Emilio Víctor Juárez Vásquez
Expediente 444/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Emilio Víctor Juárez Vásquez
- Juez Calificador y/o Juez Calificador de la Policía Vial en turno en el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la certificación que antecede, se observa que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo (única parte a quien puede afectar dicha determinación); sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Aunque las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, al no existir asunto pendiente de por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Toda vez que en acuerdo de siete de mayo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados; transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Intégrense los oficios sin número, por medio de los cuales, la Juez Calificadora Municipal en turno, del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete del actual, rinde su informe respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la responsable de que se trata, las que anexa a su comunicación de cuenta, consistentes en diversas constancias derivadas de la detención y liberación del directo quejoso ********************; mismas se desahogan en razón a su propia naturaleza. Ahora bien, del estado de autos y de las constancias que obran en este juicio de amparo, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, se aprecia en lo siguiente: a) Mediante demanda de amparo recibida por la secretaria de guardia a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos el siete de mayo de dos mil veintitrés, Eliud Juan Martínez López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directo agraviado *********************************, contra actos del Juez Calificador y/o Juez Calificador de la policía vial en turno en el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y otra autoridad, que hizo consistir en: "I. ACTO RECLAMADO.- LA DETENCIÓN ILEGAL de la libertad de mi representado en las instalaciones que ocupa el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fuera de algún procedimiento legal que funde y motive su determinación" b) En diligencia de notificación personal de esa misma fecha, la parte ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre, por lo que mediante acuerdo de ocho del mes y año en curso, se tuvo por ratificada la demanda de amparo promovida en su nombre. Asimismo, en la referida diligencia de siete del mes en curso, la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, hizo constar el buen estado físico del referido impetrante sin ninguna lesión o marca de violencia visible. En tales circunstancias, este juzgador estima que en relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye los efectos del acto reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa reclama la orden de detención emitida en su contra por haber incurrido en falta administrativa consistente en conducir en estado de ebriedad y su ejecución. Ahora, de las constancias que obran en autos, permite apreciar que a las catorce horas con cuarenta y un minutos el siete de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Calificador Municipal encargado del primer turno, giró boleta de libertad al Comandante en turno de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a favor del aquí quejoso Emilio Víctor Juárez Vásquez, a fin de que se le dejara en inmediata libertad, en cumplimiento a la suspensión de plano decretado en este asunto. En este contexto, resulta evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo motivo del juicio que nos ocupa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; tomando en cuenta que el siete de mayo en curso fue puesto en libertad. Lo que resulta suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituido el agraviado en el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido la protección constitucional. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, registro digital: 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, atento al estado procesal que gurda este expediente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta y cinco minutos del dos de junio del año en curso, así como las providencias emitidas en auto inicial con motivo de la suspensión de plano decretada en este asunto. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Materias(s): Común, con registro digital 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Ratifica demanda Vista la razón actuarial de siete de mayo de los corrientes, se advierte que en la diligencia de notificación del proveído de siete de mayo en curso, el directo agraviado ******************* ratificó la demanda promovida en su nombre por ***************************. En consecuencia, téngase por ratificada la demanda promovida en esta instancia. Admisión de la demanda Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I y último párrafo, 2°, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió ++++++++++++++++++ contra actos del Juez calificador y/o juez calificador de la policía vial en turno en el Municipio de Santa Lucia del Camino y otra autoridad. Suspensión Sin que haya lugar a proveer lo relativo a la suspensión de plano, pues en acuerdo de siete de mayo en curso, ya se proveyó lo conducente. Audiencia Constitucional Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para la audiencia constitucional, la cual será por videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; salvo que este órgano jurisdiccional estime necesaria la presencia física de las partes. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 27, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, hágase saber a las partes que si consideran estrictamente necesario acudir a este órgano jurisdiccional, su participación en la audiencia será mediante videoconferencia, a través del equipo de cómputo destinado para tal efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 261 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que, de no manifestar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informe justificado Se requiere a las autoridades responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 22 y 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido numeral. Se les apercibe que de ser omisas en rendir sus informes con justificación o de rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará efectiva en su perjuicio, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se les hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir sus informes con justificación, mediante el uso de firma electrónica, a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, manifiesten bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitadas para firmar electrónicamente y se cuenten elementos suficientes para tener por acreditada la autenticidad del escrito, acorde con lo establecido en el artículo 52 Bis, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 9515023565 ext. 2101, a fin de evitar dilaciones innecesarias. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Precisión de autoridad Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que la denominación correcta de la autoridad responsable denominada como "Comandante de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca", lo es la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este Juzgado de Distrito, para que realice la modificación de dicha autoridad en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causales de sobreseimiento Comuníquese a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Actuaría de este juzgado. Autorizado Dado que en proveído inicial de siete del actual, se reservó acordar en cuanto al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en consecuencia, téngase por autorizada a Brenda Shantal Juárez Pérez únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, por no encontrarse registrada cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", que la faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho; sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, si a sus intereses conviniere, se le tendrá por autorizada en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables."
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