Emilio Rangel Woodyard
Expediente 438/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Emilio Rangel Woodyard
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 438/2018-VIII, y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del auto dictado por este tribunal el treinta y uno de agosto del año en curso en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto el recurso de mérito; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales, por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. ...Finalmente, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 438/2018-VIII, el oficio mediante el cual la autoridad responsable Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado; rinde su informe justificado lo anterior con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Respecto de las pruebas documentales que allega la citada autoridad responsable, ...Ahora bien, del citado informe justificado, así como del oficio 37817/2018 acordado el quince de agosto del año que transcurre, se desprende que la autoridad responsable Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado comunicó que en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, dentro del amparo en revisión 247/2017, relativo al juicio de amparo ... del índice de este Juzgado de Distrito, el trece de agosto del año actual desahogó una audiencia dentro de la carpeta judicial número 8543/2016, la cual es llevada en contra del quejoso, por hechos con características del delito de ejercicio de indebido de funciones públicas, decretó auto de vinculación a proceso en su contra, prescindiendo de imponer medidas cautelares; además estableció como plazo de cierre de investigación complementaria el de dos meses, mismo que fenecerá el día trece de octubre de dos mil dieciocho. En consecuencia, a fin de resolver acerca de las consecuencias de lo anterior, es menester tener en cuenta que el quejoso en su demanda de garantías reclamó de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: Ahora bien, del informe justificado y del oficio citado en los párrafos que anteceden, se desprende que la Juez responsable, en fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación que se encontraba programada en la carpeta judicial número 8543/2016, antes referida, en la que, como dijo dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, sin imponerle medida cautelar alguna; además, estableció como plazo de cierre de investigación complementaria el de dos meses, mismo que fenecerá el día trece de octubre de dos mil dieciocho. Certeza que fue corroborada con las constancias que la Jueza responsable adjuntó a su oficio, consistentes en copia certificada del acta de audiencia celebrada en la carpeta judicial 8543/2016, así como del oficio 37817/2018, acordado mediante proveído de quince de agosto del año actual. Con lo anteriormente relatado queda de manifiesto que ha cambiado la situación jurídica del impetrante de amparo Emilio Rangel Woodyard, toda vez que, en el particular se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que emanados de un procedimiento judicial que en virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Resulta conveniente citar la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I... XVI. XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Como se obtiene de la anterior trascripción, en específico, del primer párrafo de la fracción en comento, la causal de improcedencia invocada se actualiza cuando al emanar el acto reclamado de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, surge una nueva situación jurídica que hace que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo no puedan analizarse, sin afectar, precisamente, esa nueva situación jurídica. La regla general o interpretación literal, hace referencia a que las violaciones reclamadas hayan quedado irreparablemente consumadas con el cambio de situación jurídica. Empero, también existen casos en los que el cambio de situación jurídica, si bien no produce que las violaciones reclamadas queden irreparablemente consumadas, lo cierto es que las mismas igualmente devienen de imposible análisis en el juicio de amparo, puesto que de hacerlo indudablemente se vería afectada esa nueva situación jurídica que ahora rige en el procedimiento. Así pues, de acuerdo a una interpretación amplia y conforme a cada caso concreto, puede concluirse que realmente la existencia de dicha causal se basa en la creación de una etapa o estadío procesal diferente, que dejó al acto reclamado en una secuela procesal anterior, lo cual hace improcedente el juicio de amparo de que se trata, aunque no necesariamente en todos los casos queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. En efecto, de las constancias que en copia fotostática certificada anexó la Jueza de Control y de juicio Oral Penal del Estado en su informe justificado, a las que se les confiere valor probatorio pleno, conforme lo disponen los artículos 129, 197 y 202, tercer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a este juicio atento a lo establecido por el diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se desprende que el día trece de agosto de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación que se encontraba prevista en la carpeta judicial 8543/2016, la cual se instruye a Emilio Rangel Woodyard, por el hecho constitutivo del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en la cual, una vez escuchadas las manifestaciones de las partes, en la propia fecha se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, sin imponer medida cautelar alguna, además estableció como plazo de cierre de investigación complementaria el de dos meses, mismo que fenecerá el día trece de octubre del presente año. Consecuentemente, se pone de manifiesto que ocurrió un cambio de situación jurídica, por virtud del auto de vinculación a proceso que se decretó en contra del aquí quejoso, lo cual hace que ya no puedan analizarse mediante el presente juicio de amparo, las violaciones reclamadas que estimó se cometieron en su perjuicio, por la determinación que dictó la Jueza responsable, esto es, la citación que en su momento se emitió en la carpeta judicial que se le instruye, a efecto de que se resolviera su situación jurídica. De ahí que, se sostiene, las posibles violaciones que dicho acto pudiera haber ocasionado al agraviado, ya no son analizables por haber ocurrido un cambio en la situación jurídica de este último, quien por virtud del auto de vinculación a proceso dejó de ser investigado por los hechos respecto de los cuales se hizo la solicitud correspondiente, en la carpeta de investigación, para ser imputado en el procedimiento penal de origen, por estar ahora formalmente vinculado al mismo. Por consiguiente, no podría válidamente analizarse ese acto por virtud del cual, se le citaba en su calidad de investigado para que se iniciaran los actos del procedimiento tendentes a la resolución de su situación jurídica, pues es evidente que al haber ocurrido esto último, es decir, el dictado del auto de vinculación a proceso, legalmente ya no puede emitirse pronunciamiento alguno en cuanto a la constitucionalidad de aquella citación, sin afectar el nuevo acto por el cual ocurrió un cambio de fase o estadío procesal, como lo fue el auto de término constitucional que al vincular a proceso al hoy quejoso, tuvo como consecuencia el inicio formal de un procedimiento penal en su contra. Así, se insiste, que el acto reclamado en este juicio ya no resulta analizable mediante el control constitucional en esta vía, pues en la controversia de origen, con el dictado del auto de vinculación a proceso, ha ocurrido un cambio de situación jurídica por haberse sustituido el procedimiento a otra etapa, lo cual impide dicho estudio sin que se afecte el nuevo acto; conclusión ésta la cual se sustenta en que cada etapa del procedimiento penal se rige por normas jurídicas autónomas, las que deben examinarse en forma separada, cuando son reclamadas en vía de amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR, EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE UNA ETAPA PROCESAL POR OTRA EN UN JUICIO PENAL. Si la situación jurídica que impera para el recurrente en la época que solicita el amparo, depende de los efectos y consecuencias de un auto de formal prisión, los cuales desaparecen al ser sustituidos por los efectos y consecuencias de la sentencia que se dicta en el proceso penal, aun cuando en ambos casos resulta privado de su libertad personal, en cada uno lo es por motivos diversos, por lo que opera un cambio de la situación jurídica precedente, lo que lleva a concluir que se consumaron de manera irreparable las violaciones reclamadas, provocando la improcedencia del juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.". Igualmente, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la tesis del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, que señala: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculándolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados.". Cabe precisar que ante lo evidente e indudable de la causal de improcedencia que se ha actualizado, es innecesario esperar hasta la audiencia constitucional para resolver, sino que en aras de la pronta administración de justicia que contempla el artículo 17 constitucional, se impone resolverlo desde luego y fuera de la audiencia, máxime que ello constituye una causa notoria e indudable de improcedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la existencia de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del numeral 61 de la citada ley reglamentaria, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En consideración a lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, misma que está programada para las nueve horas con cuatro minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA a la parte quejosa, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.....
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo, el oficio allegado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual remite la boleta de turno de la demanda de amparo promovida por ********************; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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