Emma Patricia Vázquez Arciniega

Expediente 979/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
979/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Emma Patricia Vázquez Arciniega
  • María del Refugio Lugo Licerio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de septiembre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Gerardo Covarrubias Huizar, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le devuelvan las documentales anexadas a su escrito inicial de demanda. Devolución de documentos originales. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, como lo solicita el promovente, hágasele la devolución de dichos documentos, previa copia certificada se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia. Autorizados. Se autoriza para recibir los documentos en mención a Juan José Maciel Aguirre y/o Víctor Gerardo Barroso Gallegos y/o Edgar de JesúsCovarrubias Marín, por así solicitarlo el promovente en su escrito de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado firmeza para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Maura Verónica Reyes Seáñez, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Emma Patricia Vázquez Arciniega, Bertha Hurtado Gallardo, Yolanda Flores Leal, Sandra Xochitl Rodríguez Romero, Margarito Rodríguez Solís, Ma Guadalupe Barraza Araiza, María Del Refugio Lugo Licerio, Ma. Fortina Lugo Licerio, Graciela De Santiago Gómez, Ma. Josefina Banda Meléndez, Óscar Alvarado Medina, María Concepción Lourdes De Los Santos Gaytán, María Elena Mejía Hernández, Yolanda Guadalupe Barraza Ortíz, José Ismael Jiménez Meza, Micaela Macías Hernández, María Guadalupe Morales Ramírez, Carmen Verónica Aguirre Lozano, Jesús Carlos Bañuelos Alamillo, Rosa Luz Aguirre Lozano, Blanca Araceli Tremillo González, Ludivina De La Paz Rodríguez Mendiola, Rosa Elena Gallegos Vizcarra, Mara Santa Collazo Martínez, Consuelo Susana Collazo Martínez, Roberto Mena Rodríguez, Alejandra Ramírez De La Cruz, Manuel De Jesús López Torres, Esteban García Estevané, María Elena Palacios Rivera, Heriberto Arreola Juárez, María De La Luz Espino Astorga, María Del Rosario Espino Astorga, Martha Ramírez De La Cruz, Israel Salomón Hernández, Catalina Luis Mendoza, Daniel Humberto Fernández Che, Esperanza Guzmán Gamboa, Fernando De La Cerda Ramírez, Martha Orozco Contreras, Armando Medina Romero, Rosa Araceli Franco Mejía, Juan Gilberto Landeros Sánchez, Hugo Gerardo Orozco Pérez, Francisco Rodríguez Ramírez, María De Jesús Quiroz Aguirre, Ramón García Hernández, María Concepción Martínez Ibarra, Víctoria Domínguez López, y Olga América Salas Rodríguez, a través de su apoderado jurídico Gerardo Covarrubias Huizar, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, quien por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, returnó la misma a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se aceptó el returno, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 979/2022-VI, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido el trámite y previas suspensiones por la contingencia sanitaria, se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de señalar fecha para resolver incidente de liquidación de laudo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada pues al momento de la presentación de la demanda, existía la misma. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo"; Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998 página 241, registro digital 196442, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este orden de ideas, la parte quejosa reclamó en el juicio de amparo la omisión de señalar fecha de audiencia para resolver el incidente de liquidación de laudo y de notificarla, en el juicio laboral 1216/2017 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión acudiendo a esta instancia constitucional; sin embargo, del informe con justificación y de las documentales exhibidas en apoyo a éste, se desprende que los integrantes de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, emitieron acuerdo el seis de julio de dos mil veintidós, en el que determinaron que una vez que se tenga certeza jurídica de las investigaciones que practicará la Fiscalía General de la República en diversas carpetas de investigación, dicho Tribunal laboral acordará lo procedente sobre la petición de señalar audiencia y dictar resolución al incidente de liquidación de laudo; por lo que, negó acordar favorable la solicitud de la parte aquí quejosa. En consecuencia, es evidente que aun cuando la autoridad responsable no emitió acuerdo favorable a la pretensión de la parte aquí quejosa, es, decir, aun cuando subsiste la omisión reclamada, ya fue modificado el entorno dentro del cual se suscitó porque la autoridad laboral dictó acuerdo en el que determinó no resolver lo relativo al incidente de liquidación de laudo en el juicio de origen, hasta en tanto tenga noticia de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la Republica sobre posible desvió de recursos oficiales del Instituto demandado aquí tercero interesado, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional -la omisión de resolver el incidente de liquidación y su notificación-, no sería posible resolver sobre esto, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la suspensión del procedimiento de ejecución en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, es inconcuso que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, por tanto, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 1508/2018, y comunica el proveído de diecinueve de julio del presente año dictado dentro del amparo en revisión administrativo 134/2022. Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, en el ámbito de su respectiva competencia, cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano