Emma Solorio Pizano

Expediente 1407/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1407/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
15/12/2016

Partes del expediente

  • Emma Solorio Pizano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Colima, Colima, quince de diciembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que, fue negada la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de destrucción, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con la Secretaria Berónica Farías Contreraz quien da fe. NVT

  2. Principal

    Colima, Colima, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad responsable las constancias allegadas al juicio de garantías; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido de la Secretaria Berónica Farías Contreraz, que autoriza y da fe. NVT

  3. Principal

    Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Colima, EMMA SOLORIO PIZANO, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. (Fojas 5 a 21 de autos). Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se acordó su recepción, se registró con el número 1350/2016-I-GIS, y se ordenó la separación de autos, dado que los diversos actos impugnados por la quejosa, derivaban de distinto juicio de origen (fojas 30 a 34 ídem). II. Sustanciación. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de garantías, misma que fue radicada con el número de expediente 1407/2016-I; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción -quien no formuló pedimento-; se tuvo como tercero interesado a Sergio Lázaro Chávez; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo(s) diferimiento(s)- se celebró a las once horas con veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. (hojas 35 a 38, 83 ídem) Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que se reclama una orden de embargo dictada en el juicio mercantil ejecutivo de origen; su ejecución sobre un bien inmueble de la quejosa, su inscripción ante la autoridad registral, así como el remate del mismo; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuyos efectos legales se concretizaron dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda, ampliación y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD(ES) ORDENADORA(S): Del Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima: La orden de embargo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M. El embargo del inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima; así como el remate del mismo. Del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima: La anotación del embargo en el folio real 201060, relativo al citado inmueble. Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, reconoció la certeza de los actos que se le reclaman; sin embargo, en torno al específico acto destacado consistente en el remate del bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, éste debe considerarse inexistente. Lo anterior, dado que del propio informe justificado rendido, el juez natural manifestó que la última actuación llevada a cabo en el juicio de origen, es la relativa al auto de doce de agosto de dos mil dieciséis, en la que causó ejecutoria la sentencia que resolvió el fondo de la litis planteada, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 15-0054-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, remitidas por dicha autoridad; documentos que al ser elaborados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, de la que se aprecia que no existen actuaciones posteriores al mencionado acuerdo. En consecuencia, aun cuando el juez del asunto señaló de manera genérica que es cierto el acto que se reclama; ante la aclaración efectuada en el propio oficio y lo obtenido de las documentales descritas, lo procedente es tener por inexistente el mencionado acto que le es atribuido. Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio en relación con el acto reclamado consistente en el remate del bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima. Certeza de los actos reclamados. Con excepción del acto impugnado consistente en el remate del bien inmueble controvertido; son ciertos el resto de los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo aceptaron al rendir su informe con justificación; de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se justifica con las copias certificadas del expediente del juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, remitidas por dicha autoridad, las que se itera, merecen pleno valor probatorio, de las que se desprende la existencia material de los actos combatidos. Análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien esto juzga, de manera oficiosa advierte que en el caso del acto reclamado consistente en la orden de embargo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que no se afecta el interés jurídico de la impetrante de amparo. Dicho precepto legal es del texto siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten sus intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." El interés jurídico a que alude la fracción invocada, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para promover el juicio de garantías; por ello, se debe acreditar en forma fehaciente cuando acude a instar la protección de la Justicia Federal, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la instancia constitucional resulta improcedente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 294 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo o a la persona moral de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución de los actos que estima ilegales, por lo cual se entiende por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular. De lo anterior se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de garantías, implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Asimismo, cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 16/1994 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente señala: "Artículo. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del precepto transcrito se infiere con claridad, que uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos o legítimos en relación a derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean personales o patrimoniales. Por ello, sólo tiene interés aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En efecto, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, sobre la base de que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Consecuentemente, el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo puede surtirse en la medida que se pruebe que el acto de autoridad reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones legalmente salvaguardados. Esto es, el juicio de amparo tiene que ser accionado por el titular de los derechos sobre los cuales se haya causado una violación a los derechos fundamentales; esto, vinculado con el principio de agravio personal y directo, que consiste en que esa posibilidad de accionar el movimiento del órgano jurisdiccional, únicamente podrá seguirse por aquel gobernado que considera que con el acto de autoridad o con una ley se le ha causado una ofensa o perjuicio a alguno de los derechos subjetivos de los cuales es titular, dentro de las hipótesis previstas por la Constitución. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones; conforme a lo anterior, la improcedencia del juicio deriva de la falta de afectación al interés jurídico de la parte quejosa. En el caso, el acto impugnado en sede constitucional, consiste, primeramente, en la orden de embargo dictada en el juicio mercantil ejecutivo de origen 15-0054-120M. Al efecto, de las constancias certificadas del juicio natural, remitidas por el juez responsable, se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente 1.- Fue promovido por Luis Manuel Martínez Puente, como endosatario en procuración de Sergio Lázaro Chávez, contra JOSE ANTONIO DECENA SOLORIO, en ejercicio de la acción cambiaria directa (fojas 1 y 2 del cuaderno de pruebas). 2.- El dieciséis de enero de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 15-0054-120M, ante el Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima; se ordenó emplazar al demandado, y se emitió orden de requerimiento de pago y embargo, a través de exhorto dirigido al juez competente de la ciudad de Colima (foja 3 ídem). 3.- El nueve de junio de dos mil quince, la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, llevó a cabo el emplazamiento del demandado, lo requirió de pago y ante la manifestación de que no tenia para pagar, procedió a realizar el embargo autorizado, para lo cual, ante la negativa del demandado a señalar bienes, la actora señaló para tal efecto la finca ubicada en la calle Los Regalados número 129 de Colima, Colima, inscrita en el folio real 21060-I (foja 51 ídem). 4.- Posteriormente, siguió el juicio en sus etapas y el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones, la que causó ejecutoria el doce de agosto del actual (fojas 95 a 107 y 111 ídem). De lo narrado se aprecia que el juez responsable ordenó el embargo de bienes del demandado en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M; procedimiento en el que la quejosa Emma Solorio Pizano, no es parte. No obstante, la quejosa acudió a solicitar el amparo y protección de la justicia Federal, aduciendo que los actos impugnados trasgreden sus garantías constitucionales, en virtud de que el inmueble embargado ubicado en la calle Los Regalados número 129 de Colima, Colima, inscrito en el folio real 21060-I, es de su exclusiva propiedad. Pues bien, al respecto, debe decirse que dada la naturaleza del juicio de origen, mercantil ejecutivo, se tiene que la acción intentada en el mismo, es de naturaleza personal y no real, de manera que no existe vínculo entre la acción ejercitada y el bien inmueble materia del embargo; máxime que la orden de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo no se encuentra dirigida a la aquí quejosa, sino al demandado JOSE ANTONIO DECENA SOLORIO. Por tanto, si la orden de embargo proviene de un asunto en el que se ventila una acción derivada de un crédito personal, en el que la aquí quejosa no es parte, es inconcuso que tal actuación no afecta su interés jurídico, ya que es la ejecución de dicha orden, consistente en el embargo mismo, la que en todo caso, le depararía afectación, en virtud de que fue llevado a cabo sobre un bien inmueble del que se ostenta propietaria. Consecuentemente, se determina que, en el presente caso, la impetrante de amparo no acreditó la afectación que el acto reclamado consistente en la orden de embargo, hizo en su mundo fáctico, por ende, carece de interés jurídico para promover la presente instancia constitucional, pues éste representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, sobre la base de que si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de tesis trecientos veintiuno, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos dieciséis del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio, en relación con el acto consistente en la orden de embargo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M. Por otro lado, en cuanto al acto reclamado consistente en el embargo del inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, llevado a cabo el nueve de junio de dos mil quince, por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, se advierte de oficio, que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Los citados numerales y fracciones disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [.] "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del análisis de los preceptos invocados se desprende la actualización de la improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, quien llevó a cabo el embargo sobre el bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, derivado del juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M (foja 51 del cuaderno de pruebas). Esto es así, pues en tal supuesto el órgano constitucional no puede examinar la constitucionalidad de un acto que emana de una autoridad que no fue llamada a juicio, a quien en su momento le corresponde defender el acto como autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 30. J/44, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y siete, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 213345, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". En efecto, toda vez que dicha autoridad Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, no fue señalada como responsable en la demanda de garantías que originó este juicio constitucional, tal circunstancia por sí misma, actualiza la causa de improcedencia referida, puesto que es requisito indispensable que el quejoso señale la autoridad que realizó el acto reclamado a efecto de analizar la constitucionalidad de este, lo cual no aconteció. Lo que se afirma, pues mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista personal a la impetrante de garantías, para que expresara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, sin que la parte quejosa hubiese ampliado su demanda en torno a aquélla autoridad (foja 79 de autos). En consecuencia, demostrada plenamente la causal de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que hace al acto consistente en el embargo del bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, derivado del juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de los precitados actos reclamados, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar el examen de los conceptos de violación expresados; tal como lo establece la jurisprudencia número 509, publicada a fojas 335, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Consideración que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclama del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, consistentes en la anotación del embargo en el folio real 201060, relativo al citado inmueble, al combatirse por vía de consecuencia y no por vicios propios. Tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por EMMA SOLORIO PIZANO, por propio derecho, en relación con los actos en relación con los actos y autoridades indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados.", por las razones contenidas en los apartados denominados: "Inexistencia de los actos reclamados" y "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Espiry Javier Correa Guízar, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/EJCG/

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO DE LA SENTENCIA DE VEINTIDÓS DE NOVIEMRBE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Colima, EMMA SOLORIO PIZANO, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. (Fojas 5 a 21 de autos). Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se acordó su recepción, se registró con el número 1350/2016-I-GIS, y se ordenó la separación de autos, dado que los diversos actos impugnados por la quejosa, derivaban de distinto juicio de origen (fojas 30 a 34 ídem). II. Sustanciación. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de garantías, misma que fue radicada con el número de expediente 1407/2016-I; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción -quien no formuló pedimento-; se tuvo como tercero interesado a Sergio Lázaro Chávez; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo(s) diferimiento(s)- se celebró a las once horas con veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. (hojas 35 a 38, 83 ídem) Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que se reclama una orden de embargo dictada en el juicio mercantil ejecutivo de origen; su ejecución sobre un bien inmueble de la quejosa, su inscripción ante la autoridad registral, así como el remate del mismo; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuyos efectos legales se concretizaron dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda, ampliación y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD(ES) ORDENADORA(S): Del Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima: La orden de embargo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M. El embargo del inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima; así como el remate del mismo. Del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima: La anotación del embargo en el folio real 201060, relativo al citado inmueble. Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, reconoció la certeza de los actos que se le reclaman; sin embargo, en torno al específico acto destacado consistente en el remate del bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, éste debe considerarse inexistente. Lo anterior, dado que del propio informe justificado rendido, el juez natural manifestó que la última actuación llevada a cabo en el juicio de origen, es la relativa al auto de doce de agosto de dos mil dieciséis, en la que causó ejecutoria la sentencia que resolvió el fondo de la litis planteada, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 15-0054-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, remitidas por dicha autoridad; documentos que al ser elaborados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, de la que se aprecia que no existen actuaciones posteriores al mencionado acuerdo. En consecuencia, aun cuando el juez del asunto señaló de manera genérica que es cierto el acto que se reclama; ante la aclaración efectuada en el propio oficio y lo obtenido de las documentales descritas, lo procedente es tener por inexistente el mencionado acto que le es atribuido. Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio en relación con el acto reclamado consistente en el remate del bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima. Certeza de los actos reclamados. Con excepción del acto impugnado consistente en el remate del bien inmueble controvertido; son ciertos el resto de los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo aceptaron al rendir su informe con justificación; de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se justifica con las copias certificadas del expediente del juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, remitidas por dicha autoridad, las que se itera, merecen pleno valor probatorio, de las que se desprende la existencia material de los actos combatidos. Análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien esto juzga, de manera oficiosa advierte que en el caso del acto reclamado consistente en la orden de embargo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que no se afecta el interés jurídico de la impetrante de amparo. Dicho precepto legal es del texto siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten sus intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." El interés jurídico a que alude la fracción invocada, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para promover el juicio de garantías; por ello, se debe acreditar en forma fehaciente cuando acude a instar la protección de la Justicia Federal, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la instancia constitucional resulta improcedente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 294 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo o a la persona moral de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución de los actos que estima ilegales, por lo cual se entiende por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular. De lo anterior se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de garantías, implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Asimismo, cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 16/1994 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente señala: "Artículo. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del precepto transcrito se infiere con claridad, que uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos o legítimos en relación a derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean personales o patrimoniales. Por ello, sólo tiene interés aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En efecto, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, sobre la base de que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Consecuentemente, el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo puede surtirse en la medida que se pruebe que el acto de autoridad reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones legalmente salvaguardados. Esto es, el juicio de amparo tiene que ser accionado por el titular de los derechos sobre los cuales se haya causado una violación a los derechos fundamentales; esto, vinculado con el principio de agravio personal y directo, que consiste en que esa posibilidad de accionar el movimiento del órgano jurisdiccional, únicamente podrá seguirse por aquel gobernado que considera que con el acto de autoridad o con una ley se le ha causado una ofensa o perjuicio a alguno de los derechos subjetivos de los cuales es titular, dentro de las hipótesis previstas por la Constitución. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones; conforme a lo anterior, la improcedencia del juicio deriva de la falta de afectación al interés jurídico de la parte quejosa. En el caso, el acto impugnado en sede constitucional, consiste, primeramente, en la orden de embargo dictada en el juicio mercantil ejecutivo de origen 15-0054-120M. Al efecto, de las constancias certificadas del juicio natural, remitidas por el juez responsable, se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente 1.- Fue promovido por Luis Manuel Martínez Puente, como endosatario en procuración de Sergio Lázaro Chávez, contra JOSE ANTONIO DECENA SOLORIO, en ejercicio de la acción cambiaria directa (fojas 1 y 2 del cuaderno de pruebas). 2.- El dieciséis de enero de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 15-0054-120M, ante el Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima; se ordenó emplazar al demandado, y se emitió orden de requerimiento de pago y embargo, a través de exhorto dirigido al juez competente de la ciudad de Colima (foja 3 ídem). 3.- El nueve de junio de dos mil quince, la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, llevó a cabo el emplazamiento del demandado, lo requirió de pago y ante la manifestación de que no tenia para pagar, procedió a realizar el embargo autorizado, para lo cual, ante la negativa del demandado a señalar bienes, la actora señaló para tal efecto la finca ubicada en la calle Los Regalados número 129 de Colima, Colima, inscrita en el folio real 21060-I (foja 51 ídem). 4.- Posteriormente, siguió el juicio en sus etapas y el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones, la que causó ejecutoria el doce de agosto del actual (fojas 95 a 107 y 111 ídem). De lo narrado se aprecia que el juez responsable ordenó el embargo de bienes del demandado en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M; procedimiento en el que la quejosa Emma Solorio Pizano, no es parte. No obstante, la quejosa acudió a solicitar el amparo y protección de la justicia Federal, aduciendo que los actos impugnados trasgreden sus garantías constitucionales, en virtud de que el inmueble embargado ubicado en la calle Los Regalados número 129 de Colima, Colima, inscrito en el folio real 21060-I, es de su exclusiva propiedad. Pues bien, al respecto, debe decirse que dada la naturaleza del juicio de origen, mercantil ejecutivo, se tiene que la acción intentada en el mismo, es de naturaleza personal y no real, de manera que no existe vínculo entre la acción ejercitada y el bien inmueble materia del embargo; máxime que la orden de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo no se encuentra dirigida a la aquí quejosa, sino al demandado JOSE ANTONIO DECENA SOLORIO. Por tanto, si la orden de embargo proviene de un asunto en el que se ventila una acción derivada de un crédito personal, en el que la aquí quejosa no es parte, es inconcuso que tal actuación no afecta su interés jurídico, ya que es la ejecución de dicha orden, consistente en el embargo mismo, la que en todo caso, le depararía afectación, en virtud de que fue llevado a cabo sobre un bien inmueble del que se ostenta propietaria. Consecuentemente, se determina que, en el presente caso, la impetrante de amparo no acreditó la afectación que el acto reclamado consistente en la orden de embargo, hizo en su mundo fáctico, por ende, carece de interés jurídico para promover la presente instancia constitucional, pues éste representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, sobre la base de que si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de tesis trecientos veintiuno, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos dieciséis del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio, en relación con el acto consistente en la orden de embargo de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada en el juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M. Por otro lado, en cuanto al acto reclamado consistente en el embargo del inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, llevado a cabo el nueve de junio de dos mil quince, por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, se advierte de oficio, que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Los citados numerales y fracciones disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [.] "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del análisis de los preceptos invocados se desprende la actualización de la improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, quien llevó a cabo el embargo sobre el bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, derivado del juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M (foja 51 del cuaderno de pruebas). Esto es así, pues en tal supuesto el órgano constitucional no puede examinar la constitucionalidad de un acto que emana de una autoridad que no fue llamada a juicio, a quien en su momento le corresponde defender el acto como autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 30. J/44, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y siete, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 213345, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". En efecto, toda vez que dicha autoridad Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, no fue señalada como responsable en la demanda de garantías que originó este juicio constitucional, tal circunstancia por sí misma, actualiza la causa de improcedencia referida, puesto que es requisito indispensable que el quejoso señale la autoridad que realizó el acto reclamado a efecto de analizar la constitucionalidad de este, lo cual no aconteció. Lo que se afirma, pues mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista personal a la impetrante de garantías, para que expresara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil de Colima, sin que la parte quejosa hubiese ampliado su demanda en torno a aquélla autoridad (foja 79 de autos). En consecuencia, demostrada plenamente la causal de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que hace al acto consistente en el embargo del bien inmueble ubicado en calle Los Regalado número 129, zona centro de Colima, Colima, derivado del juicio mercantil ejecutivo 15-0054-120M. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de los precitados actos reclamados, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar el examen de los conceptos de violación expresados; tal como lo establece la jurisprudencia número 509, publicada a fojas 335, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Consideración que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclama del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, consistentes en la anotación del embargo en el folio real 201060, relativo al citado inmueble, al combatirse por vía de consecuencia y no por vicios propios. Tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por EMMA SOLORIO PIZANO, por propio derecho, en relación con los actos en relación con los actos y autoridades indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados.", por las razones contenidas en los apartados denominados: "Inexistencia de los actos reclamados" y "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Espiry Javier Correa Guízar, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/EJCG/

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