Emmanuel Atanacio Gargallo Sánchez

Expediente 1755/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1755/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
19/01/2017

Partes del expediente

  • Emmanuel Atanacio Gargallo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1755/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que suscribe el fedatario adscrito, mediante la cual refiere la imposibilidad de notificar a la parte quejosa la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, por los motivos que expone. En las relatadas circunstancias, se ordena se le practique a la parte quejosa, la notificación de la citada resolución, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ATENTO A LO ANTERIOR, SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS QUE A LA LETRA DICE: "...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1755/2016-I-B, promovido por Emmanuel Atanacio Gargallo Sánchez, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de octubre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Emmanuel Atanacio Gargallo Sánchez, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de trece siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de once de noviembre se fijaron las nueve horas con treinta y un minutos del trece de diciembre de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: La negativa declarada en auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, de despachar auto de ejecución del laudo de siete de septiembre de dos mil quince, dictado en el juicio 01/157/15, solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, por falta de cuantificación de la condena y la subsecuente apertura del incidente de liquidación de laudo. No pasa inadvertido que el quejoso señaló como acto reclamado, la omisión del Tribunal de proceder en forma inmediata y eficaz a la ejecución del laudo; empero, de la interpretación integral de la demanda, se desprende que dicha conducta omisiva deriva de la negativa de la autoridad a dictar el auto de ejecución del laudo solicitado por el quejoso, por lo que no se examina de forma autónoma como acto reclamado. TERCERO. Certeza del acto. Aun cuando al rendir el informe justificado (fojas 21 a 23), el presidente del Tribunal negó el acto reclamado, éste es cierto, porque exhibió copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, lo cual, constata la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia una cuestión de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo es improcedente. La improcedencia deviene de la causa prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El acto reclamado consiste en la negativa de la autoridad responsable, declarada en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, a despachar auto de ejecución del laudo de siete de septiembre de dos mil quince, dictado en el juicio 01/157/15, bajo el argumento de falta de cuantificación de la condena y la subsecuente apertura del incidente de liquidación de laudo. El presidente del Tribunal responsable ofreció como prueba, copias certificadas de diversas constancias del juicio 01/157/15 (fojas 25 a 45 y 54 a 58); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De esas constancias se desprenden los siguientes hechos. Mediante laudo de siete de septiembre de dos mil quince (fojas 25 a 28), dictado en el juicio 01/157/15, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, condenó (en su resolutivo segundo) al Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, al pago y cumplimiento en favor del actor de estas prestaciones: Pago proporcional de aguinaldo correspondiente a 2013. Pago de aguinaldo correspondiente a 2014. Pago de vacaciones correspondientes al segundo periodo de 2013, con su respectiva prima vacacional. Pago de vacaciones correspondientes a 2014, con su respectiva prima vacacional. Pago de vacaciones correspondientes al primer periodo de 2015, con su respectiva prima vacacional. Pago de despensa familiar mensual por el periodo comprendido del 13 de junio de 2013 a la fecha en que se cumpla totalmente el laudo. El Tribunal no cuantificó ninguna de las prestaciones. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 38 y 39), con registro 012058, el actor solicitó el despacho de auto de ejecución del laudo de siete de septiembre de dos mil quince, para obtener el pago de las prestaciones declaradas en su favor, de las cuales presentó cuantificación en el propio escrito. A la promoción 012058, la autoridad responsable dictó el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, que constituye el acto reclamado (foja 42). A través de ese acuerdo, negó el despacho de auto de ejecución del laudo de siete de septiembre de dos mil quince, dictado en el juicio 01/157/15, bajo el argumento de falta de cuantificación de la condena, pero a su vez dio trámite al incidente de liquidación de laudo. Con motivo del trámite de dicho incidente, fijó las catorce horas del quince de noviembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la correspondiente audiencia incidental. El acto reclamado se analiza, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Tal consideración se funda, por analogía, en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La demanda de amparo fue presentada el once de octubre de dos mil dieciséis. Así, a la presentación de la demanda de amparo, la situación jurídica que imperaba en el juicio 01/157/15, era la generada por el acto reclamado. Sin embargo, con posterioridad a la instauración del juicio de amparo, en concreto, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal resolvió el incidente de liquidación de laudo que ordenó tramitar mediante acuerdo de diecinueve de agosto actual (fojas 54 a 58). Tal resolución interlocutoria modificó la situación procesal que antes del ejercicio de la acción de amparo, imperaba en el juicio 01/157/15, provocando un cambio en la situación jurídica en que el quejoso se hallaba antes de dicho acontecimiento e impide resolver el juicio de amparo sin afectar la nueva situación jurídica. La improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, acontece cuando con posterioridad a la emisión del acto de autoridad, en el propio procedimiento se dicta diversa determinación que incide en el reclamado e imposibilita el análisis de su constitucionalidad porque ello implicaría afectar la nueva situación procesal. En la tesis aislada 2a.CXI/96, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que en la causa de improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, concurren, por regla general, estos supuestos: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Para mayor ilustración, se citan el rubro y texto de la tesis 2a.CXI/96: Tesis: 2a. CXI/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 199808 2 de 2 Segunda Sala Tomo IV, Diciembre de 1996 Pag. 219 Tesis Aislada(Común) CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, el quejoso se duele del rechazo de la autoridad responsable a su pretensión, planteada por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, de obtener auto de ejecución del laudo de siete de septiembre de dos mil quince, por el monto que propuso en el propio escrito, a saber, ciento quince mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional. Como ya se dijo, a la par del rechazo a la referida pretensión del quejoso, la autoridad responsable dio trámite al incidente de liquidación de laudo de siete de septiembre de dos mil quince y, mediante interlocutoria de quince de noviembre de dos mil dieciséis, lo resolvió, cuantificando la condena en setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional. Luego, opera la causa de improcedencia en comento, por estas razones: Primera. El acto reclamado emana de un procedimiento judicial seguido ante un tribunal del trabajo. Segunda. Si bien antes de la presentación de la demanda de amparo, la situación jurídica que imperaba en el juicio 01/157/15, era la generada por el acto reclamado, siendo esta la falta de dictado de auto de ejecución del laudo por la cantidad solicitada por el quejoso, a causa de la falta formal de cuantificación de la condena, a la postre, la autoridad la cuantificó a través de la interlocutoria de quince de noviembre de dos mil dieciséis. Tercera. A causa de la cuantificación en la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciséis, de las prestaciones decretadas en el laudo de siete de septiembre de dos mil quince, no puede resolverse el juicio de amparo sin afectar la situación jurídica generada por la aludida interlocutoria, esto es, la cuantificación de la condena por importe de setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; pues en el hipotético caso que se otorgara el amparo para que la autoridad despachara el auto de ejecución del laudo solicitado por el quejoso, se obviaría la cuantificación formulada en dicha interlocutoria. Cuarta. La resolución de liquidación de laudo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, es un acto positivo y autónomo del que constituye el acto reclamado, contiene su propia sustancia y podría ser constitucional o no, de modo que una hipotética concesión del amparo, haría nugatorios sus efectos, sin haber sido sometido propiamente a examen constitucional, porque no es un acto reclamado. En relación con lo anterior, en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho que el órgano de amparo no se ocupe de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.) dice a la letra: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo, esto conforme a la siguiente jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. El estudio de los argumentos de improcedencia formulados por la autoridad responsable, resulta innecesario porque ya se determinó el sobreseimiento, de ahí la irrelevancia de determinar si opera o no otra causa de improcedencia, porque no cambiaría el sentido de este fallo. Tal consideración se funda en esta tesis: Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Emmanuel Atanacio Gargallo Sánchez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    ...PRIMERO. Se sobresee...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.Se tiene por recibido el oficio signado por el PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO, así como por la SECRETARIA GENERAL, ambos del TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada del auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en relación a la audiencia incidental de liquidación, glosado en el expediente laboral 01/157/15 de su índice; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Notifíquese y cúmplase...

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