EMILIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 94/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
94/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2015

Partes del expediente

  • EMILIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Emilio Sánchez González, mediante el cual cumple la prevención realizada en autos. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda y aclaratorios, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De acuerdo con el artículo de referencia, el término genérico para promover el proceso constitucional de amparo es de quince días, salvo los supuestos excepcionales previstos casuísticamente en las fracciones transcritas. Así que, en términos del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, contra actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, puede promoverse la instancia constitucional en cualquier tiempo. Una interpretación en sentido contrario de esta última disposición legal permite establecer que tratándose de actos que afecten la libertad personal, dictados dentro del procedimiento penal, el término para promover amparo es de quince días, debido a que dicho supuesto no corresponde con el de excepción previsto en el artículo y fracción mencionados, sumado a que las disposiciones legales que regulan casos de excepción son de aplicación estricta. En esta parte, resulta oportuno mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, emitió criterio obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, respecto de juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, solamente procederá el amparo en cualquier tiempo, contra actos dictados dentro del procedimiento penal que afecten la libertad personal, como el auto de formal prisión, cuando el acto restrictivo de la libertad de que se trate haya sido dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo más reciente, esto es, antes del tres de abril de dos mil trece, pues el Pleno del más alto Tribunal del País determinó que las disposiciones de transición de la nueva Ley de Amparo, esto es, los artículos transitorios tercero y quinto del decreto relativo, no establecieron ese supuesto; por lo que en función de la tutela de los derechos humanos de seguridad jurídica y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta la inexistencia de norma transitoria, e incluso, de diversa norma en vigor expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, los actos de autoridad que afecten la libertad personal, dictados durante la vigencia de la ley de la materia abrogada, dentro de un procedimiento judicial penal, como lo es el auto de formal prisión, pueden ser impugnados en cualquier tiempo. Es aplicable la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P. /J. 45/2014 (10a.) Página: 5 "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." En este contexto, en juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe observarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 17 de dicha Ley, relacionada con el término genérico de quince días para promover amparo contra actos de autoridad que afecten la libertad personal, dictados dentro de un procedimiento de orden penal, como es el auto de formal prisión, con excepción del supuesto en que el acto reclamado de que se trate, haya sido dictado con anterioridad al tres de abril de dos mil trece. A mayor abundamiento, se toma en cuenta que el establecimiento del plazo para la promoción del amparo, al que se ha hecho referencia, busca equilibrar los derechos humanos del inculpado frente a los de la víctima u ofendido por el delito, sin generar al afectado por una resolución que implique la privación de la libertad personal dentro de un procedimiento, un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso de libertad deambulatoria; por lo que el establecimiento de un término en la actual Ley de Amparo, a diferencia de la abrogada, conforme con la cual podía promoverse la instancia constitucional de amparo en cualquier tiempo contra actos restrictivos de libertad dictados dentro del procedimiento judicial, no constituye una medida legislativa regresiva. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006591 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. /J. 42/2014 (10a.) Página: 43 "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). La regulación del plazo para acudir al juicio de amparo en contra de sentencias condenatorias que impongan pena de prisión, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, se rige por el principio de progresividad dado que para el ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta determinante contar con un plazo que de manera razonable permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. A pesar de lo anterior, en virtud de que los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales -la que además de suscitarse entre las que asisten a un individuo se actualiza entre distintas personas en razón de la interrelación existente entre sus derechos humanos- para determinar si una norma general que conlleva una disminución al grado de tutela de alguno de ellos respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, resulta necesario tomar en cuenta si ello tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas. En ese sentido, cuando se presenta una relación de interdependencia entre el derecho de acceso efectivo a la justicia del sentenciado y los derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia de la o las víctimas de la conducta delictiva materia del respectivo juzgamiento penal, ante una limitación de aquella prerrogativa que provoca una disminución de su grado de tutela, para determinar si la regulación respectiva respeta el principio de progresividad, es necesario analizar si ésta genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se tratará de una legislación regresiva. Por tanto, tomando en cuenta que el establecimiento del plazo materia de análisis busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado y los de las víctimas, sin generar al afectado por una sentencia condenatoria un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, la previsión del plazo de ocho años, computado a partir del tres de abril de dos mil trece, para impugnar en amparo directo una sentencia condenatoria que impone pena de prisión no implica una medida legislativa de carácter regresivo y, por ende, es acorde al principio de progresividad." Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha Ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; hipótesis legales que resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. En ese aspecto, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, en su artículo 85 señala: ". Artículo 85.- Los términos son improrrogables. Empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los términos los días inhábiles, salvo cuando se trate de poner al inculpado a disposición del tribunal que conocerá de su caso, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica. El término para resolver podrá ampliarse sólo a petición del inculpado o de su defensor. Decretada la ampliación, el juez deberá comunicarla inmediatamente al encargado del reclusorio donde se halle el detenido." Al respecto, debe considerarse la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006561 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: VII.4o.P.T. J/2 (10a.) Página: 1805 "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Aun cuando el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, en abrogación paulatina a partir del 11 de mayo de 2013, que señala que los términos son improrrogables y empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos en que el aludido ordenamiento señale expresamente, en principio, no especifica si aplica para todo tipo de plazos, pero además es omiso en precisar a partir de cuándo surten efectos las notificaciones personales en los procedimientos penales, aunado a que en ninguna parte del propio capítulo VIII, intitulado de los "Términos" ni del diverso capítulo XII relativo a las "Notificaciones", ambos del título primero de las "Reglas generales para el proceso penal" del propio código, se advierte que contemplen tal hipótesis, necesaria para que con certeza y seguridad jurídica las partes puedan ejercer debida y oportunamente sus derechos procesales. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema y al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la jurisdicción, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al cual, todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca al justiciable, debe entenderse que las notificaciones personales realizadas en el proceso penal surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues de esta manera se garantiza un acceso real a la justicia para las partes, al tener un plazo más amplio para inconformarse contra alguna resolución o dar cumplimiento a los requerimientos que se les realicen." HECHOS En el caso, el juicio de amparo en que se actúa inició el veintiséis de enero de dos mil quince, fecha en que fue presentada la demanda de amparo correspondiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa (foja 2) y, por ende, en la substanciación y resolución de este juicio se aplica la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en términos del artículo primero transitorio del decreto relacionado con la expedición de dicho ordenamiento, publicado el dos de abril de dos mil trece, en el cual se estableció que dicha Ley de Amparo entraría en vigor al día siguiente de la publicación correspondiente. El auto de formal prisión reclamado, fue dictado por el juez responsable el trece de noviembre de dos mil catorce, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (foja 3). Asimismo, del escrito que se provee, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el autor de formal prisión reclamado le fue notificado personalmente el dieciocho de noviembre de dos mil catorce (foja 17). CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la parte quejosa tuvo conocimiento del auto de formal prisión reclamado a partir del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, día en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, por parte de la autoridad responsable, en términos del artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz. Por lo tanto, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso promoviera la instancia constitucional en contra de la resolución reclamada, transcurrió del diecinueve de noviembre al nueve de diciembre, ambos de dos mil catorce, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de noviembre y seis y siete de diciembre, todos del año dos mil catorce, por haber correspondido a inhábiles, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, si la demanda de amparo de la cual deviene este asunto fue presentada hasta el veintiséis de enero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa (foja 2), esto es, con posterioridad a la fecha que concluyó el término legal para impugnar en amparo el auto de formal prisión, de acuerdo con el cómputo realizado en el párrafo anterior, la presentación de la demanda es extemporánea y se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa, por no haber presentado el escrito inicial dentro del término legal. Lo anterior, considerando que en este asunto rige la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dada la fecha de la presentación de la demanda que le dio inicio; aunado a que, de acuerdo con la naturaleza del auto de formal prisión reclamado, que la quejosa combate por vicios propios, constituye un acto privativo de libertad dictado dentro del procedimiento judicial, el cual fue pronunciado con posterioridad al tres de abril de dos mil trece; por lo que no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, ni se trata del supuesto definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 45/2014 comentada, relacionado con actos privativos de libertad dentro del procedimiento penal, anteriores al momento en que entró en vigor la Ley de Amparo más reciente. Similar criterio fue sustentado por el Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, los amparos en revisión 310/2013 y 3/2014, respectivamente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

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