Emma Imelda Vega Flores

Expediente 1050/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1050/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Emma Imelda Vega Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tlaxcala; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio a través del cual se le remitió copia certificadas del expediente 292/18-28-01-2 de su índice, mismo que envió como apoyo a su informe justificado.

  2. Principal

    Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 80 a 101), en la que se determinó negar el amaro en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE NEGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de las partes que cuentan con el plazo de noventa días para recoger los documentos originales que, en su caso, hubieren exhibido; apercibidas que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Devolución de expediente. Por otra parte, de estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió en apoyo a su informe justificado el original del expediente 292/18-28-01-2 de su índice. En virtud de lo anterior, y toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, devuélvase el expediente 292/18-28-01-2 al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional de Tlaxcala, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    diez de enero de dos AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Apizaco, Estado de Tlaxcala, siendo las nueve horas con treinta y dos minutos del diez de enero de dos mil diecinueve (foja 75 reverso), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1050/2018-II, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo de la parte quejosa y anexos fojas 2 a 50; Auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se admite a trámite la demanda de amparo fojas 51 a 54. La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito foja 59; y, su intervención ministerial 673/2018 fojas 60 a 69 Las constancias de emplazamiento del tercero interesado Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria foja 58 y 77; y, El informe con justificación que rindió el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa foja 70 a 7. Todo lo anterior consta en autos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO Acto seguido, se abre el período de pruebas: el Secretario da cuenta con las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, fojas 14 a 50, así como las remitidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tlaxcala con la que se formó un tomo de pruebas. Enseguida, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten las pruebas relatadas por el Secretario, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza y al no existir pruebas pendientes de desahogo se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta con los formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante intervención ministerial 673/2018 (fojas 60 a 69) y hace constar que las demás partes no las formularon. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos antes precisados; asimismo, se tiene por hecha la certificación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1050/2018-Il, promovido por Emma Imelda Vega Flores, en su carácter de administrador único de Afzet Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito que se recibió el trece de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Emma Imelda Vega Flores, en su carácter de administrador único de Afzet Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES:"III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Los CC. Magistrados que integran la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. sic ACTO RECLAMADO: IV.-ACTOS RECLAMADOS. La emisión de la sentencia interlocutoria del recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio número 292/18-28-01-2, y por medio de la cual se resuelve que el recurso es procedente pero infundado y en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. sic SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho fojas 51 a 54, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 1050/2018-ll y la admitió a trámite, por lo que pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos que se reclaman fueron emitidos por una autoridad que se encuentra dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución relativa al recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que dictó la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2, por la cual se confirma la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido al Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la resolución relativa al recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que dictó la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2, por la cual se confirmó la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; pues así lo reconoció al rendir su informe con justificación foja 70 a 72. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior se corrobora, con las documentales que anexó la propia autoridad responsable como anexo a su informe con justificación con las que se formó un tomo de pruebas; a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de derechos. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender en primer lugar al acto reclamado que dio origen al presente juicio de amparo, el cual en el presente caso consiste en: La resolución relativa al recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que dictó la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2, por, la cual se confirma la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Posteriormente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que señala los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese sentido, debe tomarse en consideración que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, misma que surtió efectos al día hábil siguiente de conformidad con el artículo 70, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del trece de noviembre al cinco de diciembre; tomando en consideración que el diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre, así como uno y dos de diciembre de dos mil dieciocho, fueron inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: NOVIEMBRE DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 4 5 6 7 8 9 Notificación del acto reclamado 10 Día Inhábil 11 Día Inhábil 12 Surte efectos 13 Día 1 Presentación de la demanda 14 Día 2 15 Día 3 16 Día 4 17 Día Inhábil QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En tal virtud, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer; por lo que, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se trascriben los motivos de inconformidad, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias, del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Estudio. Al respecto, debe destacarse que el estudio de los conceptos de violación, se efectuará conforme el principio de estricto derecho que impera en el juicio de amparo en materia administrativa, por lo que se atenderá a los planteamientos formulados, y con la causa de pedir, en caso de advertirse la misma. Tiene aplicación al respecto la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo título y contenido es: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Ahora bien, en primer lugar, es conveniente hacer una transcripción de las consideraciones de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal de Justicia Administrativa, por las que dictó la resolución relativa al recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que dictó la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2, de su índice: En contra de dicha resolución, la parte quejosa esencialmente argumenta como conceptos de violación, los siguientes: a Se configura una violación de los derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso legal y acceso a la justicia de las cuales goza todo gobernado y que se encuentran consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 141, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 83 primer párrafo, fracción I, de su reglamento, así como del 28 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, en virtud de que vulnera en perjuicio de su representada los principios de debido proceso, equidad procesal, legalidad y congruencia. b En la sentencia interlocutoria del recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el cual confirmó la sentencia interlocutoria de medida cautelar de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio 292/18-28-01-2, la sala responsable dejó de estudiar, analizar y valorar a fondo las manifestaciones hechas valer en el recurso de reclamación presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se solicita la medida cautelar, para evitar que la autoridad demandada continúe con la ejecución del acto impugnado, que es mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto no sea resuelto el juicio de nulidad. c La responsable alega que de concederse la medida cautelar se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, lo que en la especie no sucede, porqué tal como se solicitó en el escrito inicial de demanda, en el recurso de revisión, lo que se pretende evitar es que la autoridad demandada continúe con la ejecución del oficio impugnado, como lo es, iniciar las acciones con las empresas que dedujeron las operaciones que se encuentran en proceso de nulidad. d Con la medida cautelar de mérito no se contravienen disposiciones de orden público, porque tal como lo ha señalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pueda acreditar tal condición, se exige que quien emita el acto o la noma, haya razonado su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, habiendo ponderado específicamente las circunstancias concretas del caso, por tratarse de actos o normas en los que puede llegar a afectarse algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional. e La sala en sus intenciones de fundamentar su negativa a la medida cautelar, menciona el artículo 24, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que aduce que de conceder la medida cautelar se estarían otorgando efectos restitutorios, con lo que el juicio de nulidad quedaría sin materia, lo que resulta improcedente puesto que no se explica de qué forma se le estarían dando esos efectos, y solo queda plasmado como un dicho sin respaldo legal alguno. f La medida cautelar lo que busca es la suspensión de un procedimiento, el cual contiene la publicación de su representada en el listado de los contribuyentes que emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes, logrando con ello daños irreparables a su representada. g De continuar con el procedimiento de la publicación de los datos de los contribuyentes a que alude el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, constituye un aviso que se traduce en una afectación a la imagen y prestigio profesional de su representada, por aludir a la presunción de que realizan actos que no se apegan a los lineamientos normativos correspondientes, pues la advertencia de que efectúan operaciones al margen de las normas aplicables puede afectar sus relaciones comerciales y profesionales, que determine en forma concluyente su situación fiscal. h La afectación al prestigio, atento a la percepción que de un contribuyente puedan tener los demás, especialmente quienes tienen o pueden tener relaciones comerciales o profesionales con él, así como la publicación que se realiza aún con un procedimiento por el cual se está impugnando la legalidad de la resolución, incide en la reputación del quejoso, entendida como su prestigio comercial y profesional; vulneración de imposible reparación por recaer sobre un derecho sustantivo protegido constitucional y convencionalmente. Ahora bien, atento al contenido de los conceptos de violación antes sintetizados, se advierte que son infundados los precisados con los incisos a, c y d, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente: Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. De un análisis al precepto legal de referencia, se advierte que en un juicio de nulidad se podrá solicitar la suspensión del acto administrativo impugnado, siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y los daños o perjuicio que se ocasionen al solicitante con su ejecución sean de imposible reparación. Por su parte, el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, dispone lo siguiente: Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución. Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. De un análisis al precepto de referencia, se advierte que en el mismo se establece un procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones (comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes), que tiene por objeto sancionar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes y, por otro, evitar un daño a la colectividad, garantizándole el derecho a estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes, a fin de que quienes utilizaron en su beneficio los comprobantes fiscales traficados autocorrijan su situación o, en su caso, acrediten que la prestación del servicio o la adquisición de los bienes en realidad aconteció, para que aquéllos puedan surtir efectos fiscales; lo anterior, para que los comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas no puedan producir efecto fiscal alguno, aunado a que el desarrollo de las actividades vinculadas con su emisión entraña una conducta que puede actualizar el delito de defraudación. Establecido lo anterior, se estiman correctas las consideraciones por las cuales la responsable determinó declarar infundado el recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que dictó la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2. Para justificar lo anterior, es necesario precisar los antecedentes más importantes que se deducen del expediente administrativo 292/18-28-01-2, del índice de la responsable: a Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Tlaxcala del tribunal Federal de Justicia Administrativa, Miguel Raúl Ortega Sandoval en representación de Afzet Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 500-04-00-00-00-2017-37736, de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, por la cual se resolvió que promovente no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes que se señalaron en el oficio 200 04 0 00 00-2017-6672, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación fojas 1 a 33, del tomo de pruebas. b Por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado a la autoridad demandada, para que la contestara en el término de ley fojas 34 a 35, ídem. c El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del juicio de nulidad de referencia, negó la suspensión definitiva solicitada respecto a la ejecución de la resolución contenida en el oficio 50-04-00-00-00-2017-37736, de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete fojas 138 a 145, ídem. d Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, Miguel Raúl Ortega Sandoval en representación de Afzet Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de reclamación fojas 144 a 159, ídem. e Dicho medio de impugnación se admitió mediante proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, otorgándosele a la autoridad demandada cinco días para que manifestara lo que a su derecho conviniera foja 155, ídem. f El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2, dictó la resolución relativa al recurso de reclamación, por la cual confirmó la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho fojas 170 a 176, ídem. Lo anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, debe indicarse substancialmente que la parte quejosa solicitó la suspensión contenida en el oficio 500-04-00-00-00-2017-37736, de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con el objeto de que los datos de su representada no se publiquen en el listado a que alude el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, pues considera que dicho aviso constituye una afectación a la imagen y prestigio profesional de su representada, por aludir a la presunción de que realizan actos que no se apegan a los lineamientos normativos correspondientes, pues la advertencia de que efectúan operaciones al margen de las normas aplicables puede afectar sus relaciones comerciales y profesionales, que determine en forma concluyente su situación fiscal. No obstante lo anterior, como se precisó con antelación, se estiman correctas las consideraciones por las cuales determinó la autoridad responsable declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto por la impetrante, pues como correctamente lo adujo, de concederse la suspensión que solicitó la parte quejosa, se ocasionaría un perjuicio al interés social y orden público. Para motivar esta decisión, es necesario tener en cuenta que de conformidad con artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, una de las exigencias legales que debe colmarse, tratándose de la suspensión del acto reclamado en el juicio de nulidad, es aquella referente a que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo antes señalado encuentra apoyo en los siguientes criterios: INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Las referidas tesis, no obstante se refieren a la Ley de Amparo, resultan aplicables en la especie, toda vez que establecen el concepto de orden público e interés social, aplicables al juicio de nulidad de origen. Establecido lo anterior, debe indicarse que con la concesión que pretende obtener la parte quejosa de la medida cautelar se contravienen disposiciones de orden público y se causa perjuicio al interés social; lo anterior se considera, pues el hecho de que no se permita la publicación del nombre de su representada en el listado a que alude el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, generaría la creencia de que el contribuyente y las operaciones contenidas en sus comprobantes fiscales producen y/o produjeron efecto fiscal alguno; es decir, que las operaciones amparadas en los mismos cumplen con los requisitos de ley, y que en consecuencia no son inexistentes. Dicho en otras palabras, generaría la falsa creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas a través de los comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la colectividad, al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la imposibilidad -por los terceros relacionados- de acreditar la existencia de las operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, de corregir su situación fiscal. Aunado a lo anterior, debe indicarse que el desarrollo de las actividades vinculadas con su emisión entraña una conducta que puede actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación , pues bajo los efectos de esa medida cautelar los comprobantes expedidos por este tipo de contribuyentes aún estarían en el comercio; es decir, con dicha conducta delictiva, se contravendrían disposiciones de orden público, por ello resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada en el juicio de nulidad de origen. Atento a lo anterior, no es factible otorgar la medida cautelar solicitada por el impetrante de garantías, toda vez que le importa al Estado, así como a la comunidad el cumplimiento de las disposiciones generales o leyes que protejan el patrimonio de los ciudadanos, ya que éstos no estarían en aptitud de conocer con quiénes pudiera ser riesgoso contratar y, por otro, se reprimiría una medida que busca propiciar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tiene aplicación por su idea jurídica substancial, la jurisprudencia 2a./ J.88/2014 10a. de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Resulta improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación del citado numeral, consistentes en el eventual dictado de una segunda resolución que establezca de manera definitiva la inexistencia de las operaciones celebradas por el contribuyente, para que no surtan efectos los comprobantes que amparan las operaciones ahí reflejadas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; ello es así, porque constituye un acto futuro de realización incierta ya que, de acuerdo con el referido procedimiento, antes de que se publique la resolución que defina la situación del contribuyente respecto del cual -en un primer momento- se presumió la inexistencia de las operaciones respaldadas en los comprobantes fiscales y obviamente, antes de que la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación emita un crédito fiscal, se prevé un plazo para que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten información y documentación para desvirtuar los hechos objeto de la presunción; lo cual implica que no existe certidumbre de su realización, porque ello dependerá de su conducta a fin de desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones atribuida por la autoridad fiscal. Además, arribar a una posición contraria afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar se generaría la falsa creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas a través de los comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la colectividad, al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la imposibilidad -por los terceros relacionados- de acreditar la existencia de las operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, de corregir su situación fiscal. Por su parte, se permitiría la consumación o continuación de un ilícito o sus efectos, ya que los comprobantes expedidos por este tipo de contribuyentes aún estarían en el comercio, no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Así como la diversa jurisprudencia PC.IV.A. J/10 A 10a., del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2106, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Es improcedente conceder la suspensión en el juicio de amparo respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación del numeral citado, consistentes en la omisión de publicar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria los datos del contribuyente, como son el nombre, la denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes, en términos del propio precepto, porque de hacerlo se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se generaría un mayor perjuicio a la sociedad porque, por un lado, con la publicación de los indicados datos básicos se busca proteger el patrimonio de los ciudadanos, ya que éstos no estarían en aptitud de conocer con quiénes pudiera ser riesgoso contratar y, por otro, se reprimiría una medida que busca propiciar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por otra parte, es inoperante el concepto de violación precisado con el inciso b, en el que refiere la parte quejosa que en la resolución del recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que confirma la interlocutoria de medida cautelar de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio 292/18-28-01-2, la sala responsable dejo de estudiar, analizar y valorar a fondo las manifestaciones hechas valer en el recurso de reclamación presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se solicita la medida cautelar, para evitar que la autoridad demandada continúe con la ejecución del acto impugnado, que es mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto no sea resuelto el juicio de nulidad. En efecto, de un análisis al concepto de violación de referencia, no se advierte argumento alguno encaminado a desvirtuar las consideraciones del fallo pronunciado; por el contrario, solo realiza afirmaciones categóricas sin fundamento, que imposibilitan su estudio, pues la parte quejosa no hace referencia sobre qué dejó de estudiar, analizar y valorar la responsable al dictar el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, de diciembre de 2002, página 61, novena época, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O "AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA "PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON "EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO "IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por otra parte, se estima infundado el concepto de violación precisado con el inciso e, en el que aduce la impetrante que la sala en sus intenciones de fundamentar su negativa a la medida cautelar, menciona el artículo 24, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que aduce que de conceder la medida cautelar se estarían otorgando efectos restitutorios, con lo que el juicio de nulidad quedaría sin materia, lo que resulta improcedente puesto que no se explica de qué forma se le estarían dando esos efectos, y solo queda plasmado como un dicho sin respaldo legal alguno. En efecto, lo infundado del motivo de disenso precisado con antelación, deriva en que la responsable no utilizó dicho argumento al dictar la resolución relativa al recurso de reclamación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que dictó la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 292/18-28-01-2, por la cual confirmó la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; lo anterior se corrobora, de la cita que se realizó de la misma en las fojas que antecede. Finalmente, son infundados los conceptos de violación precisados en los incisos f, g y h, en atención a que, tal como lo sustentó la autoridad responsable al dictar el acto reclamado, la negativa de la suspensión debe prevalecer respecto de los daños y perjuicios que pudiera resentir la parte actora aquí quejosa al consumarse los efectos y consecuencias de la resolución contenida en el oficio 500-04-00-00-00-2017-37736, de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, por la cual se resolvió que promovente no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes que se señalaron en el oficio 200 04 0 00 00-2017-6672, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación Lo anterior, pues la sociedad está interesada en que desaparezca esa práctica, ya que como se precisó con antelación, el hecho de que no se permita la publicación del nombre de su representada en el listado a que alude el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, generaría la creencia de que el contribuyente y las operaciones contenidas en sus comprobantes fiscales producen y/o produjeron efecto fiscal alguno; es decir, que las operaciones amparadas en los mismos cumplen con los requisitos de ley y que en consecuencia no son inexistentes. En consecuencia, al resultar inoperantes por una parte e infundados por otra los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno respecto a los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante intervención ministerial 673/2018 fojas 60 a 69, ya que no forman parte de la litis en el juicio de amparo y, por ende, no es obligatorio para este juzgado entrar al estudio de los razonamientos expresados en su escrito, sin que esto implique transgresión a derecho procesal alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Afzet Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto y autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución.

  4. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tlaxcala; otorgado en proveído de treinta de noviembre del año en curso (fojas 72 y 73). Se difiere audiencia constitucional. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del diez de enero de dos mil diecinueve.

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