Emir González Hernández
Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Emir González Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo pasado, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágas|e constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta la imposibilidad que presentó para llevar a cabo la notificación personal ordenada en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído, así como, del diverso de treinta y uno de mayo de este año, por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese como está ordenado. EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE NOTIFICO EL PROVEÍDO DE 31/05/2021: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por******, por propio derecho, en contra del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 577/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama la omisión en dar contestación a sus escritos presentados ante las autoridades responsables el once y doce de mayo de esta anualidad, por los que solicitó información. DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Del análisis de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de la Materia, se aprecia que la parte promovente se duele de la omisión en dar contestación a sus escritos presentados ante las autoridades responsables el once y doce de mayo de esta anualidad, por los que solicitó información. Ahora, en principio, este órgano jurisdiccional considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 8° Constitucional; que dicen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Lo anterior es así, toda vez que lo reclamado se hace consistir esencialmente, en la omisión de las responsables en dar contestación a los escritos de la parte quejosa, presentados el once y doce de mayo de esta anualidad, por los que solicitó información, por medio de los cuales solicitó información. Ahora bien, el artículo 8° Constitucional, establece de manera clara y precisa la frase "breve término", para dar a conocer al quejoso la respuesta sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a su naturaleza o características, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis debe ser en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía. Sobre el tema en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido a través de la Segunda Sala, en las tesis que más adelante se citan, que la expresión "breve término" a que se refiere el invocado precepto constitucional, es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse, es decir, se refiere a que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva en un periodo razonable para estudiar y analizar las solicitudes de los gobernados. Lo anterior aparece así en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así como, en la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. El "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, es el en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse, y no puede decirse que existe, si han pasado años sin que una petición haya sido acordada" Conforme a lo expuesto, y tomando en consideración que la parte quejosa elevó sus peticiones ante las autoridades responsables el once y doce de mayo del corriente, y la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de mayo del año en curso, esto es, apenas once y diez días hábiles -respectivamente- posteriores a la presentación de dichas peticiones (descontando sábados y domingos, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo), por ende, es inconcuso que, en el caso, no ha transcurrido un breve término, a afecto de que las autoridades responsables den contestación a sus escritos de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues las autoridades responsables se encuentran en tiempo para dar respuesta a los petitorios de la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que a la fecha aún algunas autoridades se encuentran laborando bajo las medidas de seguridad para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID), en donde incluso se han suspendido los plazos y términos procesales, o trabajando de manera remota o, incluso, con un porcentaje menor al de la plantilla del personal, de ahí que, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta este momento. De ahí que, si la parte promovente pretende instar el juicio de amparo por peticiones presentadas el once y doce de mayo del cursante, debe tomarse en cuenta que las autoridades para poder dar una respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, debe atenderse al termino racional en las que pueda estudiarse a cabalidad y así acordarlas con los fundamentos y motivos adecuados, para así lograr la finalidad establecida en el artículo 8 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos esenciales, la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° primer párrafo de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, se desecha de plano la demanda de garantías. Además cabe precisar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". De igual manera, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica, y como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Esteban Martínez Campos, en razón de no tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Apoya a lo anterior, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Ahora, respecto de la solicitud de que se autoricen como medios para recibir notificaciones, el correo electrónico y el número telefónico que para tal efecto indica en la demanda de amparo que nos ocupa; al efecto se provee: Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el correo electrónico despemc52@gmail.com, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número telefónico, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporar. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. DE LA GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por******, por propio derecho, en contra del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 577/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama la omisión en dar contestación a sus escritos presentados ante las autoridades responsables el once y doce de mayo de esta anualidad, por los que solicitó información. DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Del análisis de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de la Materia, se aprecia que la parte promovente se duele de la omisión en dar contestación a sus escritos presentados ante las autoridades responsables el once y doce de mayo de esta anualidad, por los que solicitó información. Ahora, en principio, este órgano jurisdiccional considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 8° Constitucional; que dicen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Lo anterior es así, toda vez que lo reclamado se hace consistir esencialmente, en la omisión de las responsables en dar contestación a los escritos de la parte quejosa, presentados el once y doce de mayo de esta anualidad, por los que solicitó información, por medio de los cuales solicitó información. Ahora bien, el artículo 8° Constitucional, establece de manera clara y precisa la frase "breve término", para dar a conocer al quejoso la respuesta sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a su naturaleza o características, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis debe ser en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía. Sobre el tema en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido a través de la Segunda Sala, en las tesis que más adelante se citan, que la expresión "breve término" a que se refiere el invocado precepto constitucional, es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse, es decir, se refiere a que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva en un periodo razonable para estudiar y analizar las solicitudes de los gobernados. Lo anterior aparece así en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así como, en la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. El "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, es el en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse, y no puede decirse que existe, si han pasado años sin que una petición haya sido acordada" Conforme a lo expuesto, y tomando en consideración que la parte quejosa elevó sus peticiones ante las autoridades responsables el once y doce de mayo del corriente, y la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de mayo del año en curso, esto es, apenas once y diez días hábiles -respectivamente- posteriores a la presentación de dichas peticiones (descontando sábados y domingos, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo), por ende, es inconcuso que, en el caso, no ha transcurrido un breve término, a afecto de que las autoridades responsables den contestación a sus escritos de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues las autoridades responsables se encuentran en tiempo para dar respuesta a los petitorios de la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que a la fecha aún algunas autoridades se encuentran laborando bajo las medidas de seguridad para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID), en donde incluso se han suspendido los plazos y términos procesales, o trabajando de manera remota o, incluso, con un porcentaje menor al de la plantilla del personal, de ahí que, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta este momento. De ahí que, si la parte promovente pretende instar el juicio de amparo por peticiones presentadas el once y doce de mayo del cursante, debe tomarse en cuenta que las autoridades para poder dar una respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, debe atenderse al termino racional en las que pueda estudiarse a cabalidad y así acordarlas con los fundamentos y motivos adecuados, para así lograr la finalidad establecida en el artículo 8 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos esenciales, la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° primer párrafo de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, se desecha de plano la demanda de garantías. Además cabe precisar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". De igual manera, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica, y como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Esteban Martínez Campos, en razón de no tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Apoya a lo anterior, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Ahora, respecto de la solicitud de que se autoricen como medios para recibir notificaciones, el correo electrónico y el número telefónico que para tal efecto indica en la demanda de amparo que nos ocupa; al efecto se provee: Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el correo electrónico despemc52@gmail.com, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número telefónico, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporar. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. DE LA GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Emilio José Robles34/2021
- Emilio Mota Sarmiento314/2021
- Emilio Nuñez de Jesús364/2021
- Emilio Rebollar García232/2022
- Emilio Ricardo Rivera968/2022
- Emilse Litzine Luis Quero y Otros.99/2017
- Emma Norma Aquino Guendulain62/2018
- Emma Silvia Suarez Guerrero1086/2021
- Emma silvia Suárez Guerrero406/2022
- Emmanuel Avendaño Hernández740/2023
- Emmanuel Linares Bello820/2021
- Emmanuel López Gómez682/2019