Emilio Núñez Martínez

Expediente 55/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
55/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Emilio Núñez Martínez y Otros.
  • Emilio Núñez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que el magistrado presidente de su adscripción desechó el recurso revisión interpuesto por los quejosos *********************, y solicita se les notifique el proveído de diecinueve de febrero del año en curso; al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado para que notifique, mediante lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, el proveído de diecinueve de febrero del año en curso, emitido en el recurso de revisión 51/2019 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, a los referidos quejosos. Finalmente, una vez cumplimentado lo anterior, remítase a la superioridad las constancias de notificación correspondientes. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 51/2019 DE LA ESTADÍSTICA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, A LOS QUEJOSOS **************: Se tiene por recibido el oficio de cuenta y anexos, de los cuales se desprende que ***, interponen recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en el juicio de amparo indirecto ***. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 41, fracción III, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno bajo el número de amparo en revisión 51/2019. Ahora bien, previo a establecer si es procedente o no admitir el recurso de revisión, resulta de trascendencia destacar que el artículo 81, fracción I, de la Ley de Amparo establece que: Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente; c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos; d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia...". El precepto normativo citado es claro en señalar las resoluciones contra las que procede el recurso de revisión, no obstante, en el caso concreto, el auto que se recurre es el emitido el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve por el que se desechó la demanda de amparo promovida por los quejosos ***, aquí recurrentes, el cual no encuadra dentro de los supuestos enmarcados con anterioridad. En esa medida, se colige que no resulta procedente el recurso de revisión que intentan ***, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; por lo que se desecha, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 91, en relación con el 81, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que este tribunal esté en aptitud de subsanar el error en que incurren los recurrentes, dado que la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación no implica el cambio de la vía intentada. Lo anterior guarda sustento, por identidad jurídica sustancial, en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 1312, visible bajo el registro 2014509 del rubro y texto: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. No existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja; por ello, si el recurrente expresamente interpone el de revisión contra el auto que desechó su demanda de amparo, la actuación del Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso debe limitarse a determinar sobre su procedencia, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda, sin que pueda reencauzar la vía y tramitar un recurso distinto. Este proceder no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo." Ahora bien, del escrito de demanda que dio inicio al juicio de origen se desprende que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones ***; por tanto, a fin de garantizar que *** tengan conocimiento del contenido de este proveído, gírese oficio a dicho Juzgado, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Colegiado, encomiende al Actuario de su adscripción para que les notifique el presente proveído, mediante la publicación del mismo en *** y hecho ello remita la razón de notificación respectiva a este Tribunal, lo anterior, tomando en cuenta que no es factible realizar motu proprio, y de manera directa dicha diligencia por tratarse de los estrados del Juzgado en cuestión. En el entendido de que las subsecuentes notificaciones dentro del presente recurso se les realizarán a los mencionados quejosos en los estrados de este Tribunal Colegiado. Se solicita al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en cuestión que una vez que cuente con las constancias de notificación, las remita a este Tribunal. En términos de lo ordenado en su segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entera a las partes que las resoluciones dictadas en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud en tal sentido. Cabe acotar que, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional se realizará por lista. Finalmente y para el adecuado despacho de los asuntos, se habilitan desde este momento los días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualquiera de las partes en el juicio, ello con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, bastando la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal, en términos del artículo 27 de la citada legislación.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por los quejosos **************; mediante el cual, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, refieren interponer recurso de revisión en contra de la determinación de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la que se desechó su demanda de amparo; en tal virtud, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato, el expediente en que se actúa, el escrito de agravios y una copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de su adscripción, para la substanciación del recurso de mérito. Solicítese acuse de recibo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 55/2019-V. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La determinación de no ejercicio de la acción penal; y Las omisiones del Ministerio Público de investigar los hechos denunciados. Acaecidas dentro de la carpeta de investigación número **********, de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Moroleón, Guanajuato. Bajo dicha guisa, el suscrito considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra los actos reclamados la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a acudir ante el Juez de Control a hacer valer lo que a su derecho corresponda, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal, así como de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; en ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, traducida en un acto positivo con efectos negativos, por considerar que los hechos de la denuncia no son constitutivos de delito, o bien, porque advierta que ya se extinguió la acción penal; asimismo, también se deben considerar las omisiones las cuales implican actos negativos. Dichas determinaciones u omisiones pueden ser impugnadas ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representación social, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si los actos reclamados consistentes en la determinación del no ejercicio de la acción penal y las omisiones del Ministerio Público de investigar los hechos denunciados, dentro de la carpeta de investigación número **********, de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Moroleón, Guanajuato, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas la causal de improcedencia invocada respecto de los actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********** al contar con cédula profesional *********** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a Jazmín Juan Izaic García Luna, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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