destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías, pues se reitera, la parte solicitante del amparo únicamente expresó en la demanda inicial, sin que aportara algún medio de convicción para sustentar su dicho. Corolario es que la norma general reclamada no se trata de una disposición de carácter estigmatizadora que revele una situación especial del quejoso frente al orden jurídico que haga procedente el juicio de amparo, sino que únicamente tiene una prohibición en materia de comercio exterior correspondiente a los productos relacionados con sistemas electrónicos de administración de nicotina, alternativos de consumo de nicotina, similares sin nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas que utilizan. Luego, como no se acreditó el supuesto de procedencia para justificar que cuenta con interés legítimo, este órgano jurisdiccional determina que se trata de un interés simple, asemejado al de cualquier gobernado, sin demostrar el beneficio que la invalidación revelaría en su esfera de derecho. Así es, porque la parte solicitante del amparo no justifica la forma en que el Decreto controvertido afecte real, o indirectamente su especial situación frente al orden jurídico, tampoco demuestra cuál sería esa situación concreta que se vería beneficiada con la concesión y menos aún, cuál sería el beneficio inmediato o mediato que, con la regulación de la legalidad de los actos que reclama, podría obtener en su esfera jurídica concreta. Derivado de lo anterior, los criterios que invocó en su demanda no son conducentes para los efectos por los cuales pretendió justificar su interés legítimo. Con base en lo expuesto, se concluye que el peticionario del amparo no demostró que la norma reclamada afecte su esfera de derechos, pues el interés legítimo que adujo no fue acreditado fehacientemente, debido a que le correspondía la carga de la prueba de ese extremo y no lo realizó con algún medio de convicción para tal efecto. En esta guisa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación tanto con el precepto 6° de dicho ordenamiento que rige la materia, como el precepto 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la legislación de amparo en cita. En ese orden de ideas, resulta innecesario analizar las diversas causales de improcedencia que en contra de los actos reclamados invocaron las autoridades responsables en sus informes justificados, pues cualquiera que fuera el resultado de su análisis, en nada cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis aislada sin número, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EMMANUEL BARRERA DANIEL, en contra de los actos que reclamó de Presidente de la Comisión de Comercio Exterior, que ejerce el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, y al Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EMMANUEL BARRERA DANIEL, en contra de los actos que reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la quinta de las consideraciones de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
ELECTRONICO Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de que el día de hoy se está notificando por lista de estrados, la vista que se dio a las partes de los informes justificados que se relacionaron mediante proveído de veintiséis de noviembre en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
NOT.ELECTRONICA Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar los informes justificados correspondientes al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la Comisión de Comercio Exterior, ambos con residencia en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicitan las responsables, téngase como sus domicilios para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en sus respectivos informes de mérito. Finalmente, hágase del conocimiento de las citadas autoridades, que el exhorto realizado en el auto inicial, a fin de que se proporcionaran a este órgano jurisdiccional un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, se encontraba dirigido únicamente a las partes quejosa y, en su caso, tercero interesada, no así para las autoridades responsables; en ese sentido, no ha lugar a tener por señalados los medios de comunicación proporcionados en los informes que se proveen. Notifíquese y cúmplase.
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