Emmanuel Alejandro Cervantes Fuentes y Otros.
Expediente 922/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Emmanuel Alejandro Cervantes Fuentes y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado.Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 922/2016-IV. El suscrito estima que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con lo dispuesto en los artículos 6° de la ley de la materia y 107 fracción I Constitucional. En ese tenor, debe mencionarse que primeramente se abordará la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 6° de la Ley de la materia. En el caso, la demanda de cuenta que debían suscribir la totalidad de los quejosos, carece de firma autógrafa de **********, **********, ********** y **********, lo que denota la falta de voluntad de los peticionarios del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Aunado a ello, de la revisión material de la demanda de amparo se constata que la misma no contiene signo gráfico -firma o huella digital- en la parte final donde aparecen sus nombres que demuestre la voluntad de los impetrantes en promover el presente juicio de amparo. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6° del mismo ordenamiento y 107, fracción I de la Constitución Federal, por lo que lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar la demanda de amparo por lo que respecta a **********, **********, ********** y **********. Ahora, se realizará el análisis respectivo en relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (..) XII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)." De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues, sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría improcedente, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Para demostrar por qué se considera que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es conveniente traer a contexto los antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: 1. El doce de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 1P4216-25 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Valle de Santiago, el Juez de la adscripción determinó negar la orden de aprehensión en contra del inculpado **********, por el delito de secuestro exprés. 2. Inconforme con dicha resolución, los Licenciados ********** y **********, en su calidad de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, interpusieron recurso de apelación, del cual le tocó conocer a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, radicándola bajo el número 25/2016. 3. Finalmente, mediante resolución de veintiuno de septiembre del presente año, el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, decidió confirmar la decisión impugnada. Acto que constituye el reclamado en la presente instancia constitucional. Asimismo deben traerse a contexto los artículos 29, 30, 49, fracción III, 169, 421, 422, 423, 429 y 466 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que señalan: "Artículo 29. Son actores procesales: El juez o tribunal; II. El Ministerio Público o el acusador particular, cuando así proceda; III. El inculpado y su defensor; IV. La víctima o el ofendido, cuando no actúen como acusador particular; V. El tercero civilmente responsable; y VI. Los demás intervinientes. Artículo 30. Son partes procesales: I. El Ministerio Público; II. El acusador particular, en su caso; III. El inculpado y su defensor; y IV. El tercero civilmente responsable en los términos de este ordenamiento. "Artículo 49. Cuando realice la denuncia o la querella, o en su primera intervención en la investigación o en el proceso, la víctima u ofendido será informada que tiene derecho a: (.) VII. Interponer, en los supuestos previstos, los recursos y medios de impugnación que esta ley establece; (.)" "Artículo 169. Las decisiones que resuelvan sobre medidas cautelares serán apelables." "Artículo 421. Las partes tendrán derecho a impugnar las omisiones y decisiones del Ministerio Público, de los jueces y tribunales a través de los medios y en la forma que esta ley establece. Igual derecho tendrán aquellos a quienes la ley autorice. Los medios de impugnación únicamente se tramitarán a instancia de parte y sólo podrá renunciarse a ellos expresa o tácitamente, después de que hubiere sido conocida por el interesado la resolución en contra de la cual procediere." Artículo 422. Las resoluciones u omisiones judiciales y ministeriales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por este ordenamiento, siempre que se consideren desfavorables para quien los interponga y no haya contribuido a provocar el agravio. (.) Artículo 423. El derecho de impugnar corresponderá sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la omisión o resolución. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, la impugnación podrá ser interpuesta por cualquiera de ellas. Por el inculpado podrá impugnar el defensor, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa. De existir oposición entre ambos, prevalecerá la decisión que informadamente asuma el inculpado." "Artículo 429. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido en coadyuvante, en los casos previstos por este ordenamiento, podrá impugnar las decisiones que pongan fin al proceso y las que versen sobre la reparación del daño." "Artículo 466. Serán apelables las siguientes resoluciones: I. Las que pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren por más de treinta días; II. Las que concedieren, negaren o revocaren la suspensión condicional del proceso; III. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado o en el procedimiento para inimputables; IV. El auto de vinculación a proceso y el que la negare; V. La negativa de orden de cateo o de orden de aprehensión; VI. Las decisiones denegatorias de medios de prueba y las que nieguen el auxilio judicial a que se refiere el artículo 403 de esta ley; VII. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; VIII. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos restaurativos y las que no aprueben el convenio que los contengan; IX. Las resoluciones sobre excepciones procesales para la continuación de la acción penal; X. Las decisiones que declaren o nieguen declarar nulo un acto procesal; XI. Las decisiones que resuelvan un incidente; y XII. Las demás que expresamente señale este ordenamiento." (Lo resaltado no es de origen). De los preceptos legales trascritos se desprende que uno de los actores en el procedimiento penal es la víctima o el ofendido, cuando no actúen como acusador particular. Que cuando la víctima u ofendido realicen la denuncia o la querella, o en su primera intervención en la investigación o en el proceso, será informada que tiene derecho a interponer en los supuestos previstos, los recursos y medios de impugnación que esta ley establece. Las partes tienen derecho a impugnar las omisiones y decisiones del Ministerio Público, de los jueces y tribunales a través de los medios y en la forma que la ley establece, al igual que aquellos a quienes la ley autorice. De igual forma, que las resoluciones u omisiones judiciales y ministeriales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos, siempre que se consideren desfavorables para quien los interponga y no haya contribuido a provocar el agravio. El derecho de impugnar corresponderá sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la omisión o resolución; y, cuando la ley no distinga entre las diversas partes, la impugnación podrá ser interpuesta por cualquiera de ellas. La víctima u ofendido aunque no se haya constituido en coadyuvante, podrá impugnar entre otras, la negativa de orden de aprehensión. Sobre ese cuadro normativo, se estima que los ahora peticionarios del amparo en cuanto víctimas del delito de secuestro exprés que aduce se configura, estaban legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de la determinación por la cual el juez de origen, decidió negar la orden de aprehensión al imputado **********. Ello, en virtud de que la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato les otorga la posibilidad de interponer ese medio de impugnación, tal como lo prevé el numeral 466, fracción V de la citada ley. En este orden de ideas, puede afirmarse que la víctima u ofendido, por sí o mediante su representante, puede interponer el recurso de apelación contra la determinación que decide la orden de aprehensión. Empero, la circunstancia antes referida no significa que los ofendidos puedan prescindir de los medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de amparo. Por lo que, si el juzgador de primera instancia determinó no imponer orden de aprehensión, ello puede traducirse en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, con independencia de que también lo haga el Ministerio Público, pues cada uno está legitimado para ese efecto y las obligaciones constitucionales conferidas a la representación social, no excluyen las prerrogativas y derechos conferidos a la víctima u ofendido, quien, en consecuencia, también debe agotar los medios de defensa con que cuente. Es decir, la autoridad ministerial representa los intereses del ofendido; empero, esa representación no significa que aquél esté liberado de sus obligaciones procesales, pues como ya se dijo las víctimas del delito tienen la posibilidad de interponer el recurso de apelación. De donde se desprende que si el Ministerio Público apela, lo hace como parte de su obligación constitucional y para salvaguardar los derechos de los ofendidos, pero sin que ello signifique que al interponer el recurso de apelación, lo haya hecho a su nombre, ya que, se insiste, éstos tienen expedito su derecho conforme a la legislación adjetiva. Lo cual se reafirma al tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 428 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que estatuye: "Artículo 428. El Ministerio Público podrá impugnar aquellas decisiones contrarias a su función como titular de la persecución penal pública y al interés de la justicia." Así, si en el caso sólo los Agentes del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, y al dictarse la resolución de alzada no se modificó lo resuelto en cuanto a la negativa de la orden de aprehensión, debe concluirse que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque ese acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye una manifestación de voluntad en ese sentido, que no es subsanable por el hecho de que la determinación de primera instancia haya sido apelada por el Ministerio Público. En ese orden, si las víctimas del delito no interpusieron el medio de defensa que tenían a su alcance para modificar o revocar la determinación de primera instancia que les causaba agravio, debe estimarse que la consintieron; por lo que el juicio de amparo hecho valer en contra de lo resuelto en la apelación que interpusieron los Agentes del Ministerio Público, es improcedente, ya que ese acto deriva del diverso que consintieron al no haberlo impugnado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel de Anda Covarrubias, en virtud de que obra la cédula profesional 2375850 registrada a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 922/2016-IV. El suscrito estima que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con lo dispuesto en los artículos 6° de la ley de la materia y 107 fracción I Constitucional. En ese tenor, debe mencionarse que primeramente se abordará la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 6° de la Ley de la materia. En el caso, la demanda de cuenta que debían suscribir la totalidad de los quejosos, carece de firma autógrafa de **********, **********, ********** y **********, lo que denota la falta de voluntad de los peticionarios del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Aunado a ello, de la revisión material de la demanda de amparo se constata que la misma no contiene signo gráfico -firma o huella digital- en la parte final donde aparecen sus nombres que demuestre la voluntad de los impetrantes en promover el presente juicio de amparo. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6° del mismo ordenamiento y 107, fracción I de la Constitución Federal, por lo que lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar la demanda de amparo por lo que respecta a **********, **********, ********** y **********. Ahora, se realizará el análisis respectivo en relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (..) XII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)." De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues, sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría improcedente, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Para demostrar por qué se considera que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es conveniente traer a contexto los antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: 1. El doce de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 1P4216-25 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Valle de Santiago, el Juez de la adscripción determinó negar la orden de aprehensión en contra del inculpado **********, por el delito de secuestro exprés. 2. Inconforme con dicha resolución, los Licenciados ********** y **********, en su calidad de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, interpusieron recurso de apelación, del cual le tocó conocer a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, radicándola bajo el número 25/2016. 3. Finalmente, mediante resolución de veintiuno de septiembre del presente año, el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, decidió confirmar la decisión impugnada. Acto que constituye el reclamado en la presente instancia constitucional. Asimismo deben traerse a contexto los artículos 29, 30, 49, fracción III, 169, 421, 422, 423, 429 y 466 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que señalan: "Artículo 29. Son actores procesales: El juez o tribunal; II. El Ministerio Público o el acusador particular, cuando así proceda; III. El inculpado y su defensor; IV. La víctima o el ofendido, cuando no actúen como acusador particular; V. El tercero civilmente responsable; y VI. Los demás intervinientes. Artículo 30. Son partes procesales: I. El Ministerio Público; II. El acusador particular, en su caso; III. El inculpado y su defensor; y IV. El tercero civilmente responsable en los términos de este ordenamiento. "Artículo 49. Cuando realice la denuncia o la querella, o en su primera intervención en la investigación o en el proceso, la víctima u ofendido será informada que tiene derecho a: (.) VII. Interponer, en los supuestos previstos, los recursos y medios de impugnación que esta ley establece; (.)" "Artículo 169. Las decisiones que resuelvan sobre medidas cautelares serán apelables." "Artículo 421. Las partes tendrán derecho a impugnar las omisiones y decisiones del Ministerio Público, de los jueces y tribunales a través de los medios y en la forma que esta ley establece. Igual derecho tendrán aquellos a quienes la ley autorice. Los medios de impugnación únicamente se tramitarán a instancia de parte y sólo podrá renunciarse a ellos expresa o tácitamente, después de que hubiere sido conocida por el interesado la resolución en contra de la cual procediere." Artículo 422. Las resoluciones u omisiones judiciales y ministeriales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por este ordenamiento, siempre que se consideren desfavorables para quien los interponga y no haya contribuido a provocar el agravio. (.) Artículo 423. El derecho de impugnar corresponderá sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la omisión o resolución. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, la impugnación podrá ser interpuesta por cualquiera de ellas. Por el inculpado podrá impugnar el defensor, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa. De existir oposición entre ambos, prevalecerá la decisión que informadamente asuma el inculpado." "Artículo 429. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido en coadyuvante, en los casos previstos por este ordenamiento, podrá impugnar las decisiones que pongan fin al proceso y las que versen sobre la reparación del daño." "Artículo 466. Serán apelables las siguientes resoluciones: I. Las que pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren por más de treinta días; II. Las que concedieren, negaren o revocaren la suspensión condicional del proceso; III. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado o en el procedimiento para inimputables; IV. El auto de vinculación a proceso y el que la negare; V. La negativa de orden de cateo o de orden de aprehensión; VI. Las decisiones denegatorias de medios de prueba y las que nieguen el auxilio judicial a que se refiere el artículo 403 de esta ley; VII. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; VIII. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos restaurativos y las que no aprueben el convenio que los contengan; IX. Las resoluciones sobre excepciones procesales para la continuación de la acción penal; X. Las decisiones que declaren o nieguen declarar nulo un acto procesal; XI. Las decisiones que resuelvan un incidente; y XII. Las demás que expresamente señale este ordenamiento." (Lo resaltado no es de origen). De los preceptos legales trascritos se desprende que uno de los actores en el procedimiento penal es la víctima o el ofendido, cuando no actúen como acusador particular. Que cuando la víctima u ofendido realicen la denuncia o la querella, o en su primera intervención en la investigación o en el proceso, será informada que tiene derecho a interponer en los supuestos previstos, los recursos y medios de impugnación que esta ley establece. Las partes tienen derecho a impugnar las omisiones y decisiones del Ministerio Público, de los jueces y tribunales a través de los medios y en la forma que la ley establece, al igual que aquellos a quienes la ley autorice. De igual forma, que las resoluciones u omisiones judiciales y ministeriales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos, siempre que se consideren desfavorables para quien los interponga y no haya contribuido a provocar el agravio. El derecho de impugnar corresponderá sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la omisión o resolución; y, cuando la ley no distinga entre las diversas partes, la impugnación podrá ser interpuesta por cualquiera de ellas. La víctima u ofendido aunque no se haya constituido en coadyuvante, podrá impugnar entre otras, la negativa de orden de aprehensión. Sobre ese cuadro normativo, se estima que los ahora peticionarios del amparo en cuanto víctimas del delito de secuestro exprés que aduce se configura, estaban legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de la determinación por la cual el juez de origen, decidió negar la orden de aprehensión al imputado **********. Ello, en virtud de que la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato les otorga la posibilidad de interponer ese medio de impugnación, tal como lo prevé el numeral 466, fracción V de la citada ley. En este orden de ideas, puede afirmarse que la víctima u ofendido, por sí o mediante su representante, puede interponer el recurso de apelación contra la determinación que decide la orden de aprehensión. Empero, la circunstancia antes referida no significa que los ofendidos puedan prescindir de los medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de amparo. Por lo que, si el juzgador de primera instancia determinó no imponer orden de aprehensión, ello puede traducirse en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, con independencia de que también lo haga el Ministerio Público, pues cada uno está legitimado para ese efecto y las obligaciones constitucionales conferidas a la representación social, no excluyen las prerrogativas y derechos conferidos a la víctima u ofendido, quien, en consecuencia, también debe agotar los medios de defensa con que cuente. Es decir, la autoridad ministerial representa los intereses del ofendido; empero, esa representación no significa que aquél esté liberado de sus obligaciones procesales, pues como ya se dijo las víctimas del delito tienen la posibilidad de interponer el recurso de apelación. De donde se desprende que si el Ministerio Público apela, lo hace como parte de su obligación constitucional y para salvaguardar los derechos de los ofendidos, pero sin que ello signifique que al interponer el recurso de apelación, lo haya hecho a su nombre, ya que, se insiste, éstos tienen expedito su derecho conforme a la legislación adjetiva. Lo cual se reafirma al tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 428 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que estatuye: "Artículo 428. El Ministerio Público podrá impugnar aquellas decisiones contrarias a su función como titular de la persecución penal pública y al interés de la justicia." Así, si en el caso sólo los Agentes del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, y al dictarse la resolución de alzada no se modificó lo resuelto en cuanto a la negativa de la orden de aprehensión, debe concluirse que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque ese acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye una manifestación de voluntad en ese sentido, que no es subsanable por el hecho de que la determinación de primera instancia haya sido apelada por el Ministerio Público. En ese orden, si las víctimas del delito no interpusieron el medio de defensa que tenían a su alcance para modificar o revocar la determinación de primera instancia que les causaba agravio, debe estimarse que la consintieron; por lo que el juicio de amparo hecho valer en contra de lo resuelto en la apelación que interpusieron los Agentes del Ministerio Público, es improcedente, ya que ese acto deriva del diverso que consintieron al no haberlo impugnado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel de Anda Covarrubias, en virtud de que obra la cédula profesional 2375850 registrada a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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