Emma Estela de Guadalupe Carletti Franyuti
Expediente 843/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Emma Estela de Guadalupe Carletti Franyuti
Actuaciones
- Principal
Vistas las certificaciones de cuenta, de las que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja en contra del auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que haya presentado escrito alguno tendente al respecto, dentro de dicho término. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido auto queda firme para los efectos conducentes; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto concluido, sin embargo, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues al desecharse la demanda no se decidió el juicio en lo principal dándose por concluido el mismo, sin que en el presente asunto obren documentos originales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito, en atención a su contenido, se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones documentos y valores a la persona que menciona, haciéndose la aclaración que las pólizas de fianza y certificados de depósito, se entregaran únicamente a los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el endoso a nombre de la persona física o apoderado legal de la persona moral.
- Principal
Vista la demanda de garantías, contra actos del Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor México del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número de orden 843/2016-III. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Igualmente, el artículo 107 fracción V, de la Ley de la Materia establece: "El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.- - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Conforme a los preceptos reproducidos, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese periodo, de modo que el amparo es improcedente contra cualquier resolución anterior. Sobre el concepto de última resolución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es aquella que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, declara la imposibilidad jurídica o material para cumplirla. Así se observa en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Conforme a tal criterio, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la última resolución, o anteriores a la aprobación del remate judicial, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que el acto reclamado, consiste en la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil promovido por Ma. Rita Castillo Díaz en contra de Carletti Franyuti Emma Estela de Guadalupe, bajo el número de expediente 46/2013, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer por la demandada, aquí quejosa, en contra del auto que ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, a fin de que inscriba el embargo trabado en los autos de dicho contradictorio, con la aclaración de que la demandada, son la misma persona física. Y, dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, en tanto que tal determinación no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco se trata de la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente. A efecto de evidenciar lo anterior conviene señalar los siguientes antecedentes del acto reclamado, los cuales expone bajo protesta de decir verdad la demandada: 1.- Por auto de diecisiete de enero de dos mil trece, se admitió el juicio ejecutivo mercantil promovido por Ma. Rita del Castillo Díaz en contra de la quejosa Carletti Franyuti Emma Estela de Guadalupe, el cual quedó registrado bajo el número de expediente 46/2013, y por auto de veintiocho de febrero de dos mil trece, la enjuiciada, hoy quejosa, dio contestación a la demanda. 2. Seguido el trámite correspondiente a dicho juicio, el veintinueve de mayo de dos mil trece, se dictó la sentencia definitiva, en la cual se condenó a la hoy quejosa Emma Estela de Guadalupe Carlletti Franyuti al pago de las prestaciones reclamadas. 3. Mediante escrito de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el actor solicitó se girara oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México a efecto de que inscribiera el embargo trabado en autos, petición que fue acordada en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce y se ordenó el referido oficio. 4. En fecha siete de abril de dos mil quince, por oficio RPPUV/DPRIyC/SPRV/JUDEM82072015, se informó al juzgado de origen la imposibilidad de llevar a cabo el trámite de inscripción de embargo dado que el inmueble embargado en autos tiene como titular a persona diversa a la condenada mediante sentencia definitiva de veintinueve de mayo de dos mil trece. 5. Previo requerimiento que el juez de origen realizó vía oficio, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Archivo General de Notarias, remitió copia certificada del instrumento notarial 85,355 (ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cincuenta y cinco). 6. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciséis, en el juzgado origen, la actora solicitó con base en las copias certificadas del instrumento notarial 85,355 (ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cincuenta y cinco), así como las copias simples de una credencial para votar, el acta de nacimiento, y del CURP de la demandada, se girara oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, a efecto de inscribir el embargado trabado en autos, 7. A dicho ocurso le recayó el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis en el que se proveyó: ". se desprende que la parte demandada, son la misma persona física según las aseveraciones que realiza la parte actora,por lo tanto, bajo su más estricta responsabilidad y perjuicio de la actora, gírese oficio al C. DIRECTOR REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de dar cumplimiento a los proveídos de fechas veintisiete de noviembre y primero de diciembre de dos mil catorce en los mismos términos ahí precisados.." 8. Inconforme con dicho proveído la demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró improcedente mediante sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Como se ve de los antecedentes narrados, la interlocutoria que constituye el acto reclamado fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia y está íntimamente vinculada con la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, porque está encaminada a la continuación de dicha ejecución. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado no puede ser materia del juicio de amparo indirecto en este momento, porque se trata de un acto intermedio en la etapa de ejecución de sentencia, toda vez que no aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como tampoco ordenó el archivo definitivo del expediente, lo cual revela que el fallo reclamado no reúne los requisitos previstos en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para que resulte procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Por lo tanto, se considera que esa determinación reclamada no puede ser materia del juicio de amparo indirecto, porque no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, no puede ser materia de examen en esta vía constitucional, sino que, en todo caso, constituye una violación procesal en el procedimiento de ejecución de sentencia, contra la cual no es procedente el juicio de amparo indirecto. La razón de esta regla de procedencia, es la de impedir que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el cumplimiento de una sentencia definitiva, en cuya ejecución la sociedad está interesada, a fin de que se realice en el menor tiempo posible, siendo que la transgresión que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto del proceso, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, a la que tenga el carácter de última resolución, pudiéndose reclamar en esa ocasión a través de la demanda de amparo indirecto, las demás violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieran afectado las defensas del solicitante de garantías. También es aplicable sobre el particular la jurisprudencia número 734, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y tesis comunes, consultable en la página 1204 que textualmente dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV y 113 de la Ley en cita, lo que procede es desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente, pues no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que, por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalados los estrados de este juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones, así mismo por autorizada para los mismos efectos a las personas que menciona para tal fin, y por autorizado en términos amplios que le confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Gustavo Mauricio Zamudio Anguiano, quien tiene registrada debidamente su cédula en el sistema computarizado que para tal efecto lleva el Consejo de la Judicatura Federal, como se advierte de la copia que se adjunta. Por último, con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a la parte quejosa el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Notifíquese por medio de lista al promovente.
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