Emilio Varela Parga

Expediente 994/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
994/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Emilio Varela Parga
  • Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    ..... Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Vista la promoción de cuenta; agregase a los autos el escrito mediante el cual se tiene que el quejoso Emilio Varela Parga, cumple con el requerimiento formulado en fecha trece de diciembre del año en curso, y de la cual se provee lo siguiente. PRESICIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo y la promoción de cuenta, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: La resolución interlocutoria de fecha ocho de noviembre del año en curso, que resolvió el incidente de liquidación. La notificación de dicha sentencia interlocutoria. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el presente asunto, respecto del segundo de los actos reclamados, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Al respecto, la fracción XVIII, del citado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, que agote los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja y de la que se aduce agraviado. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y de la ampliación, se obtiene que, dentro del juicio hipotecario de origen, se abrió el incidente liquidación, en el cual se dictó sentencia interlocutoria el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la cual le fue notificada el once del citado mes y año, notificación de la cual se adolece el quejoso; acto que se corrobora con la copia de dicha interlocutoria que el peticionario de amparo anexa en su escrito inicial. Ahora bien, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, se encuentra contemplada la posibilidad de que los justiciables interpongan incidentes en contra de actuaciones y notificaciones que consideren contrarias a las reglas del procedimiento, lo anterior se encuentra inserto en el artículo 904 de dicho ordenamiento legal, como se puede ver a continuación: "904.- Las promociones de nulidad de actuaciones por falta o defecto de citación o notificación, o por otros defectos u omisiones procesales, serán resueltas de plano por el juez, sin formar artículo ni suspender el procedimiento." Consecuentemente, los artículos 178 y 179 del citado cuerpo de leyes, reglamentan más a fondo la manera en que se tramitará dicho incidente, así como aquellos casos en los que puede considerarse como nula una notificación, a saber de los siguiente: "178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. 179.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." Por lo cual se evidencia la clara intención del legislador en la reglamentación de los juicios de carácter civil, de disponer de un medio de defensa para los justiciables que estén llevando ese tipo de asuntos; específicamente, la procedencia de los incidentes, como medios de control para que los jueces competentes puedas rectificar los errores que pudieran tener; por lo tanto, es evidente que el quejoso se encuentra obligado a interponerlo previo a la promoción del presente juicio de amparo. Es así pues se insiste, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le confiere, como en el caso lo es el incidente de nulidad; por lo que, al no haber procedido conforme a lo previsto en tal numeral y no haber agotado el principio de definitividad (pues de las constancias remitidas por la responsable, no existe evidencia que así lo acredite), es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por su parte, cabe precisar que no se advierte que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, con motivo de que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Ahora bien, por lo que versa al diverso acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria dictada en ocho de noviembre del año en curso, lo consecuente es desechar por extemporáneo, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual se invoca a continuación: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad (.); En efecto, el artículo 17 del ordenamiento legal en comento, señala que el plazo general para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo citadas excepciones. En tanto que el diverso numeral 18 de la ley en comento, dispone que los plazos a los que hace referencia el artículo anterior, se computaran a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, esto conforme a la ley del acto que lo origina. De este modo, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentida conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso en concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, que resuelve el incidente de liquidación. Acto del cual, el quejoso señala en la demanda de amparo, que el día de la presentación de dicho ocurso tuvo conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, contrario a lo indicado por el impetrante de garantías, fue notificado de dicha interlocutoria el día once de noviembre del año en curso, surtió efectos el mismo día, conforme lo que señala el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por lo que el plazo inició el doce siguiente y feneció tres de diciembre de los corrientes; declarándose como inhábiles los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad a lo establecido con el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el quince del citado mes por haber sido declarado inhábil. Siendo el caso, que el quejoso presentó su demanda de garantías en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, es inconcuso, que resultó extemporánea al haber transcurrió el término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de garantías, pues a la fecha del ejercicio de la acción constitucional transcurrieron diecinueve días y ante lo cual, debe refutarse consentida la resolución reclamada de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual, la responsable resolvió el incidente de liquidación. Además, los actos reclamados por el quejoso, no se encuentran dentro de las excepciones que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentarse la demanda en cualquier tiempo, pues no se trata de normas de carácter autoaplicativo, sentencia definitiva en proceso penal, ni relativos a derechos agrarios, incluso, tampoco se advierte que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o de alguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Es sumamente importante mencionar que, se llega a la anterior determinación tomando en consideración la cédula de notificación que el propio quejoso exhibe en su demanda de amparo; ya que, si bien es cierto, que el propio quejoso aduce que se enteró en diversa fecha del citado acto reclamado; lo cierto es que dicha notificación tiene el carácter de subsistente, derivado de que no puede ser analizada en esta instancia federal, porque como se dijo en líneas que anteceden, sigue vigente. Por tanto, y atendiendo a que el quejoso no agotó el principio de definitividad en el juicio de origen, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Emilio Varela Parga. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Margarita Arreola Ramírez; toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el que señala en su ocurso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento del quejoso que se le permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente quejoso. ....

  2. Principal

    CUENTA. En trece de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Emilio Varela Parga, registrada con el número de folio 18668, y copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que la licenciada Margarita Arreola Ramírez, no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Emilio Varela Parga, contra actos del Jueza Segunda de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de la Capital, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 994/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y". Por su parte, el numeral 108, fracciones III, IV y V de la ley de la materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos legales que se transcriben se desprende que es facultad del juez de amparo requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda cuando de este se adviertan irregularidades u omisiones, no se encuentren satisfechos los requisitos que la ley prevé para la demanda de amparo indirecto, o cuando no se hubiera expresado con precisión el acto reclamado. Por su parte, el artículo 108 establece que entre los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo indirecto se encuentran, las autoridades que considere como responsables, el acto reclamado y la narración, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y las abstenciones que sean antecedente de los actos reclamados. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el peticionario de amparo señala: "III. FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad los actos reclamados a la fecha no han sido notificados legalmente ni personalmente a mi persona dado que al momento de Ilevar acabo la notificación de la resolución del Incidente de Liquidación de fecha 08 de noviembre de 2021, de la cual se solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, no se señala el domicilio en que se lleva a cabo la supuesta notificación, tampoco se recaba la firma de la persona con la que supuestamente se deja la misma ya que supuestamente en fecha 11 de noviembre de 2021, se deja con una persona ajena y que no es la autorizada para recibir ese tipo de notificaciones, sin que medie citatorio previo en que se cite a los autorizados, para que espere a una hora determinada al día siguiente, en domicilio señalado para recibir notificaciones y si no se encontraran en el domicilio a la hora del citatorio, entender la diligencia ahora si con la persona que se encontrara en dicho domicilio (lo anterior no obstante que en el Resolutivo QUINTO se señala: "Notifíquese personalmente y cúmplase); por lo que al ser ilegal dicha notificación me doy por enterado de la resolución del Incidente de Liquidación a la presentación del Juicio de Amparo Indirecto; lo anterior para el efecto de que se admita en tiempo y forma legales la solicitud de Amparo y Protección de la Justicia Federal, por lo que la solicitud de Amparo y Protección de la Justicia Federal, esta presentada en tiempo y forma legales." De la anterior transcripción, se desprende que el quejoso señala no haber sido debidamente notificado de la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la notificación de la sentencia interlocutoria de ocho de noviembre del año en curso, dictada en el Incidente de Liquidación derivado del Juicio Hipotecario 21/2012. Que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de la Capital, en razón de que el acto señalado el párrafo anterior, es atribución de ésta autoridad. Que aclare la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Toda vez que en sus puntos petitorios solicita que se recaben los informes previos; se le requiere para que manifieste sí es su deseo pedir la suspensión de los actos reclamados. Exhiba las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes y formar el cuaderno de suspensión por separado, en su caso; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá como autoridad responsable y acto reclamado, únicamente los señalados en su demanda de derechos; asimismo, en caso de no exhibir las copias para formar el cuaderno de suspensión, se postergará el mismo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Margarita Arreola Ramírez; toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el que señala en su ocurso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento del quejoso que se le permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Antonio Calderón Espinosa, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. GEE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO..... PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y". Por su parte, el numeral 108, fracciones III, IV y V de la ley de la materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos legales que se transcriben se desprende que es facultad del juez de amparo requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda cuando de este se adviertan irregularidades u omisiones, no se encuentren satisfechos los requisitos que la ley prevé para la demanda de amparo indirecto, o cuando no se hubiera expresado con precisión el acto reclamado. Por su parte, el artículo 108 establece que entre los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo indirecto se encuentran, las autoridades que considere como responsables, el acto reclamado y la narración, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y las abstenciones que sean antecedente de los actos reclamados. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el peticionario de amparo señala: "III. FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad los actos reclamados a la fecha no han sido notificados legalmente ni personalmente a mi persona dado que al momento de Ilevar acabo la notificación de la resolución del Incidente de Liquidación de fecha 08 de noviembre de 2021, de la cual se solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, no se señala el domicilio en que se lleva a cabo la supuesta notificación, tampoco se recaba la firma de la persona con la que supuestamente se deja la misma ya que supuestamente en fecha 11 de noviembre de 2021, se deja con una persona ajena y que no es la autorizada para recibir ese tipo de notificaciones, sin que medie citatorio previo en que se cite a los autorizados, para que espere a una hora determinada al día siguiente, en domicilio señalado para recibir notificaciones y si no se encontraran en el domicilio a la hora del citatorio, entender la diligencia ahora si con la persona que se encontrara en dicho domicilio (lo anterior no obstante que en el Resolutivo QUINTO se señala: "Notifíquese personalmente y cúmplase); por lo que al ser ilegal dicha notificación me doy por enterado de la resolución del Incidente de Liquidación a la presentación del Juicio de Amparo Indirecto; lo anterior para el efecto de que se admita en tiempo y forma legales la solicitud de Amparo y Protección de la Justicia Federal, por lo que la solicitud de Amparo y Protección de la Justicia Federal, esta presentada en tiempo y forma legales." De la anterior transcripción, se desprende que el quejoso señala no haber sido debidamente notificado de la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la notificación de la sentencia interlocutoria de ocho de noviembre del año en curso, dictada en el Incidente de Liquidación derivado del Juicio Hipotecario 21/2012. Que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de la Capital, en razón de que el acto señalado el párrafo anterior, es atribución de ésta autoridad. Que aclare la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Toda vez que en sus puntos petitorios solicita que se recaben los informes previos; se le requiere para que manifieste sí es su deseo pedir la suspensión de los actos reclamados. Exhiba las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes y formar el cuaderno de suspensión por separado, en su caso; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá como autoridad responsable y acto reclamado, únicamente los señalados en su demanda de derechos; asimismo, en caso de no exhibir las copias para formar el cuaderno de suspensión, se postergará el mismo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Margarita Arreola Ramírez; toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el que señala en su ocurso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento del quejoso que se le permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. 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