Emma Dale Mendienta Lloyd
Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Emma Dale Mendienta Lloyd
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal el cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se DESECHÓ la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda DESECHADA; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
En atención a la razón actuarial que antecede, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintitrés....Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ***************** personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del acta de nacimiento con número de certificado de nacimiento ***************** de treinta de junio de dos mil veintitrés, que exhibe para tal efecto, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, se provee como sigue: Sigilo de constancias. Como medida preventiva, se ordenan glosar en sobre cerrado de sigilo todas aquellas constancias en las que aparezcan datos que refieran al menor quejoso, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 al 23; 113, 116, 120 fracción V; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo sustentado en los artículos 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la protección de los datos personales de la menores implicada en el presente asunto, en el entendido de que su contenido no queda a la vista de las partes, sino únicamente para la consulta de esta juzgadora al momento de resolver la litis constitucional. Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo: El citado artículo impone la obligación de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia con número de registro 180663, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de las autoridades señaladas como responsables de turnar la carpeta de investigación y dar continuidad a la misma, y no dictar las medidas de protección requeridas, ni la valoración psicológica ordenada por el Ministerio Público de atención temprana, la cual se encuentra radicada bajo el número ***************, por lo que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, por los motivos que a continuación se exponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados." En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el diverso artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Así, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos precisados, se advierte que la víctima y ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa que prevé el citado artículo 219, cuya finalidad es que el juez de control resuelva lo conducente, que en su caso, ordene de manera inmediata la debida integración de la carpeta de investigación en cuestión. Asimismo, toda vez que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de impugnar la determinación del Ministerio Público, como en el caso, la omisión de turnar la carpeta de investigación ***********, y dar continuidad a la misma, y no dictar las medidas de protección requeridas, ni la valoración psicológica ordenada por el Ministerio Público de atención temprana; por ende, resulta incuestionable que conforme a lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa, debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar la omisión que a su criterio ha cometido el Ministerio Público responsable; por ello es el órgano jurisdiccional quien, de considerarlo procedente, deberá exigir la debida integración de la citada carpeta de investigación, lo anterior en observancia al principio de definitividad. Tiene aplicación la jurisprudencia número 1a./J. 27/2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo I, Agosto de 2018, visible en la página 945, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto, dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual forma, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo I, Agosto de 2018, visible en la página 943, con número de registro 2017640, cuyo rubro y texto, dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que intenta la quejosa, resulta notoriamente improcedente; y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la procedencia del recurso ordinario de defensa en contra de las omisiones reclamadas; es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, concretamente del acto reclamado se aprecia que en su contra es procedente dicho medio de defensa y que no existe un supuesto de excepción. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************** no así a las diversas personas que menciona, en virtud de que no acreditan que se encuentren legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, al no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo tanto, se les tiene por autorizados únicamente en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza el correo electrónico y número telefónico que refiere, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Autorización de copias y uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y, V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
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