Emilio Sánchez Selvas

Expediente 507/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
507/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Emilio Sánchez Selvas

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se aprecia que la notificación del auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 210 a 215), al quejoso Emilio Sánchez Selvas, se realizó el veinticuatro de abril del año en curso (fojas 242 y 243) y surtió efectos el veinticinco siguiente, por lo que es evidente que los tres días concedidos para que señalara nombre de persona y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrieron del veintiséis al veintiocho de abril del presente año. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 210 a 215); por tanto, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun de carácter personal, se le hagan por lista de estrados en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta que señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo principal 124/2017, de su índice, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que se avocó al conocimiento del presente asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 507/2017-2-A. COMPETENCIA Téngase por recibido el oficio, remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite el expediente relativo al Juicio de Amparo 124/2017, de su índice, promovido por ***, por su propio derecho, original y copia del incidente de suspensión. Lo anterior, en virtud de que mediante auto de once de abril del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo antes referido, tocando conocer de la misma a este órgano federal. Remítase el acuse de recibo correspondiente. En tal virtud, con apoyo en los artículos 35, 37 y 38, de la Ley de la Materia, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado no acepta la competencia planteada, respecto de la demanda promovida por ***, contra actos del Juez de Control (Iván Martínez Villatoro), Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por las razones que a continuación se exponen: Del oficio de cuenta se advierte que el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, declaró ser legalmente incompetente por razón de territorio, para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo de referencia, tomando en consideración que de acuerdo al análisis que practicó a las constancias que obran en autos, considera competente al juez cuya jurisdicción se encuentre en el lugar en que deben ejecutarse los actos de molestia; por lo que, estimó que el acto reclamado tiene ejecución en esta Entidad. Ahora, los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De los preceptos transcritos, se advierte que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anterior, para fijar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio, en principio, es necesario atender a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, a fin de determinar si requieren o no de ejecución material y, en consecuencia, fincarla en función del lugar donde dicha ejecución deba darse, trate de realizar o se haya verificado, o bien, conforme a la elección del quejoso. En la inteligencia que la ejecución material, como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito, atañe a la relación de acciones que producen un cambio material en el mundo fáctico, de modo tal que no se circunscribe a que el acto establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión de trece de enero de dos mil diecisiete, dictada en contra del quejoso por el Juez de Control Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y su ejecución; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora bien, como se precisó anteriormente, quien ahora resuelve estima que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer del presente asunto, pues aun cuando la autoridad jurisdiccional que emitió la orden de captura tenga residencia en esta ciudad y las autoridades ejecutoras con sede en la Ciudad de México hayan negado la existencia del acto que se les atribuye, lo cierto es que tal circunstancia hasta este momento, no es suficiente para determinar la competencia de este juzgado para conocer del trámite del juicio de amparo. En efecto, de acuerdo a lo manifestado por el propio quejoso, éste tiene su domicilio en la Ciudad de México, y por tal motivo señaló como autoridades ejecutoras al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; de lo que se infiere que los actos aquí reclamados tratan de ejecutarse en dicho lugar, cumpliéndose con lo previsto en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que aun cuando las autoridades ejecutoras con sede en la Ciudad de México, hayan negado los actos de molestia y el Subdirector de Amparo, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, haya informado que no encontró registro de oficio de colaboración relativo a la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, lo cierto es que el impetrante del amparo tiene la oportunidad de desvirtuar la inexistencia a que hicieron referencia dichas autoridades hasta el día en que se celebre la audiencia constitucional. Sin que pase desapercibido el hecho de que el auto de incompetencia haya sido emitido en la data señalada para la celebración de la audiencia respectiva, ya que del estado procesal del juicio de amparo se advierte que aun se encontraba pendiente el desahogo de una vista concedida al quejoso (auto de siete de abril de la presente anualidad); y por tanto, dicha audiencia debía diferirse, por lo que se concluye que el quejoso aun se encontraba en aptitud de probar la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables con sede en la Ciudad de México. Al caso es aplicable, a contrario sensu, la Jurisprudencia número P./J. 9/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Por lo expuesto con antelación, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, devuélvase al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, los autos originales del juicio de amparo 124/2017, de su estadística, así como los incidentes de suspensión respectivos, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo que tenga a bien expedir. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, en razón de que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, y a efecto de hacérsele saber la presente determinación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal notifique el contenido del presente a la parte quejosa, mediante lista que se fija en lugar visible de ese órgano constitucional. Igualmente, le requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Hecho que sea, se sirva devolver a la brevedad la comunicación oficial que se le envía. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado para en términos amplios a Jaime Carbajal Torre, asimismo, en términos restringidos del numeral 24 segundo párrafo de la ley de la materia, a las demás personas que indica, por no encontrarse registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, sin perjuicio de que posteriormente lo acrediten. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Cúmplase.

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