Emilio Osvaldo Esquivel Torres

Expediente 318/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
318/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Emilio Osvaldo Esquivel Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos; sin embargo, únicamente agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que el veintiocho de septiembre del año en curso (fojas 28 a 31), se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de garantías. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la aludida resolución, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.(4)

  2. Principal

    Se notifica por este medio al quejoso. Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Ténganse por recibidos los oficios 1033/2017 y 1034/2017, signados por las autoridades responsables Presidente y Actuaria ambos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinden sus respectivos informes justificados, al que acompaña, la primera de las nombradas, copia certificada del juicio laboral 376/7/2017, de su índice; por tanto, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Emilio Osvaldo Esquivel Torres, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir en: "IV) ACTOS DE AUTORIDAD: Dentro del expediente 376/7/2017 llevado ante la JUNTA ESPECIAL NO. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO: 1. De la JUNTA ESPECIAL NO. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE: La omisión de ordenar el emplazamiento respectivo dentro de los términos de Ley y se continúe el procedimiento hasta el dictado del laudo. 2. Del C. ACTUARIO adscrito a la H. JUNTA ESPECIAL NO. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. La omisión de no haber realizado el emplazamiento a las partes conforme a derecho y se continúe el procedimiento hasta el dictado del laudo." De la lectura íntegra de la demanda de amparo y atendiendo a la causa de pedir, se precisa que el acto reclamado por el impetrante consiste en: la omisión de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 376/7/2017, del índice de la responsable. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su informe justificado, de las que destacan, en lo que importa, las siguientes: 1. Por escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, Emilio Osvaldo Esquivel Torres demandó a la empresa Corrugados de Baja California, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y/o quien resulte responsable y propietario de la fuente de trabajo, por despido injustificado, y otras prestaciones (foja 15). 2. El veintinueve de junio de este año, la junta del conocimiento radicó la demanda laboral promovida por Emilio Osvaldo Esquivel Torres-aquí quejoso- y la registró bajo el número 376/7/2017; asimismo, ordenó el emplazamiento a juicio de los codemandados y señaló las diez horas del seis de septiembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 17 a 19). 3. En la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se difirió la misma en virtud de no encontrarse debidamente emplazados a juicio los codemandados, señalándose nueva fecha y ordenando el emplazamiento de mérito (fojas 20 y 21). 4. Finalmente, el veinticinco de septiembre del propio año, se emplazó a los codemandados al juicio laboral 376/7/2017, Corrugados de Baja California, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su representante legal y/o quien resulte responsable y propietario de la fuente de trabajo (fojas 22 a 25). De las constancias reseñadas se colige que el veinticinco de septiembre del presente año, la actuaria adscrita a la junta responsable llevó a cabo la notificación a la parte demandada, del acuerdo de seis de septiembre de este mismo año, dictado dentro del juicio laboral 376/7/2017, asimismo, les corrió traslado con copia del escrito inicial de demanda y acuerdo de radicación, circunstancia que hace evidente que el acto reclamado-omisión de emplazar a la parte demandada-, ha cesado sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el siete de septiembre de dos mil diecisiete, esto es, con antelación a que se notificara el auto de radicación y el diferimiento de la audiencia a los referidos codemandados dentro del expediente 376/7/2017, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir, pues ya se emplazó a juicio a la parte demandada; de ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, toda vez que al haberse emplazado a los demandados al multicitado juicio laboral-cuya omisión se reclamaba- es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 3 a 5). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Emilio Osvaldo Esquivel Torres, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 3, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese con el número 318/2017-4, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo en este juzgado a las diez horas del nueve de octubre de dos mil diecisiete. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remitan copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así se presumirá cierto el acto, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá, en lo individual, una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su respectivo informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Por otra parte, dado que el quejoso reclama de la autoridad responsable la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral que enderezó en contra de Corrugados de Baja California, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo; no ha lugar a tenerlos como terceros interesados en el presente juicio de amparo, en tanto que, al no haber sido emplazados en el juicio natural, no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 5. de la Ley de Amparo. En apoyo a la anterior consideración se cita la Jurisprudencia 2ª/J.67/2009 de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Registro 167160, del rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Domicilio y autorizados Se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica en su escrito de demanda y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese. (4)

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