Emma Eugenia Escobar Espinosa

Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • Emma Eugenia Escobar Espinosa
  • Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto, el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada por esa superioridad en el amparo en revisión número 148/2018, y devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. Al efecto se acuerda: Ahora bien, del punto resolutivo de la ejecutoria se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo." Glósese el cuaderno de antecedentes en el estado que actualmente guarda y en su oportunidad, archívese como asunto concluido. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseyó fuera de audiencia, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes ni tomos que devolver, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto, el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 65/2018 de nuestro índice, e informa que admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por Emma Eugenia Escobar Espinosa, parte quejosa en el presente juicio de amparo, recayéndole el número 148/2018 de su índice. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que obre como legalmente corresponda y para los efectos legales a los que haya lugar; atento a su contenido, este Juzgado queda enterado de dicha admisión; finalmente téngase al Tribunal Colegiado oficiante, acusando recibo de estilo correspondiente.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto, el libelo de cuenta suscrito por Emma Eugenia Escobar Espinosa parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de revisión contra el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo. Al efecto, se provee: Con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión que hace valer; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto el original y réplica del aludido escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto, El oficio signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas; con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado y remite acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, y la constancia de notificación de veintisiete siguiente. Al efecto se acuerda: En atención al contenido de las referidas constancias, y analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como actos reclamados los que como tal se hayan expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, pues esta improcedencia se justifica con la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. Tiene aplicación la Jurisprudencia cuyo rubro y texto textualmente señalan lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, del estudio de autos se advierte que Emma Eugenia Escobar Espinosa, mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambos con sede en esta ciudad, señalando como acto reclamado, la omisión de dar respuesta al escrito de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual solicitó la diferencia de aguinaldos. Ahora bien, mediante oficio de número 007.300.302.0580/18, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, informó que dio respuesta a la petición solicitada por la quejosa, mediante oficio 007.300.302.0564/18 de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la cual le fue notificada el veintisiete siguiente. Atento a lo anterior, sobreviene de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del presente juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, numerales de la Ley de Amparo en vigor, pues atento a lo trascrito en párrafos precedentes, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio respuesta y notificó el acuerdo que le recayó al escrito de petición de doce de septiembre de dos mil dieciséis, por ende; cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación la Jurisprudencia cuyo epígrafe y texto señalan lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Sin que la falta de notificación de dicho informe, que contiene la contestación al escrito de petición de la parte quejosa, le cause agravio alguno, ya que contra dicha respuesta no procede la ampliación de la demanda en amparo indirecto. Es aplicable por analogía la siguiente jurisprudencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho. Asimismo, se faculta a la Actuaria Judicial Adscrita a firmar los oficios respectivos.

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