Emma del Rosario Lara Vera

Expediente 630/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
630/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Emma del Rosario Lara Vera
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    V. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dieciséis de diciembre del año en curso (foja 242), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el dieciocho de noviembre del año en curso (fojas 208 a 222), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto siguiente: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencias, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, de las cuales se ordenó su cotejo en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, lo anterior dentro del juicio laboral ********************de su índice y, en su caso, de no existir diverso medio de convicción admitido pendiente de desahogar, decretar el cierre de instrucción, sin que pueda excederse del término y directrices establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. El anterior alcance de la protección constitucional otorgada, se fija desde luego tomando en consideración que el proceso laboral de que se trata, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas (instrucción) de allí, que resulte innecesario pronunciarse respecto de las siguientes etapas del mismo. (.)" Posteriormente, mediante auto de trece de diciembre del actual (fojas 234 y 235), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, y se requirió el cumplimiento a la responsable Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz. Es así que en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso (foja 242), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Primero, la Junta responsable en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 240), ordenó agregar el acta de diligencia de cotejo de veintitrés de septiembre del actual -la cual obra en este expediente en virtud de rendirse acompañada del informe justificado de la responsable de mérito en la foja 195- de las documentales 2, 3 y 4 de la actora ********************, así como de la diversa 2 de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales no pudieron desahogarse fehacientemente en virtud de que el organismo público descentralizado de referencia no exhibió las originales de los aludidos medios de convicción, en ese sentido, les otorgó un plazo de dos días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de no realizarlas, el asunto ordinario se turnaría para su ulterior resolución, sin que para tal efecto atendieran tal requerimiento. Finalmente, el cinco de diciembre posterior (foja 241), la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz tuvo por precluido el derecho de la actora y demandada dentro del juicio laboral ********************de su índice y decretaron el cierre de instrucción del expediente de origen. En esas condiciones, de las constancias remitidas al suscrito por la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, se concluye la responsable satisfizo los lineamientos planteados en el fallo constitucional recaído en el presente sumario, esto es así, pues en los autos del juicio laboral ********************de su índice, se pronunció respecto de las pruebas materia de cotejo, les otorgó un plazo para la formulación de alegatos, y consecuentemente, procedió a decretar el cierre de instrucción para resolver el asunto. Sirve de apoyo la siguiente tesis, 2a. CV/2013 (10a.) emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio 4149 -y anexo de cuenta-, signado por la Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene remitiendo las constancias con las que considera ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con la promoción con registro 21208 y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa (fojas 208 a 222), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencias, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, de las cuales se ordenó su cotejo en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, lo anterior dentro del juicio laboral 278/2017 de su índice y, en su caso, de no existir diverso medio de convicción admitido pendiente de desahogar, decretar el cierre de instrucción, sin que pueda excederse del término y directrices establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. El anterior alcance de la protección constitucional otorgada, se fija desde luego tomando en consideración que el proceso laboral de que se trata, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas (instrucción) de allí, que resulte innecesario pronunciarse respecto de las siguientes etapas del mismo. (.)" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    V. Con esta fecha se notifica vía electrónica a la parte quejosa la sentencia engrosada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 630/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, EMMA DEL ROSARIO LARA VERA solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz (fojas 5 a 10). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de doce de julio siguiente, este juzgado acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló alegatos, emplazar a la parte tercero interesada y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 11 a 15). TERCERO. Trámite. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se presumió como cierto el acto reclamado (foja 21) se recabaron las constancias correspondientes (fojas 25 a 29 y 36 a 196) así como la notificación del tercero interesado, (foja 20) quien no compareció al presente juicio de amparo; sin que hasta el momento obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del trabajo el retardo en la administración de justicia; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, e impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos) e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, no obstante resaltar como reclamada la falta de emisión de laudo, el acto en realidad reclamado en el presente juicio es: La dilación e inactividad procesal que se observa en el expediente 278/2017 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz (toda vez que no ha dictado las actuaciones o diligencias necesarias para la continuación del procedimiento especial, entre ellas, dictar el acuerdo de admisión y desahogo de pruebas relativo al mismo) Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz, pues así se presumió en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, al haber fenecido el plazo otorgado de la citada potestad para rendir su informe justificado (foja 21). Lo que se corrobora, pues dicha responsable remitió copia certificada del expediente laboral 278/2017, de su índice administrativo, en donde se advierte que desde el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós (foja 195) al día en que se emite la presente sentencia, dejó de actuar en dicho juicio laboral, es decir, no ha dictado las actuaciones o diligencias necesarias para la continuación del procedimiento especial, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, al tratarse de documentos expedidos por el servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, y de las que se advierte que existe la omisión aquí combatida. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." PREMISAS NORMATIVAS En principio, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de respaldo para otorgar el amparo solicitado. Dado que en el caso se reclama violación a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, conviene tener presente su texto, el cual, en la parte que interesa, señala: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En el precepto transcrito se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados y conforme a los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; esto es, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De modo que las autoridades judiciales o las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, están obligadas a su observancia, pues de faltar a cualquiera de los principios contemplados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizan la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo que tiene apoyo en la tesis de rubro que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, siguiendo la secuencia argumentativa trazada para este asunto, se hacen a continuación algunas precisiones relevantes en relación con el marco jurídico aplicable a los expedientes laborales como el que se analiza. Los artículos 17, 685, primer párrafo, 871, 873, primer párrafo, 883, 885 a 887, 899-A, 899-B, 899-C y 899-D todos de la Ley Federal del Trabajo, textualmente refieren: "Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6º, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. [.]" "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. [.]" "Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta. [.]" "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. [.]" "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. [.]" "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas [.]" "[.] Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia al Tribunal federal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. Artículo 899-B. Los conflictos individuales de seguridad social, podrán ser planteados por: I. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social; II. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios; III. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a esta Ley o sus beneficiarios; y IV. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener: I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad; II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide; IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Artículo 899-D. Los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 784 deberán exhibir los documentos que, de acuerdo con las Leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente. En todo caso, corresponde a los organismos de seguridad social, probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social; II. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento; III. Promedios salariales de cotización de los promoventes; IV. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados; V. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas; VI. Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones; VII. Vigencia de derechos; y VIII. Pagos parciales otorgados a los asegurados. [.]" De la interpretación armónica e integral de los citados artículos, se obtiene que se proporciona un derecho de justicia pronta a las partes contendientes. Asimismo, el artículo 1° Constitucional, párrafos primero, segundo y tercero, reconoce que todas las personas son titulares de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior constituye un mandato de optimización, es decir, que la autoridad debe procurar su realización en la mayor medida posible, para garantizar en el ámbito de sus competencias, la aplicación y respeto de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, el artículo 8, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como derecho humano el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En relación con el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la función de los órganos judiciales intervinientes en un proceso no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar que se realice en un tiempo razonable. Al respecto se invoca la tesis P. LXV/2011 (9a.) de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella". Igualmente, robustece lo expuesto la tesis P. LXVI/2011 (9a.) que indica: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos". En ese contexto, se impone destacar que la tutela jurisdiccional se encuentra elevada a rango constitucional, pues está garantizada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Asimismo, relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 constitucional, pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Ahora, para apreciar con claridad la omisión reclamada, se relatan los siguientes antecedentes obtenidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1). Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, Emma del Rosario Lara Vera demandó ante la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago correcto y completo de la pensión de viudez (foja 40 vuelta). 2). Por auto de veinticuatro de febrero siguiente, la Junta responsable acordó admitir la demanda y radicarla con el número de juicio 278/2017; señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, formulando los apercibimientos relativos (foja 41). 3). El veinte de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad laboral declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al auxiliar para que se formulara el laudo correspondiente (foja 42 vuelta). 4). Mediante escrito de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de la junta responsable de dictar la resolución correspondiente, demanda que por cuestión de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, radicada bajo el número 290/2019 de este índice, en el que finalmente se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitada (foja 42 vuelta). 5). Así, el doce de junio de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad laboral dictó el laudo correspondiente al juicio 278/2017 de ese índice (foja 42 vuelta). 6). Luego, mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, ante la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su apoderado legal Gerardo Gabio Vargas Zaleta, demandó el amparo y protección de la justicia de la Unión, por violación a los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en contra del laudo de doce de junio de dos mil diecinueve (foja 37). 7) En sentencia de trece de marzo de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al Instituto Mexicano del Seguro Social, para los efectos siguientes: "(.) a) Deje insubsistente el laudo reclamado. b) Reponga el procedimiento a partir del acuerdo de radicación de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y atendiendo a que las prestaciones reclamadas por la actora, aquí tercero interesado, se refieren a un conflicto individual de seguridad social, tramite el juicio conforme al procedimiento especial a que se refieren los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo. c) Asimismo deberá requerir a la parte actora para que exhibiera con su demanda las probanzas en que funde sus pretensiones; lo anterior, en términos de la contradicción de tesis 271/2018, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve (.)" (fojas 37 a 67) 8) En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo de doce de junio de dos mil diecinueve, ordenó reponer el procedimiento para tramitarse bajo la modalidad de procedimiento especial a que se refieren los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo, requirió a la parte actora para que se apegara a los requisitos establecidos en el numeral 899-C y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución (fojas 72 a 74). 9) El veintiséis de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; posteriormente, el veintisiete de junio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, determinándose lo siguiente: "(.) PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA Por cuanto a las ofrecidas bajo los apartados 1, 5 Y 6 se admiten y se ordenan agregar a los autos y al momento de resolver se le dará el valor probatorio que en derecho corresponda, la ofrecida bajo el apartado 1 se hace suya la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social en todo a lo que le beneficie a sus intereses. Y la ofrecidas bajo los apartados 2, 3 y 4 se admiten y se ordena su desahogo. PRUEBAS DE LA DEMANDA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la demanda Instituto Mexicano del Seguro Social bajo los apartados 3 y 4 se admiten y se ordenan agregar a los autos y al momento de resolver se le dará el valor probatorio que en derecho corresponda, referente a el apartado 1 se desecha por ociosa, dado qué no es la prueba idónea para acreditar sus excepciones y defensas dada la naturaleza de las pruebas que reclama la parte actora, y la ofrecida bajo el apartado 2 se admite y se ordena su desahogo. Por cuanto hace a las pruebas que fueron admitidas y que requieren un desahogo especial al efecto se provee: SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DÍA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA LUGAR EL DESAHOGO DEL COTEJO DE LAS DOCUMENTALES OFRECIDAS POR PARTE ACTORA BAJO LOS APARTADOS 2,3 Y 4 DE SUS PRUEBAS Y LA OFRECIDA POR LA DEMANDADA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL BAJO EL APARTADO 2 DE SUS PRUEBAS. (.) apercibiendo a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social que no exhibir los documentos materia de cotejo, se tendrán por perfeccionadas las documentales de mérito, lo anterior con fundamento en el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo (.)" (fojas 131 y 28 a 29) 10) Acta de cotejo de las documentales apartados 2, 3 y 4 de la parte actora y del apartado 2 de la demandada, celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo los cotejos ordenados, al no haberse exhibido los originales requeridos (foja 195). Sin que a la fecha obre constancia que acredite que la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, acordara lo conducente a las pruebas ofrecidas por las partes. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso, el solicitante de amparo aduce que la Junta responsable ha violentado su derecho de pronta administración de justicia, pues se duele de la transgresión del artículo 17 de la Constitución Federal, habida cuenta que la Junta responsable ha sido omisa en dictar las actuaciones o diligencias necesarias para estar en condiciones de continuar el procedimiento que le permita tener acceso a la justicia, esto es, acordar lo que en derecho corresponde en la etapa probatoria del juicio laboral 278/2017 de su estadística, dentro del plazo legalmente establecido, lo cual vulnera su derecho de justicia pronta y expedita, dado que el procedimiento se encuentra paralizado. En ese tenor, del análisis de las constancias que remitió la junta responsable, se evidencia que existe una dilación procesal excesiva en el expediente laboral 278/2017, pues tal y como se advierte de las actuaciones que lo integran, la Junta acordó en relación a las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora y por la demandada, su cotejo en auto de veintisiete de junio de la citada anualidad; no se logró el cotejo correspondiente, según constancia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, pues el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (aquí tercero interesado) no exhibió los originales que le fueron requeridos para tal efecto. Lo anterior aun cuando, como se ha resaltado, en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, apercibió a la parte demandada que de no exhibir los documentos materia de cotejo, se tendrían por perfeccionadas las documentales de mérito, en términos del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo. Máxime que la parte actora solicitó en la diligencia de cotejo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que se hiciera efectivo el apercibimiento de mérito, sin que hasta la fecha se advierta en autos que se haya realizado actuación al respecto, es decir, con un retraso injustificado de aproximadamente dos meses. De lo anterior se advierte que la junta responsable, a pesar de tener la encomienda de procurar el cierre del periodo probatorio dentro del plazo máximo de treinta días, de conformidad con el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, no ha actuado de manera positiva para lograr el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora y por la demandada, toda vez que no existe constancia en la que haga efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós. Por tanto, se estima que la dilación procesal materia de estudio, es la causa material que trae como consecuencia la omisión de cerrar el periodo de pruebas y alegatos que, a su vez, retrasa el dictado del laudo correspondiente en los autos del juicio laboral 278/2017, ya que la Junta responsable no ha sido diligente en el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. De ahí que con su actuar transgrede el artículo 17 Constitucional, al vulnerar el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que la Junta laboral dictara las medidas necesarias, a fin de que el juicio laboral se desarrolle dentro de sus términos y plazos legales. De esta forma, la consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Cobra aplicación, la tesis del rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE MANIFIESTA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definió la garantía a la tutela como "... el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión...". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo a la protección judicial, señala que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ... que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención.", asimismo, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embargo, para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario precisar que se manifiesta en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Por tanto, no es posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, la prerrogativa constitucional y convencional primeramente indicada, tendría sólo carácter adjetivo o procesal." CONCLUSION En esa tesitura, se colige que la responsable no se ha ajustado a los términos y plazos legales en la tramitación del juicio, pues se aprecia que no ha dado continuidad al procedimiento laboral, lo que implica una violación al artículo 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta, ello dado el espacio de inactividad procesal que se suscitó desde el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós a la fecha en que se emita la presente sentencia, pues ha sido omisa en realizar las gestiones necesarias para impulsar el trámite del expediente laboral de que se trata, pues no ha dictado las medidas conducentes con el fin de que se dé por concluida la etapa de pruebas y alegatos dentro del juicio 278/2017 de su estadística. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencias, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, de las cuales se ordenó su cotejo en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, lo anterior dentro del juicio laboral 278/2017 de su índice y, en su caso, de no existir diverso medio de convicción admitido pendiente de desahogar, decretar el cierre de instrucción, sin que pueda excederse del término y directrices establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. El anterior alcance de la protección constitucional otorgada, se fija desde luego tomando en consideración que el proceso laboral de que se trata, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas (instrucción) de allí, que resulte innecesario pronunciarse respecto de las siguientes etapas del mismo. Sirve de apoyo la siguiente tesis, 2a. CV/2013 (10a.) emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Tomando en consideración que las partes no manifestaron su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a EMMA DEL ROSARIO LARA VERA, contra el acto y autoridad precisado en el considerando segundo, por las razones y efectos vertidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.SENTENCIA

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