Emilio Sánchez Alarcon

Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
643/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Emilio Sánchez Alarcon

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veinte. Analizada la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Subdelegado Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 643/2020 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. XXVII/97, del Pleno, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: ? La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ? Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ? Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Adicionalmente, el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando: "(.) realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, se requiere: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad (dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situación jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones). 2. Que esos actos afecten derechos. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por lo tanto, la procedencia del juicio de amparo a la luz de la legislación de amparo en vigor, no se define por la persona u órgano señalado como responsable, sino por la naturaleza y características del acto reclamado que se considere lesivo de derechos fundamentales y que derive del ejercicio de funciones determinadas por una norma general, de tal suerte que aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que origine, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de las funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo anterior es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución al que las autoridades deben sujetar su actuación, porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, actúe por sometimiento del Estado a partir de una norma general que determine las funciones a las que debe sujetar su actuación. Con base en lo anterior, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el estado existen tres fundamentales tipos de relación, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan en la dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social; dichos actos se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual hace suponer la posibilidad legal de que la propia autoridad venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad. Las relaciones de supraordinacion son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Así, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entres dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para ello; dichas relaciones se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad. HECHOS Ahora bien, del escrito de demanda que se provee, se advierte que el promovente señala como actos reclamados: 1.- La omisión de las autoridades responsables a respetar el registro de semanas cotizadas por el quejoso. 2.- La negativa de devolverle el monto acumulado en las doscientos setenta y ocho (278) semanas cotizadas, conforme el certificado de derechos de seis de noviembre de dos mil diecinueve. CONCLUSIÓN Se concluye que el amparo es improcedente en virtud que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. En ese orden de ideas, la omisión de respetar el registro de semanas cotizadas por el quejoso, así como la negativa de devolverle al quejoso el monto acumulado en las doscientos setenta y ocho (278) semanas cotizadas, conforme el certificado de derechos de seis de noviembre de dos mil diecinueve, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que dicha Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Registro: 160995 "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social, dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que dicha Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral. Esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por los Tribunales Federales en materia laboral. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por ********, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 del mismo ordenamiento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, donde oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales por lista de acuerdos, hasta en tanto señale un con domicilio en esta ciudad. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. REQUERIMIENTOS. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, antes citado, requiérase las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior, de conformidad el artículo 22, fracción I, y 28, ambos del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

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