Emma Cecilia Martínez Luna

Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
32/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Emma Cecilia Martínez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Resolución conflicto competencial. Téngase por recibido el oficio 570-c, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 9/2019, planteado por este órgano jurisdiccional; acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende: "PRIMERO. Es legalmente competente el Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para conocer de la demanda de amparo promovida por Emma Cecilia Martínez Luna, ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, contra actos del Juez Segundo Letrado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y de los Actuarios adscritos a la Coordinación de Actuarios, adscrita a los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, todos estos con residencia en Mazatlán, Sinaloa; actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo. SEGUNDO.- Envíese los autos al Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila. TERCERO.- Comuníquese esta decisión al Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad." Orden de archivo. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, en virtud de que no se aceptó el avocamiento al conocimiento del asunto y se declinó la competencia en el juicio de amparo 32/2019. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Admite conflicto competencial. Se tiene por recibido el oficio 7345/2019, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con asiento en Torreón, Coahuila; en consecuencia, agréguese el comunicado de referencia para los efectos legales a que haya lugar. II. Nota de conflicto competencial. Se toma nota que se registró como conflicto competencial 9/2019; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Se insiste en declinar competencia. Se tiene por recibido el oficio 20255/2019, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al que adjunta los autos del juicio de amparo 721/2019 de su índice, formado con motivo del diverso 32/2019, de la estadística de este Juzgado de Distrito, en el que obra el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual no acepta la competencia declinada por resolución de diecisiete del mencionado mes y año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado insiste en declinar su competencia, por los razonamientos expuestos en el resolución en comento. Argumentos que sostienen la incompetencia. El órgano oficiante, señala que no acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, debido a que considera que si bien es cierto que el emplazamiento del que se duele la parte quejosa fue realizado por edictos, en virtud de una orden dada por una autoridad con residencia en esa ciudad, también lo es que el inmueble afecto al presente juicio, del cual la impetrante refiere la desposesión, se encuentra localizado en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, es decir dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que las consecuencias y efectos se trasladan a la territorialidad donde se ubica el bien motivo de garantía. Así como que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece si los actos reclamados tiene ejecución en más de un Distrito o continúan ejecutándose en otro, será competente el juzgado donde se presente primero la demanda. Argumentos que no se comparten, toda vez que como se sostuvo mediante determinación de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el juicio, por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado tuvo ejecución en Torreón, Coahuila de Zaragoza y no existe indicio de que pueda ejecutarse en algún lugar de la jurisdicción de este órgano federal. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto reproducido, se advierte que el legislador previó dos criterios principales para fijar la competencia de los jueces de distrito: el primero tiene que ver con la ejecución del acto reclamado, mientras que el segundo, guarda relación con la ausencia de esa ejecución material. Así, por lo que respecta al primer criterio, el referido numeral contiene la regla general de competencia atendiendo al lugar que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (competencia territorial). En términos generales, por 'ejecución' se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial, a la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento, por tanto, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Partiendo de ello, una decisión jurisdiccional implica que sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En el caso, el análisis íntegro del juicio revela que la peticionaria reclama el emplazamiento en el juicio sumario civil hipotecario 1130/2018, del índice del Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil, con sede en Torreón, Coahuila y en vía de consecuencia, todo lo actuado. De igual manera, se advierte que el Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, ordenó el emplazamiento por edictos a la aquí quejosa. Los cuales tuvieron ejecución y materialización en esa ciudad, mediante la aplicación electrónica de "Edictos en Línea", del portal de internet del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el catorce de mayo de dos mil dieciocho. Asimismo, el emplazamiento se ejecutó por medio de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de veintidós y veinticinco de mayo, así como uno de junio, todos de dos mil dieciocho. Además, posterior a la emisión de la sentencia condenatoria, se decretó la adjudicación del inmueble objeto de controversia y se ordenó la escrituración del bien, por conducto de un Notario Público con ejercicio en el Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Actuaciones que evidencian la ejecución del emplazamiento reclamado, fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, lo que actualiza la regla de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que establece que es competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya ejecutado el acto reclamado (competencia territorial). De ahí que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo. Máxime que de la lectura integral del juicio constitucional, no se advierte algún acto de ejecución del acto reclamado en esa ciudad. Se asevera lo anterior, puesto que la autoridades ejecutoras, cuya residencia es en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; además, si bien el juez letrado responsable aceptó la veracidad del acto reclamado, ello obedece a que, en efecto, ordenó el emplazamiento de la quejosa por edictos, lo cual se reitera, aconteció en aquella ciudad. Es aplicable al no contravenir disposiciones de la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." (Jurisprudencia P./J. 9/2001, contenida en la página 5, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Más aun, del juicio no se desprende dato certero de que las consecuencias del acto reclamado puedan ejecutarse en esta ciudad, pues se insiste, no hay indicio siquiera de que ello vaya a acontecer en donde se ejerce jurisdicción, por ende, las manifestaciones de la impetrante relativas a que el inmueble, según adjudicado a tercera persona en el juicio de origen, se encuentra en esta ciudad, no se encuentran corroboradas con actuación alguna en ese sentido, al contrario, los jueces y la coordinación de actuarios que residen en Mazatlán, negaron categóricamente los actos reclamados; de ahí la ausencia de competencia territorial. Remítanse autos y anexos para sustanciación del conflicto competencial. Atento a lo anterior, conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo que nos ocupa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien resolver el conflicto competencial planteado. Glósese. Sin que resulte necesario formar cuaderno de antecedentes, en virtud de que, en cumplimiento a lo ordenado en resolución de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, ya se había formado y, por tanto, glósese a aquél copia del oficio de cuenta, para que obre como constancia. Infórmese. Finalmente, hágase saber lo antes resuelto al Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de Ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Francisco Javier Frías Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal que guardan los autos. Revisado el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, se advierte que el doce de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en Coahuila de Zaragoza; por lo que a la fecha señalada para la audiencia constitucional, las partes no podrán imponerse de su contenido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Consecuentemente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con doce minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese.

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