Emmanuel Armando Sánchez Torres

Expediente 1453/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1453/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Armando Sánchez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso Emmanuel Armando Sánchez Torres reclamó a la responsable, en su demanda de amparo, medularmente, es la omisión de emplazar a la demandada Servicios y Administraciones Fiscales y Laborales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en autos del juicio laboral número 860/2019. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el mismo." Ello, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado por parte de la Junta responsable, pues así lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 283, visible a fojas 190, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso el acto reclamado por la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la que se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estime violentadas, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista el acto reclamado, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Los razonamientos expuestos encuentran punto de apoyo en la tesis 2ª.XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En efecto, se afirma lo anterior, toda vez que de la revisión de las constancias del expediente laboral 860/2019, que remitió la Junta responsable, como justificación de sus actos, claramente se advierte que el treinta de junio pasado se tuvo por no interpuesta la demanda en contra de Servicios y Administraciones Fiscales y Laborales, Sociedad Anónima de Capital Variable y el quince de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del expediente de marras, por lo que respecta a la aludida demandada. De ahí que al tener por no interpuesta la demanda en relación a la parte demandada Servicios y Administraciones Fiscales y Laborales, Sociedad Anónima de Capital Variable y ordenar el archivo del controvertido que nos ocupa por lo que respecta a la aludida demandada, es inconcuso que en el caso, los efectos del acto de autoridad impugnado, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada Servicios y Administraciones Fiscales y Laborales, Sociedad Anónima de Capital Variable en el juicio de origen, no se concretarán, por lo que en caso de concluirse que aquel es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimare violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En tales condiciones, debe estimarse que, en la especie, su objeto o materia dejó de existir, aun cuando subsista la omisión en sí, puesto que por virtud de que se tuvo por no interpuesta la demanda en relación con Servicios y Administraciones Fiscales y Laborales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y se decretó el archivo definitivo del mismo en relación con ella, es inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando jurídicamente subsistan tales actos, ya que, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de amparo y se concediera la protección constitucional a su favor, ello resultaría estéril. De ahí que no se le puede restituir en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En tales condiciones, debe estimarse que aun cuando jurídicamente subsistan los actos reclamados, el estudio de su inconstitucionalidad se torna improcedente, puesto que la finalidad de las sentencias de amparo, es que el acto impugnado sea susceptible de reparación, y sus efectos puedan trascender, lo que en la especie ya no acontece al haberse decretado la prescripción de la ejecución del laudo emitido en el juicio de origen, así como el archivo definitivo del mismo y, por tanto, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia, lo que hace patente que se actualice la señalada causal de improcedencia. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, diecinueve de julio de dos mil veintidós, a las diez horas con veinticinco minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos el oficio 997/2022 suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y un anexo que acompaña; mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo acordado en proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós y remite copia del auto de treinta de junio pasado, dictado en el juicio laboral 860/2019, mismo auto que ya había remitido al rendir su informe justificado en este asunto. En virtud de lo anterior, y toda vez que en el oficio 997/2022, la autoridad responsable no informó en relación a lo solicitado en auto de cuatro de julio pasado, esto es, que ordenó el archivo del juicio laboral 860/2019, como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, informe en relación con lo anterior, y en su caso, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual ordena el archivo en dicho procedimiento; apercibido que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguense como legalmente correspondan, los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y la Actuaria de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, así como el anexo que acompaña la primera de las nombradas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables informan que en acuerdo de treinta de junio del año en curso, al no ser posible llevar a cabo la notificación a la parte demandada "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES Y LABORALES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, tuvo por no interpuesta la demanda en su contra, para todos los efectos legales correspondientes, y ordenó el archivo del juicio laboral 860/2019, como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia, mismo que ordenó notificar a la parte actora; sin embargo, no remitió las constancias que resultan necesarias para resolver el presente asunto en relación al acuerdo que ordena el archivo de dicho juicio de origen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual ordena el archivo en dicho procedimiento; apercibido que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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