Emma Rodriguez Fuentes
Expediente 254/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 36 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Emma Rodriguez Fuentes
- EMMA RODRIGUEZ FUENTES y Otros.
- Emma Virginia Romero Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
México, Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintiuno. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez XXXXXXXXXX, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez XXXXXXXXXX , a partir del dieciséis de dicho mes y año. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, el treinta de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la cual por una parte se sobreseyó en el presente asunto y, por otra, se concedió el amparo a la quejosa XXXXXXXXXX , por propio derecho y en representación de su menor hija E.V.R.R. 1. Inconforme con la determinación anterior, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente XXXXXXXXXX, modificó la concesión de amparo, dado que el sobreseimiento decretado no fue impugnado. Dicha concesión la otorgó para los siguientes efectos: 1 El nombre y características de la menor se reserva en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", que dice: "8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". "(.) 1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, 2. En su lugar emita otra, en la que ordene al juez de origen reponer el procedimiento, a efecto de que: 2.1 Se escuche a la menor de edad, acreedora alimentaria y en estricto apego a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2.2 Recabe de oficio pruebas para conocer la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades de la acreedora alimentaria. 2.3 Una vez que hayan sido desahogados los elementos de convicción correspondientes, se resuelva conforme a derecho el incidente de incremento de pensión alimenticia. Finalmente, deben desestimarse los argumentos tendentes a destacar la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los efectos del amparo otorgado a la quejosa implican que la autoridad responsable se allegue de diversas pruebas y, conforme a ellas, emita una nueva resolución, por lo que se torna ocioso el análisis de los agravios relativos a evidenciar el fondo del asunto. (.)" Por tanto, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo. En respuesta de ello, mediante oficios recibidos el veintiuno de noviembre y uno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (foja 295 y 302), la Sala responsable informó que había dejado sin efectos la sentencia reclamada y dictó otra en la que ordenó reponer procedimiento a efecto de que el Juez responsable recabara pruebas, y para acreditarlo, remitió copia del auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y de la resolución de veintinueve del mismo mes y año (fojas 296 y 303 a 309), de las que se advierte lo siguiente: Que dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca XXXXXXXXXX. En su lugar, emitió otra en la que ordenó reponer el procedimiento para que el Juez responsable escuchara a la menor de edad, acreedora alimentaria y en estricto apego a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como que recabara de oficio pruebas para conocer la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades de la acreedora alimentaria. Posteriormente, por oficio recibido en este juzgado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, el juez responsable remitió copia certificada del auto de diecinueve de enero del mismo año (fojas 350 a 354), de la que se advierte que ordenó la escucha de la menor y girar oficio a: - Servicio de Administración Tributaria, a efecto que informara si el tercero interesado presentaba declaración y, en caso afirmativo, remitiera las de los últimos cinco años; - Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, para que señalara si dicho tercero tenía propiedades, y; - Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que manifestara si el deudor alimentario tenía cuentas. Luego, por oficio recibido el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable remitió copias certificadas de la audiencia por la que se llevó a cabo la plática con la menor quejosa, diligencia en la que se ordenó girar oficio a la Unidad de Trabajo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se llevara a cabo un estudio socioeconómico a las partes; de igual forma, remitió la información que proporcionaron las dependencias aludidas en párrafos que anteceden (fojas 357 a 380). Después, mediante oficio recibido el siete de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de dos del mismo mes y año (fojas451 a 460), de la que se advierte lo siguiente: Analizó las constancias del procedimiento de origen, así como las pruebas recabadas de manera oficiosa por el juez responsable, entre las que destacan, la audiencia por la que se llevó a cabo la plática con la menor de edad, acreedora alimentaria los informes rendidos por el Servicio de Administración Tributaria Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el estudio socioeconómico realizados a los progenitores de la menor quejosa, y, con plenitud de jurisdicción, determinó que no se acreditaba el cambio de circunstancias desde la fecha en que se decretó la pensión alimenticia provisional; por lo que, absolvió al demandado incidentista de las prestaciones reclamadas en el incidente de incremento de pensión alimenticia. Con lo anterior, en auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la parte quejosa con para que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que la Sala responsable dejó sin efectos la sentencia reclamada y ordenó reponer el procedimiento para recabar pruebas; por su parte, el Juez natural escuchó a la menor quejosa, recabó diversos medios de convicción y, una vez que se allegó de tales pruebas, dictó una nueva resolución en el incidente de incremento de pensión alimenticia de origen. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que la Sala responsable: - Dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca XXXXXXXXXX. - En su lugar, emitió otra en la que ordenó reponer el procedimiento para que el Juez responsable escuchara a la menor de edad, acreedora alimentaria y en estricto apego a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como que recabara de oficio pruebas para conocer la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades de la acreedora alimentaria. Por su parte, el Juez de origen. - Escuchó a la menor quejosa. - Ordenó del desahogo de diversas pruebas, tales como informes de las dependencias Servicio de Administración Tributaria Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. - Ordenó el estudio socioeconómico a los progenitores de la menor quejosa. - Con plenitud de jurisdicción, determinó que no se acreditaba el cambio de circunstancias desde la fecha en que se decretó la pensión alimenticia provisional; por lo que, absolvió al demandado incidentista de las prestaciones reclamadas en el incidente de incremento de pensión alimenticia. No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es destruible, ya que le fueron negadas la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Octavo, artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado.
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 01/12/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "México, Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintiuno. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez XXXXXXXXXX, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez XXXXXXXXXX , a partir del dieciséis de dicho mes y año. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, el treinta de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la cual por una parte se sobreseyó en el presente asunto y, por otra, se concedió el amparo a la quejosa XXXXXXXXXX , por propio derecho y en representación de su menor hija E.V.R.R. 1. Inconforme con la determinación anterior, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente XXXXXXXXXX, modificó la concesión de amparo, dado que el sobreseimiento decretado no fue impugnado. Dicha concesión la otorgó para los siguientes efectos: 1 El nombre y características de la menor se reserva en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", que dice: "8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". "(.) 1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, 2. En su lugar emita otra, en la que ordene al juez de origen reponer el procedimiento, a efecto de que: 2.1 Se escuche a la menor de edad, acreedora alimentaria y en estricto apego a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2.2 Recabe de oficio pruebas para conocer la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades de la acreedora alimentaria. 2.3 Una vez que hayan sido desahogados los elementos de convicción correspondientes, se resuelva conforme a derecho el incidente de incremento de pensión alimenticia. Finalmente, deben desestimarse los argumentos tendentes a destacar la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los efectos del amparo otorgado a la quejosa implican que la autoridad responsable se allegue de diversas pruebas y, conforme a ellas, emita una nueva resolución, por lo que se torna ocioso el análisis de los agravios relativos a evidenciar el fondo del asunto. (.)" Por tanto, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo. En respuesta de ello, mediante oficios recibidos el veintiuno de noviembre y uno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (foja 295 y 302), la Sala responsable informó que había dejado sin efectos la sentencia reclamada y dictó otra en la que ordenó reponer procedimiento a efecto de que el Juez responsable recabara pruebas, y para acreditarlo, remitió copia del auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y de la resolución de veintinueve del mismo mes y año (fojas 296 y 303 a 309), de las que se advierte lo siguiente: Que dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca XXXXXXXXXX. En su lugar, emitió otra en la que ordenó reponer el procedimiento para que el Juez responsable escuchara a la menor de edad, acreedora alimentaria y en estricto apego a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como que recabara de oficio pruebas para conocer la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades de la acreedora alimentaria. Posteriormente, por oficio recibido en este juzgado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, el juez responsable remitió copia certificada del auto de diecinueve de enero del mismo año (fojas 350 a 354), de la que se advierte que ordenó la escucha de la menor y girar oficio a: - Servicio de Administración Tributaria, a efecto que informara si el tercero interesado presentaba declaración y, en caso afirmativo, remitiera las de los últimos cinco años; - Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, para que señalara si dicho tercero tenía propiedades, y; - Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que manifestara si el deudor alimentario tenía cuentas. Luego, por oficio recibido el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable remitió copias certificadas de la audiencia por la que se llevó a cabo la plática con la menor quejosa, diligencia en la que se ordenó girar oficio a la Unidad de Trabajo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se llevara a cabo un estudio socioeconómico a las partes; de igual forma, remitió la información que proporcionaron las dependencias aludidas en párrafos que anteceden (fojas 357 a 380). Después, mediante oficio recibido el siete de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de dos del mismo mes y año (fojas451 a 460), de la que se advierte lo siguiente: Analizó las constancias del procedimiento de origen, así como las pruebas recabadas de manera oficiosa por el juez responsable, entre las que destacan, la audiencia por la que se llevó a cabo la plática con la menor de edad, acreedora alimentaria los informes rendidos por el Servicio de Administración Tributaria Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el estudio socioeconómico realizados a los progenitores de la menor quejosa, y, con plenitud de jurisdicción, determinó que no se acreditaba el cambio de circunstancias desde la fecha en que se decretó la pensión alimenticia provisional; por lo que, absolvió al demandado incidentista de las prestaciones reclamadas en el incidente de incremento de pensión alimenticia. Con lo anterior, en auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la parte quejosa con para que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que la Sala responsable dejó sin efectos la sentencia reclamada y ordenó reponer el procedimiento para recabar pruebas; por su parte, el Juez natural escuchó a la menor quejosa, recabó diversos medios de convicción y, una vez que se allegó de tales pruebas, dictó una nueva resolución en el incidente de incremento de pensión alimenticia de origen. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que la Sala responsable: - Dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca XXXXXXXXXX. - En su lugar, emitió otra en la que ordenó reponer el procedimiento para que el Juez responsable escuchara a la menor de edad, acreedora alimentaria y en estricto apego a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como que recabara de oficio pruebas para conocer la posibilidad del deudor alimentista y las necesidades de la acreedora alimentaria. Por su parte, el Juez de origen. - Escuchó a la menor quejosa. - Ordenó del desahogo de diversas pruebas, tales como informes de las dependencias Servicio de Administración Tributaria Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. - Ordenó el estudio socioeconómico a los progenitores de la menor quejosa. - Con plenitud de jurisdicción, determinó que no se acreditaba el cambio de circunstancias desde la fecha en que se decretó la pensión alimenticia provisional; por lo que, absolvió al demandado incidentista de las prestaciones reclamadas en el incidente de incremento de pensión alimenticia. No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es destruible, ya que le fueron negadas la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Octavo, artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado."
- Principal
Visto el ocurso del tercero interesado, como lo solicita, expídase a su costa las copias simples que refiere. NOTIFÍQUESE por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio del Juzgado responsable, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones dese vista en forma personal para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
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