Emma Luz Flores Fierro
Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Emma Luz Flores Fierro
- Gerencia Regional de Vivienda de Sonora del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Sonora, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 880/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con ocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al secretario encargado del despacho con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, el informe justificado rendido por la responsable; así como también se hace constar que mediante proveído de doce de enero del año en curso, se le tuvo por perdido el derecho a la parte quejosa para ampliar la demanda a la quejosa, toda vez que no lo hizo en el plazo concedido a pesar de haber sido notificada para ello y se le hizo efectivo el apercibimiento de que fue objeto, por lo que el presente asunto se tramitará y resolverá únicamente por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo. Asimismo, se hace contar que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las razones levantadas por el actuario adscrito, respecto de la imposibilidad de notificar a las autoridades señaladas como responsables Gerencia Regional de Vivienda y Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda, ambas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que expresara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, se tendrían por inexistentes tales autoridades y se suspendería toda comunicación con ellas; y que por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la quejosa señalando el domicilio en donde podía ser notificada la autoridad responsable denominada Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mientras que se tuvo por no señalada como responsable a la Gerencia Regional de Vivienda del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Con lo anterior se da cuenta al secretario encargado del despacho, quien acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable, así como la diversa instrumental de actuaciones ofertada por la mencionada en primer término. El secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 880/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno al día siguiente hábil, a este juzgado, Emma Luz Flores Fierro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Gerencia Regional de la Vivienda en Sonora del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Mediante proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como acto reclamado, la omisión de dar respuesta a la petición realizada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la responsable y su notificación. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación; aseveración que se corrobora con las documentales que allegó al presente sumario la quejosa junto con su escrito de demanda, así como las aportadas por la autoridad responsable. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto el acto consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la responsable y su notificación, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que la omisión delatada ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, así como las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y la documental anexa a su demanda de amparo, se advierte lo siguiente: El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó a la responsable que atendiendo a su oficio GRSON/0525/2021, de doce de marzo de dos mil veintiuno, para que le diera seguimiento a solicitud de devolución de las cantidades descontadas a través de deducciones a la pensión de viudez de ocho de diciembre de dos mil diecisiete número 2017CPCI2631861 por concepto de crédito hipotecario diverso y ajeno, relativo al crédito hipotecario que el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgó con número 808328 a José Luis Barragán Vázquez ya fallecido. Mediante oficio GRSON/3229/2021, recibido en este juzgado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable anexó el diverso oficio GRSON/3174/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en respuesta a la petición recepcionada en dicha dependencia el veintidós de marzo de ese mismo año, la responsable informó a la parte quejosa que resolvió procedente su solicitud, realizándose los trámites tendientes a la desaplicación de los descuentos indebidos que se le hicieron en su pensión por viudez; así como también la constancia de notificación respectiva que se hizo a la quejosa de lo anterior mediante correo electrónico. Ahora bien, el derecho de petición consagrado por el artículo 8°. de nuestra Carta Magna, se conforma a su vez de diversas subgarantías, las cuales deben ser atendidas por las autoridades ante quienes se les formule petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, esto es: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 2. Que la respuesta sea fundada, motivada y congruente con lo solicitado por el gobernado; y, 3. Notifique la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. De lo anterior, así como de las manifestaciones que hizo valer la autoridad responsable y documentales anexas, se deduce que en el caso la responsable cumplió con todos y cada uno de los citados requisitos, pues la respuesta dada a la petición formulada por la quejosa se le hizo de su conocimiento por medio del correo electrónico que proporcionó a la autoridad para tales efectos. En consecuencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se desprende que se dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa y le notificó a su correo electrónico la misma; por lo que resulta indudable que dejó de subsistir el efecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerada, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertida para este juzgador, la respuesta contenida en el oficio número GRSON/3174/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, ya que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo respecto a ese acto, a pesar de haber sido requerida para ese efecto mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado vía electrónica el veintiuno siguiente, por lo que de esa forma le precluyó su derecho para efectuarlo con posterioridad, por lo que quien esto resuelve, está imposibilitado jurídicamente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la respuesta otorgada; de ahí que debe prevalecer el sobreseimiento decretado. Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Emma Luz Flores Fierro, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con la ampliación de su demanda de garantías, respecto de la respuesta obtenida por la autoridad responsable coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, sin que lo haya hecho, no obstante de habérsele apercibido que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se tramitaría y resolvería sólo por los actos que señaló en su demanda de amparo. En consecuencia, y toda vez que no cumplió con dicho requerimiento, no obstante haber quedado debidamente notificada del mismo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que el presente asunto se tramitará y resolverá únicamente por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe la coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Vista con ampliación de demanda. En ese orden de ideas, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe y anexos agregados en esta fecha, a fin de que se encuentre en posibilidad de ampliar la demanda de amparo que nos ocupa respecto de la respuesta obtenida por la responsable de referencia. Toda vez que de estimarlo conveniente, a través de la ampliación de demanda estará en oportunidad de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8 de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.34 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ACTOS VINCULADOS CON LOS ORIGINALMENTE RECLAMADOS, AL REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE INDIQUE SI ES DE SU INTERÉS FORMULARLA, DEBE CORRERLE TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, Y NO LIMITARSE A INFORMARLE SOBRE SU EXISTENCIA. La jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contiene un criterio aplicable no sólo para los amparos promovidos por violación al derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, sino uno general en el sentido de que, si el Juez de Distrito advierte, a partir del informe justificado, la existencia de nuevos actos vinculados con el originalmente reclamado, debe notificarlos personalmente al quejoso y requerirle que indique si considera conveniente ampliar su demanda. La necesidad de realizar la notificación de manera personal deriva de la importancia de que exista evidencia de que el interesado realmente se impuso de tales actos, puesto que de esto dependerá si está en condiciones de controvertirlos. Esto es así, pues si los gobernados cuentan con un plazo de quince días, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover o ampliar su demanda en contra de los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos, para su cómputo es necesario tener certeza sobre la fecha en que el quejoso los conoció, ya que es a partir de ésta que estuvo en posibilidad de combatirlos, en tanto que es hasta que está plenamente enterado del acto que puede decidir si le agravia y preparar los argumentos en su contra. Lo anterior revela que, si únicamente se informa al promovente la existencia de nuevos actos que pueden ser reclamados y los deja a su disposición en el juzgado, en los hechos, el quejoso verá disminuido el plazo de quince días con que legalmente debe contar para formular su ampliación, por causas no atribuibles a él, sino al juzgador, pues se verá forzado a acudir al órgano jurisdiccional, en un tiempo que será computado en su perjuicio como parte del plazo de quince días; incluso, existe el riesgo de que si el interesado no se presenta para tal efecto, se tenga por consentido un acto que realmente nunca tuvo a la vista, por haberle sido impuesta una carga que no le correspondía. En consecuencia, si la autoridad acompañó a su informe copia de los documentos de mérito, el juzgador no debe limitarse a informar de su existencia, sino que está obligado a correr traslado de ellos, es decir, a entregar al demandante un tanto de cada uno, pues sólo de ese modo podrá adquirir convicción en el sentido de que los conoció en su integridad y, por tanto, pudo preparar adecuadamente su defensa." En tal razón, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias de ley, de ser el caso, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda respecto de la respuesta dada por la autoridad responsable; en la inteligencia de que, en caso de ampliarla, deberá cumplir cabalmente con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, apercibida que de no hacerlo, el presente asunto se tramitará y resolverá sólo por las autoridades responsables y actos que señaló en su demanda de garantías. En el entendido que de ampliar la demanda, deberá exhibir las copias suficientes del citado escrito, así como de la demanda de garantías, a fin de proveer lo conducente, apercibida que de no hacerlo, se resolverá lo que en derecho corresponda en este juicio. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las doce horas con ocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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