Emma Arciniega Martinez

Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
835/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Emma Arciniega Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de veintiséis de octubre del año en curso, en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veintisiete siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de octubre al ocho de los que cursan. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE DEMANDA Vista la demanda de amparo firmada electrónicamente vía juicio en línea por José Luis Posada Barboza, quien se ostenta como autorizado de Emma Arciniega Robles quien promueve en representación del directo quejoso de identidad reservada bajo las iniciales E. M. A., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 1°, fracción III, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órgano jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se recibe la demanda de amparo electrónica y sus anexos, con evidencia criptográfica de su promovente; en consecuencia, con apoyo en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 835/2021-V-1. IMPROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 6° y 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De los preceptos transcritos se advierte (i) que el juicio de amparo es improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo; que (ii) el juicio de amparo se rige bajo el principio de instancia de parte agraviada, y que (ii) la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para, entre otros, los Juzgados de Distrito. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, determinó que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3° de la Ley de Amparo, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, determinó que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. De dicha resolución derivó la jurisprudencia P./J. 32/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 62, enero de 2019, tomo I, página 5, registro 2018943, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En esa tesitura, la demanda de amparo que nos ocupa es improcedente toda vez que del propio escrito se advierte indiciariamente que Emma Arciniega Robles promueve en representación del directo quejoso de identidad reservada bajo las iniciales E. M. A.; sin embargo, la presentación vía juicio en línea de dicha demanda fue enviada y firmada electrónicamente por José Luis Posada Barboza, quien se ostenta como autorizado del directo quejoso; por tanto, al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como quejoso, es decir, no hay instancia de parte. Máxime que los actos reclamados no encuadran dentro de los supuestos previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo; toda vez que se trata de actos tendientes a perjudicar, dañar y/o desposeer un predio rústico que defiende el directo quejoso; por lo que no resulta aplicable la excepción prevista en el diverso artículo 109, ultima parte, que establece que tratándose de dichos actos reclamados no se requerirá de firma electrónica. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 6, 61, fracción XXIII, y 2017, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo firmada electrónicamente por José Luis Posada Barboza, quien se ostenta como autorizado de Emma Arciniega Robles quien promueve en representación del directo quejoso de identidad reservada bajo las iniciales E. M. A., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. No se soslaya el artículo 1°, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, el cual establece que con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, se habilita la recepción de casos nuevos vía juicio en línea ?como el asunto que nos ocupa?, empero, dicha prerrogativa parte del supuesto de que no se actualice alguna causal de improcedencia. No obstante lo anterior, quedan expeditos los derechos de la parte quejosa, a fin de que, en su caso, promueva una nueva demanda de amparo vía juicio en línea, en la que cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, reconocido en el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su FIREL o e.firma (S.A.T.), en términos del citado acuerdo general, no así de su autorizado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con independencia de lo anterior, se tiene como domicilio de la promovente el ubicado en calle Oro número 611, Fraccionamiento Casa Blanca, en esta ciudad. Sin embargo, por lo que respecta a su solicitud de designación de autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como consulta electrónica del presente asunto, se desecha su petición, toda vez que por las razones dadas en el presente juicio de amparo, no se cumplió con el principio de instancia de parte agraviada a cargo del directo quejoso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS La parte quejosa y sus autorizados podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2015, con registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." AUTORIZACIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realizar. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígase al promovente que el presente auto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que éste cause estado, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que se publique sin supresión de datos.

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