EMILIO REYES LAUREANO y Otros.

Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
761/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • EMILIO REYES LAUREANO y Otros.
  • Emilio Reyes Laureano

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Visto el estado de autos y certificación de cuenta, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    VI. En cumplimiento al citatorio de diecinueve de mayo del año en curso, se notifica, por lista, al representante común de los quejosos, el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, que en síntesis dice: Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por: +++. Quienes se ostentan como ejidatarios del Ejido El Potrero de San Diego, Municipio de Villa Victoria, Estado de México, lo que acreditan con copia certificada la relación de ejidatarios del Ejido El Potrero de San Diego, Municipio de Villa Victoria, Estado de México, contra actos de la Visitadora Agraria adscrita a la Residencia Toluca, de la Procuraduría Agraria, Representación en el Estado de México, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 761/2023-VI; se comisiona a el Secretario la revisión e integración del expediente. +++. DESECHAMIENTO********************De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente.********************Los quejosos señalan como acto reclamado de la Visitadora de la Procuraduría Agraria en el Estado de México:********************"El Acta de Asamblea General de Ejidatarios de veintitrés de abril de dos mil veintitrés, en la que se eligió a los Órganos de Representación del Ejido El Potrero de San Diego, del Municipio de Villa Victoria, Estado de México."****************************************El estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza en el caso, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, como a continuación se expondrá.********************El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia."****************************************El texto del precepto legal reproducido establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.********************Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa.********************El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.********************Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Agraria, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado.********************Resulta ilustrativa a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:********************"RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo."****************************************Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes:********************a) Que el acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;********************b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado;********************c) Que la legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la ley de amparo para su procedencia; ********************d) Que el caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************La hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque el acto reclamado se le atribuye al Registro Agrario Nacional y a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano; lo que evidencia que se trata de un acto emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en consecuencia, se satisface el requisito señalado en el inciso a).********************Por otra parte, en lo tocante al requisito identificado con el inciso b), relativo a que contra el acto reclamado ya precisado proceda algún recurso o medio de defensa legal, también se cumple.********************El artículo 163 de la Ley Agraria que establece:********************"Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley."****************************************El artículo 18, en sus fracciones IV y IX de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establecen:********************"Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.********************(.)********************IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;********************(.)"********************IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas.********************(.)********************De los preceptos legales transcritos se establece la procedencia del juicio agrario contra la nulidad de las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho, así como de las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas.********************De tal suerte, los quejosos reclaman el Acta de Asamblea General de Ejidatarios de veintitrés de abril de dos mil veintitrés, en la que se eligió a los Órganos de Representación del Ejido El Potrero de San Diego, del Municipio de Villa Victoria, Estado de México.********************Por ende, dicho acto es susceptible de impugnarse por medio del juicio de nulidad previsto en el artículo 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracciones IV y IX, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.********************En ese sentido, el juicio ante el Tribunal Unitario Agrario es un medio ordinario de impugnación que los quejosos deben agotar antes de acudir ante esta instancia constitucional, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado, con lo que se satisface el requisito exigido en el inciso c).********************Además, del artículo 166 de la Ley Agraria se advierte que podrá decretarse la suspensión de los actos reclamados, para cuya substanciación se remite al trámite previsto en la Ley de Amparo; de ahí que no se exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en virtud de que ambos juicios se regulan por igual ordenamiento legal y requisitos para proveer sobre la medida cautelar; por tanto, se cumple con ese requisito identificado con el inciso d), contemplando lo dispuesto en la Ley de Amparo, en materia de suspensión, pues se constituyen los mismos requisitos, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo.********************Por último, también se cumple con el último requisito para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el caso concreto no se ubica dentro de las excepciones previstas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************Además, en este sumario no se argumentó la existencia de una violación directa a la constitución, por lo que no incide en las consideraciones expuestas para sostener la improcedencia del presente juicio.********************Sustenta lo anterior la tesis sin número del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que señala:********************"VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN, CUÁNDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la Ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el juez de amparo, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al pacto federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe Inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recuso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el' acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio, de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes ha van sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas." ********************Asimismo, la tesis XIX.1 o.1 K del entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que refiere:********************"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse."****************************************CONCLUSIÓN********************De conformidad con los artículos 62, 61, fracción XX, el último en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario todos de la Ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por:********************1. Emilio Reyes Laureano y/o Lauriano.********************2. Antonio de la Cruz Trinidad.********************3. Alberto Sánchez Marín.********************4. Apolinar Francisco José.********************5. Crescencio Mondragón Victoriano.********************6. Antonio Mondragón Victoriano.********************7. Armando Reyes Camacho.********************8. J .Trinidad Campos Moreno.********************9. María Luisa Camacho Contreras.********************10. Enrique Sánchez Salgado.********************11. Genaro Camacho Flores.********************12. Santiago Reyes Trinidad.********************13. Alberto Colín Rojas.********************14. Andrés Marín Francisco.********************15. Marcela Marín Reyes.********************16. Gilberto Camacho Flores.********************17. Modesta Segundo José.********************18. Marcos Segundo José.********************19. J. Trinidad Mondragón Victoriano.********************20. Froylan Camacho Contreras.********************21. Miguel Mondragón Camacho.********************22. María de Jesús Segundo José.********************23. Agustina Camacho Contreras.********************24. Alfonso González Segundo.********************25. José Luis Sánchez Salgado.********************26. Artemio Colín Rosales.********************27. Ricardo Mondragón Camacho.********************28. Abraham Mondragón Venegas.******************** ********************Al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.********************Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos."********************La tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL QUE SE PROMUEVE RESPECTO DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIN QUE SE HAYA AGOTADO PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, los asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deben pasar a ser de la competencia de los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva. Consecuentemente, aquellos asuntos que encuadren dentro de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), y que surjan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto, son impugnables a través del juicio agrario, por lo que la promoción del juicio de amparo en contra de alguno de estos actos resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías."****************************************De igual forma tiene aplicación al caso la tesis con número de registro 218901, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la foja 334 del Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, la cual a su texto y rubro establecen lo siguiente:********************"AGRARIO. ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. LEGALIDAD DE LA. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VIA IDONEA PARA IMPUGNARLA. El juicio de garantías no es la vía idónea para combatir la ilegalidad de las Asambleas Generales de Ejidatarios, puesto que para ello existe un procedimiento especial previsto en la Ley de la Reforma Agraria. En el capítulo correspondiente a la "nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias" en los artículos 406 a 412 se detalla el procedimiento a seguir para impugnar de ilegales tales actos y, por su parte, el artículo 36 de la propia Ley dispone: "Toda controversia sobre la legalidad de las convocatorias, la validez de las Asambleas Generales y la fidelidad de las actas correspondientes será resuelta por las comisiones agrarias mixtas, conforme al procedimiento establecido en esta Ley". Es por medio de este mecanismo como debe impugnarse la validez de una Asamblea y no a través del juicio de garantías, que es un medio extraordinario de defensa, no previsto para la anulación de actos de carácter interno de los núcleos de población; además, no le es permitido al juez de amparo substituirse en las facultades que son propias de las autoridades agrarias; por ello previamente al amparo, para combatir la ilegalidad de una Asamblea General de Ejidatarios, se debe acudir ante la Comisión Agraria Mixta.".********************REPRESENTANTE COMÚN********************En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a******************** por así haberlo manifestado los quejosos.********************DOMICILIO********************Con fundamento el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2° de la ley de la materia, téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica el quejoso. ********************AUTORIZADOS********************Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y sólo para recibir notificaciones y documentos a los restantes profesionistas que cita, limitación que subsiste en tanto realicen el registro citado.********************CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMEROS TELEFÓNICOS****************************************Respecto del correo electrónico y números telefónicos proporcionados se tienen como una forma especial de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************MOD******************** DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS********************Se hace del conocimiento del quejoso que podrá consultar el expediente electrónico en el local de este órgano jurisdiccional, en los equipos de cómputo que para tal efecto se pongan a su disposición, en términos de lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19, previa cita que prevé el artículo 6 del citado acuerdo.********************USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS********************Se hace del conocimiento del quejoso que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia.********************LEY DE TRANSPARENCIA****************************************Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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