Emma Millán Miranda

Expediente 764/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
764/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Emma Millán Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se negó la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, de esta ciudad, remitió copias certificadas del duplicado del juicio especial de alimentos 905-1/1997, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 764/2019; y su acumulado 765/2019. RESULTANDO PRIMERO... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Emma Millán Miranda y Jesús Francisco García Millán, contra el acto y autoridades precisados en los considerandos primero y tercero. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 764/2019; y su acumulado 765/2019. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de agosto del año en curso, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno al día siguiente a este Juzgado Octavo, Emma Millán Miranda, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Ambos en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: .La orden de cancelación del descuento, por concepto de pensión alimenticia, en el expediente número 905-1/1997 seguido por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el juicio Especial de alimentos promovido por Emma Millán Miranda en contra de Jesús Francisco García Muñoz." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo 764/2019. Previa prevención, por acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 764/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior al tercero interesado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Presentación de la demanda en el juicio de amparo 765/2019. Por escrito presentado el siete de agosto del año en curso, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno al día siguiente a este Juzgado Octavo, Jesús Francisco García Millán, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Ambos en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La orden de cancelación del descuento, por concepto de pensión alimenticia, en el expediente número 905-1/1997 seguido por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el juicio Especial de alimentos promovido por Emma Millán Miranda en contra de Jesús Francisco García Muñoz.". CUARTO. Tramite del juicio de amparo 765/2019. Previa prevención, por acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 765/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior al tercero interesado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de tres de septiembre de la presente anualidad, se determinó oficiosamente la acumulación al diverso expediente 764/2019, por ser el más antiguo; asimismo, se dejó sin efectos la audiencia constitucional y en su lugar se dejó subsistente la fecha señalada en el expediente antes referido, para que en una misma audiencia constitucional fueran resueltos dichos expedientes, lo que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada dentro de juicio, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación, emitida por un juzgado de lo familiar con sede en el ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual a lo solicitado por el ahora tercero interesado/parte demandada en el juicio natural, el juez responsable giró oficio ordenando a la fuente de trabajo la cancelación de la pensión alimenticia otorgada a su favor, ello en acato a lo resuelto en sentencia de cuatro de junio pasado; y su cumplimiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Distrito Judicial de Tabares y al Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con sede en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su respectivo informe justificado. Certeza que se corrobora de las actuaciones que derivan del duplicado del juicio especial de alimentos 905-1/1997, remitido por la autoridad citada en primer término y del comprobante de pago exhibido por la segunda de las responsables, las cuales dada su naturaleza, se les concede valor probatorio pleno en término de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Antes del estudio de fondo del asunto, procede analizar si contra los actos cuya existencia ha quedado determinada, se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida, ya que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en representación del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, del citado Instituto, señaló que la ejecución del acuerdo reclamado se trata de un acto consumado. Se estima infundada dicha causa de improcedencia al estar estrechamente relacionada con el fondo del asunto, dado que la materia de litis constitucional la constituye un acuerdo que ordena, en cumplimiento a la sentencia definitiva, girar oficio a fin de que se cancele la pensión alimenticia otorgada a los quejosos, sin que aquella hubiese causado ejecutoria. Cobra aplicación la jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, página 5, cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. SEXTO. Estudio de fondo. Al no haber diversa causa de improcedencia que analizar; procede estudiar el fondo materia del presente asunto; antes, se citan los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que derivan de las actuaciones relativas al juicio de alimentos 905-1/1997, promovido por la parte quejosa en contra de Jesús Francisco García Muñoz, cuya valor probatorio quedó precisado en el considerando tercero de esta resolución. I. Antecedentes a. Por escrito de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la parte quejosa demandó de Jesús Francisco García Muñoz, el pago de alimentos. b. En auto de tres de octubre siguiente, se admitió a trámite dicha demanda; la cual por cuestión de turno, su conocimiento correspondió al juez responsable, quien la radicó bajo el número 905-1/1997 y fijó por concepto de pensión alimenticia el treinta por ciento del total de los ingresos del demandado; para su cumplimiento. c. Seguido en sus trámites, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos; y, el cuatro de junio siguiente, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió lo siguiente: "Se deja sin efectos la pensión alimenticia provisional decretada en auto de radicación de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y siete; por lo cual, en su oportunidad, gírese oficio al Licenciado Netzah Rafael Peralta Radilla, Jefe del departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para deje (sic) sin efecto el oficio que ordenó el descuento del 30% (treinta por ciento) por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Emma Millán Miranda, por propio derecho y en representación del menor Jesús Francisco García Millán". . Mediante acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, previa garantía por los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución de la sentencia definitiva, el juez responsable en cumplimiento a lo resuelto en la sentencia definitiva giró oficio al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad, para que dejara sin efecto el diverso comunicado oficial por el que se le ordenó el descuento del treinta por ciento, por concepto de pensión alimenticia otorgada a favor de los peticionarios de amparo. e. Es aquella data, se admitió a trámite en el efecto devolutivo el recurso de apelación que la parte quejosa interpuso en contra de la sentencia definitiva y ordenó el envío de los autos a la Superioridad para su sustanciación. II. Conceptos de violación. La parte quejosa, señala como preceptos constitucionales violados el 14 y 16; y, en esencia alega que el juez responsable indebidamente ordenó girar oficio para conceder la pensión alimenticia que le fue otorgada de manera provisional, aun cuando la sentencia definitiva, no se trata de una determinación firme, al haber sido recurrida a través del recurso de apelación; por lo que, es susceptible de ser modificada, revocada o confirmada. Además, una vez que se admita el citado medio de impugnación y se ordena la remisión de los autos a la superioridad por que no puede continuar actuando; pues aun cuando está facultado para la ejecución anticipada, ésta no es posible al vulnerar sus derechos humanos. III. Análisis. Precisados los antecedentes del acto reclamado, así como el motivo de queja, a fin de estar en aptitud de dilucidar lo fundado o no de estos últimos, es conveniente citar el siguiente marco legal. En los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de éstas se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento; mientras que del segundo de los numerales se deriva que, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Ahora, en razón de que el acto reclamado se emitió después de haberse dictado sentencia definitiva y antes de resolverse el recurso de apelación interpuesto en su contra por los peticionarios de amparo, los artículos 367, 368, 372, 392, fracción III, 393, fracción III, y 566 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero (vigente en la época en que se radicó el juicio natural), se establece que, se considera pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia que no está sujeta a impugnación por haber causado ejecutoria, y sólo se requerirá declaración judicial de que han causado ejecutoria, las sentencias de primera instancia que sean apelables; en este caso se actualizan los supuestos de que las sentencias hayan sido consentidas expresamente por las partes; cuando notificadas en forma, no son recurridas dentro del término señalado por la Ley; y cuando se interpuso recurso que no se continuó en la forma y términos legales o cuando quien lo interpuso desistió; en los demás casos, las sentencias causarán ejecutoria por ministerio de ley, sin necesidad de declaración expresa que lo indique, una vez que no estén sujetas a impugnación. Asimismo, que las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; y que la sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias. Así también, que en las apelaciones admitidas en los efectos devolutivo, o suspensivo, podrá llevarse adelante la ejecución provisional sin necesidad de caución cuando se trate de sentencias sobre alimentos y en los demás casos en que la Ley lo disponga; sin embargo, tratándose de aquellas resoluciones que contengan una parte que se refiera a alimentos, así como las sentencias sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Corolario de lo anterior, de un análisis sistemático de los aludidos artículos, se arriba a la convicción de que si bien las sentencias que se pronuncien en los juicios de alimentos deben declararse cosa juzgada para causar ejecutoria, y que en su contra es oponible el recurso de apelación por la parte que le afecte la decisión judicial; al ser la institución de los alimentos de orden público, porque responde al interés de la sociedad en que se respete la vida y dignidad humanas, pueden ejecutarse sin necesidad de que la sentencia que los decrete y declare la cantidad a cubrir por parte del acreedor alimentario, deba imperativamente causar ejecutoria, pues los alimentos deben de ser satisfechos inmediatamente. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis III.1o.C.71 C de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 720, de rubro y texto siguente: ALIMENTOS. SON UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y DEBEN SER SATISFECHOS INMEDIATAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El espíritu que animó al legislador para conservar la regulación de los alimentos en un lugar privilegiado de la ley, obedeció a que quiso evitar, en lo posible, cualquier táctica tendiente a entorpecer o dilatar el cumplimiento del deudor alimentista en la satisfacción de los alimentos para sus hijos; necesidad que debe procurarse satisfacer inmediatamente con las bases que se obtengan en el juicio de primera instancia, pero no esperar a que se aporten en ejecución de sentencia para cuantificar la pensión definitiva por el citado concepto; de ahí que con mayor razón la responsable debe fijar en la sentencia el monto de la pensión por alimentos que se reclamen al deudor alimentario." De esa manera, como se adelantó, los artículos 392, fracción III, 393, fracción III, y 566 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, ponderan que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, son ejecutables, inclusive sin fianza por parte del obligado, por ello, no se advierte la violación constitucional que argumenta la parte quejosa; ya que, aun cuando se admitió el citado medio de impugnación en contra de dicho fallo, la decisión que se adopte por el órgano jurisdiccional puede ser ejecutada por cualquiera de las partes, al así encontrarse previsto por la ley adjetiva civil. En lo que atañe a la emisión del oficio por el que se ordenó la cancelación del descuento que por pensión provisional se otorgó a los quejosos, no se trata de un acto autónomo, sino que su "legalidad" deriva de la fundamentación y motivación de la resolución judicial por virtud del cual se expide; pues dicho comunicado oficial es un reflejo de aquella decisión judicial. Por último, es un hecho notorio que el viernes diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que destaca el artículo 1° constitucional, el cual quedó como sigue: DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Derivado de esa reforma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis P. LXVI/2011, del tenor siguiente: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos". Así como la tesis P. LXVII/2011(9a.), que se transcribe a continuación: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Ahora, la aplicación del principio pro persona no implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados se resuelvan de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), del máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Así, se advierte que dicho principio no tiene el alcance de desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas, ya que en todo procedimiento existen reglas que deberán observarse a fin de que el juzgador resuelva la controversia sometida a su potestad, de lo contrario, se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; de conformidad con la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.) de la Segunda Sala del máximo Tribunal del país, cuyos rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Por tanto, el actuar de la responsable fue conforme a derecho, se concluye que el acto reclamado no causa ninguna violación a los derechos humanos de la parte quejosa, dado que se realizó conforme a la normatividad aplicable. SÉPTIMO. Decisión En mérito de lo expuesto, al resultar infundado el concepto de violación -sin que se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo-, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada en contra del acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de cuatro de junio de dos mil diecinueve dictada en el juicio especial de alimentos 905-1/1997. Determinación que se hace extensiva por lo que hace al acto reprochado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, por no haberse reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Emma Millán Miranda y Jesús Francisco García Millán, contra el acto y autoridades precisados en los considerandos primero y tercero. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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