Emilio Yepes Moreno y Otros.
Expediente 187/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Emilio Yepes Moreno y Otros.
- Emilio Yepes Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MJESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que declaró que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector en este juicio de amparo; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Principal
MESA VI-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, se advierte que en auto de catorce de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el presente juicio de amparo (fojas 231 y 232), la imposibilidad jurídica para el cumplimiento y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido; sin embargo, se omitió enviar el oficio relativo al tercero interesado Gobierno del Estado de Oaxaca; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, remítase el oficio respectivo a dicha autoridad, a fin de que quede debidamente enterada de su contenido. Notifíquese.
- Incidental
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 187/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Ahora, de las constancias de autos se advierte que mediante sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Emilio Yepes Montero, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Ixcotel, Oaxaca: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión de nueve de octubre de dos mil quince, librada en contra del quejoso Emilio Yepes Montero, en la causa penal 145/2015 de su índice, solo por lo que al citado quejoso se refiere, y 2. Hecho lo anterior, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, empero fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en esa resolución, respecto a la probable responsabilidad del aquí quejoso. Concesión que se hizo extensiva a los diversos actos de ejecución atribuidos al Fiscal General del Estado, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Órdenes de Aprehensión, con sede en esta ciudad; en virtud de que dichos actos se combatieron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Sin embargo, mediante oficio 1212 de uno de marzo de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (con posterioridad a la sentencia de amparo), remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el proceso penal 145/2015 de su índice; de la que se advierte que revocó las órdenes de aprehensión libradas el nueve de octubre de dos mil quince, en contra del aquí quejoso Emilio Yepes Montero, por su probable responsabilidad en los delitos de robo específico y daños, cometidos en perjuicio patrimonial, el primero, de Soluciones en R.H Avant, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada y, el segundo, del Gobierno del Estado de Oaxaca; y en consecuencia, ordenó girar oficio al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía del Estado, para que deje sin efecto la ejecución de los citados mandamientos de captura (fojas 224 a 228). En tal virtud, al haberse revocado las órdenes de aprehensión libradas contra el aquí quejoso el nueve de octubre de dos mil quince, en la causa penal 145/2015 del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y, en consecuencia, haberse ordenado al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía del Estado, que dejara sin efectos dichos mandamientos de captura (que esencialmente constituyeron los actos reclamados en esta instancia); es evidente, que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pues ya no existe la causa que motivó la concesión del amparo solicitado por el quejoso, es decir, ya no hay orden de aprehensión que dejar insubsistente y ya se emitió una nueva resolución en la que se satisface la pretensión del impetrante. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, dado el criterio adoptado, devuélvase al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la copia certificada del expediente penal 145/2015 de su índice, que remitió como apoyo a su informe; con la cual, por auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó formar el cuaderno de pruebas correspondiente (foja 199 vuelta). Notifíquese personalmente.
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