Emilio Roman Miranda
Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Emilio Roman Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite las constancias solicitas por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, se tiene por cumplido el requerimiento antes citado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Por otra parte, de las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 01/1491/13-III, mediante el cual solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil veintidós, acordó el escrito precisado en el párrafo que antecede. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 01/1491/13-III, mediante el cual solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo, y el veintisiete de abril de veintidós, se acordó el mismo, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en el juicio laboral ********************; sin embargo, en autos no obra el acuse relativo al mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal copia certificada del acuse del escrito presentado por la parte actora, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************, toda vez que es necesario para resolver el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa como medida de apremio por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Finalmente, a efecto de que transcurra el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar entre la fecha de notificación de la parte quejosa del informe de cuenta y la de celebración de la audiencia constitucional, se difiere la misma, fijándose las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Claudia Gabriela Domínguez López, Secretaria que autoriza y da fe.
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