Emilio Sanchez Reyes

Expediente 135/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
135/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
12/07/2016

Partes del expediente

  • Emilio Sanchez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 135/2016-1A; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Mexicali, el dos de marzo de dos mil dieciséis, y remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el día siguiente, ocurrió en demanda de amparo la parte quejosa contra actos de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa III de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad y otra. SEGUNDO. No se transcribirá el acto reclamado por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción en la sentencia, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material de ésta, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a foja 406, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Derechos fundamentales. Las quejosas narraron los antecedentes del acto reclamado y consideraron infringidos en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Tramite. Previo requerimiento debidamente cumplimentado, por auto de uno de abril de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se celebró el día de hoy al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 1º., fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a que son actos atribuidos a una autoridad, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, partiendo del criterio de considerar la demanda como un todo. Por lo que, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste en: La omisión de dar respuesta por escrito y en breve término, a la petición formulada por el quejoso el cinco de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa AP/PGR/BC/MXL/1029/2015/MVII. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa III de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó como cierto el acto reclamado y, al efecto, en apoyo a su informe remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente AP/PGR/BC/MXL/1029/2015/MVII y AP/PGR/BC/MXL/1029/2015/M-III de su índice (fojas 42 a 66), los que al tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. Por otra parte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VII de Averiguaciones Previas, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haberse requerido con la oportunidad debida, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en los presentes autos, por tanto, se presume cierto el acto que se le imputa a la citada responsable, conforme al párrafo tercero, artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.15o.A.29 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 2541, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto." CUARTO. Sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa AP/PGR/BC/MXL/1029/2015/MVII. Ahora bien, de las constancias que anexó la responsable en apoyo a su informe con justificación, se desprende lo siguiente: Que por acuerdo de seis de noviembre de dos mil quince, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VII de Averiguaciones Previas, con sede en esta ciudad, dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa en cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 45 a 48). Ahora, este juzgador no soslaya que la respuesta emitida por autoridad responsable no haya sido notificada a la parte quejosa en el domicilio señalado en el escrito de cinco de noviembre de dos mil quince; sin embargo, el quejoso tuvo conocimiento pleno del contenido de dicha contestación al momento que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa III de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, rindió su informe con justificación, ello es así, toda vez que fue agregado mediante acuerdo de trece de abril de dos mil dieciséis, ordenándose dar vista a la parte quejosa con el mismo, a fin de que estuviere en posibilidad de ampliar su demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna en ese sentido. Por lo anterior, resulta evidente que el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, quedó plenamente notificado de dicho auto, y por ende, de la contestación que se duele, con lo cual se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado (foja 73). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación, consultable a foja 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Se insiste, si de las constancias que obran en autos queda demostrado que la autoridad responsables Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VII de Averiguaciones Previas, con sede en esta ciudad, emitió la contestación respectiva; pone de relieve que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de las autoridades responsables de mérito; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior, resulta innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 335, Tomo VI, de la obra en cita, del título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por EMILIO SÁNCHEZ REYES, contra el acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan el telegrama y oficios de cuenta que remiten el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01, ambas con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, y Jefe de oficina del Departamento Jurídico Divisional de la comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, mediante los cuales dan contestación a lo requerido en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo. Por otra parte, visto el estado actual de autos, se advierte que mediante proveídos de ocho, nueve y trece de junio del año en curso, éste Juzgador se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto informaran la totalidad de las dependencias que fueron requeridas en proveído de treinta y uno de mayo del año que transcurre; en consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en los domicilios ubicados en Carretera Sonoyta 7000 y/o Carretera Federal San Luis Río Colorado-Sonoyta, kilometro 192 y/o Avenida Maquiladores entre Samuel Ocaña y José López Portillo, ambos del Parque Industrial, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, a fin de que con copia de la demanda, proceda a emplazar al presente juicio de amparo a la tercera interesada Concesionaria y Operadora del Puente Internacional Cucapa, Sociedad Anónima de Capital Variable; haciéndole saber el día y hora de la audiencia constitucional correspondiente.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación que antecede y el estado actual de autos, se advierte que aún no ha sido emplazada al presente juicio de amparo la parte tercera interesada Concesionaria Y Operadora del Puente Internacional Cucapa, Sociedad Anónima de Capital Variable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, como nueva fecha para su celebración. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se requirió al Director de Seguridad Pública Municipal y al Instituto Federal Electoral, ambos con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, entre otras, a fin de que proporcionaran el domicilio cierto y actual de la parte tercera interesada Concesionaria y Operadora del Puente Internacional Cucapa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de emplazarla al presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan remitido la información solicitada. En consecuencia, requiérase a las citadas dependencias, para que dentro del PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de su legal notificación, se sirvan proporcionar los domicilios que se encuentren registrados en las bases de datos que obren en los archivos de esa dependencia, de la citada parte tercera interesada; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de veinte días el valor diario de la unidad de medida y actualización (73.04 UMA), equivalente a $1,460.80 pesos (un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 moneda nacional), de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, con independencia de la que pueda ocasionar la de proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido y agréguese a los autos el telegrama de cuenta, que remite el Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, con el cual informa que después de haber hecho una búsqueda minuciosa en sus archivos, no encontraron domicilio de la parte tercera interesada Concesionaria y Operadora del Puente Internacional Cucapá, Sociedad Anónima de Capital Variable; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto informen la totalidad de las dependencias que fueron requeridas en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

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