Emilio Mosqueda Jaime

Expediente 407/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
407/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Emilio Mosqueda Jaime

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que el ocho de marzo se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable Jefa de la Oficina de Cobros de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ausencia del Titular. Al respecto, este juzgado considera necesario el análisis del expediente administrativo que la autoridad analizó para negar la pensión de viudez a la quejosa, dado que las constancias que remitió la autoridad responsable no están completas ni guardan una secuencia lógica que permita dilucidar el razonamiento que dio lugar a tal negativa. Esto es importante, porque resulta necesario contar con los documentos que ya obran en poder de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, para evitar que sean solicitados nuevamente a la quejosa, como se estableció en el proveído de tres de febrero del presente año. Por tanto, requiérase a la Titular de Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social para que en el término de tres días contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, remita copia certificada del expediente administrativo que contenga la totalidad de las constancias del trámite de pensión de viudez que la quejosa ********************solicitó, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado o de no manifestar imposibilidad legal o material para ello, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 238 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo que establece el referido artículo 192 de la Ley de Amparo. Por otro lado, y en virtud de que el treinta de marzo pasado se requirió a la Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social para que rindiera su informe respecto de la repetición del acto reclamado señalado por la quejosa, requiérasele nuevamente, en el entendido de que subsiste el apercibimiento formulado en el proveído de la citada fecha.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Emilio Mosqueda Jaime, contra actos del Congreso de la Unión. Regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 407/2023-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al derecho de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el quejoso Emilio Mosqueda Jaime reclama: "a) La aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023." Lo que guarda relación con la expedición, promulgación y publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Menciona que es operador de equipo tecnológico de honorarios permanentes de la Junta Distrital 08 de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, desde el dos mil veintidós y que desde su ingreso ha sido evaluado mediante parámetros como la reglamentación del Sistema de Gestión de Calidad aplicada a Módulos de Atención Ciudadana bajo norma ISO9001-2015 y se inconforma con las consecuencias que tendrán las reformas reclamadas respecto de sus derechos laborales. Ello, porque desde su perspectiva eventualmente podría variar su remuneración y perder los derechos laborales que ha adquirido ante la futura e inminente desaparición de su plaza como funcionario del Instituto Nacional Electoral. Lo que aduce acontecerá en razón que de la interpretación que realiza de las disposiciones continentes de la norma reclamada, aprecia que no existe alguna condición para que entre en vigor la desaparición de la figura de la rama administrativa o de honorarios permanentes en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, la quejosa señala que en el artículo Vigésimo Sexto del Decreto reclamado se establece: "El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración, deberá emitir los lineamientos que regulan las funciones de su personal de la rema administrativa, conforme a las dispersiones contenidas en el presente Decreto". Empero, el justiciable asevera que lo anterior regula un hecho distinto, esto es, asume -según su interpretación- que las porciones normativas no regulan la continuación de sus derechos laborales como funcionario del Instituto Nacional Electoral. También alega violaciones al debido proceso legislativo, al derecho al parlamento abierto como mecanismo para defender la democracia, a la seguridad jurídica y a la fundamentación y motivación de las reformas decretadas, lo que se desprende de manifestaciones como las siguientes: "En conjunto, la violación al parlamento abierto, relacionado con el derecho a la defensa a la democracia, el fraude a la ley, y las violaciones formales al proceso legislativo, resultan contradictorias a los principios de liberación democrática, debido proceso legislativo, afectando de forma grave la autenticidad del voto y de participación ciudadana." "Se concluye por tanto que los vicios y violaciones al debido proceso legislativo en el caso que nos ocupa, inciden de manera violatoria en los derechos humanos del suscrito como destinatario de la ley. Todo lo anterior se traduce en un perjuicio potencial en contra del suscrito, al poner en entredicho la posibilidad de ejercitar el derecho humano consagrado en el artículo 35 de la Constitución (votar en las elecciones) en términos del artículo 41; es decir, en elección libres, periódicas, pero sobre todo auténticas." "De lo anterior se advierte que si bien es cierto el legislador cuenta con un principio de confianza y la atribución de regular situaciones que considere deban ser modificada; no obstante, estas modificaciones deben estar correctamente fundamentadas con la finalidad de evitar arbitrariedades, sobre todo cuando están en juego el ejercicio de derechos fundamentales como en el presente caso los derechos de carácter electoral así como derecho humano al trabajo y a participar en elecciones libres, periódicas pero sobre todo auténticas. Una vez precisada la obligación anterior, es de mencionarse que la Reforma que se combate implica modificaciones en las atribuciones y ejercicio de procedimientos del INE que por sí mismas vulneran el derecho a la autenticidad del voto y otros derechos políticos electorales y humanos tutelados por la Constitución .". Sentado lo anterior, la presente instancia es improcedente, en virtud de que no es la vía correcta para reclamar la trasgresión a los derechos aludidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, fracciones III, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 61, fracciones XV y XXIII de la Ley de Amparo. Se explica. El quejoso pretende sortear la procedencia del amparo a través de argumentos tendentes a: Controvertir violaciones al proceso legislativo del Decreto citado; desde el enfoque del derecho a la ciudadanía a participar en asuntos específicos del Estado, en virtud del derecho a la democracia; Controvertir la fundamentación y motivación de las reformas decretadas; Resaltar violaciones a derechos humanos y laborales derivadas de su entrada en vigor; Que el juicio de amparo es procedente en el caso pese a que se controviertan normas de carácter electoral, pues el acto reclamado no versa sobre derechos políticos o electorales, sino de derechos humanos y laborales. Sin embargo, al tratarse precisamente de presuntas violaciones a sus derechos laborales, como consecuencia del contenido del decreto invocado, este juzgado considera que, en todo caso, ello constitucionalmente corresponde conocer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es así, pues el artículo 99, fracciones III, VII y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: (.) III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato; (.) VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; (.) VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; (.) De lo que se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de su competencia que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, entre ellos, los relativos a conflictos o diferencias laborales que surjan entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, como también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional en materia electoral. En ese sentido, las leyes electorales que contengan normas en materia de trabajo -entiéndase funcionarios del INE- o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, no admiten ser examinados dentro del juicio de amparo, pues existe un régimen especial para dilucidar tales cuestiones. Sobre lo expuesto, es orientadora la tesis aislada LXXX/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191699, Novena Época, ubicada en la página 27, del Tomo XI, publicada en junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." Referente a las presuntas violaciones al debido proceso legislativo, al derecho al parlamento abierto como mecanismo para defender la democracia, a la seguridad jurídica, así como las relativas a la fundamentación y motivación de las reformas decretadas, este órgano también considera que, al tratarse de presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, también corresponde conocer a los órganos competentes en materia electoral en términos de lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto es aplicable la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168997, de la novena época, ubicada en la página 5, del Tomo XXVIII, publicada en septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 25/2021, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, determinó que la imposición de una votación por cédula secreta y la celebración de dicha votación por parte del Pleno de un Congreso Local, aun cuando son actos intralegislativos que no dieron lugar a una norma jurídica, son actos de autoridad susceptibles de examen a través del juicio de amparo indirecto; cuya procedencia se supedita a que sea un acto definitivo, esto es, debe tratarse de un acto intra legislativo definitivo. La expectativa de justiciabilidad de un derecho político electoral a través del juicio de amparo indirecto no es eficiente en el caso para hacer efectivo su derecho de participar activamente en la conformación del decreto reclamado, es decir, a participar en el proceso deliberativo o garantizar el derecho a votar en elecciones libres, periódicas y auténticas, como menciona la quejosa en varias porciones de la demanda, por ejemplo, en la página 45 de su escrito constitucional. Por lo demás, en el amparo en revisión 25/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estableció: "Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, y se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. Así, el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. En ese tenor, la Corte Interamericana ha resuelto que es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación". En ese orden, la Suprema Corte situó su estudio en la procedencia del juicio constitucional respecto de actuaciones intra legislativas, que no tiendan propiamente a la emisión de una norma. No obstante, a consideración de este juzgado, esa tesis no es aplicable en el presente caso: En principio, porque el punto concreto analizado en la ejecutoria en comento, fue la procedencia del amparo, aun cuando se controvierta una decisión proveniente del Congreso de la Unión, tratándose de actos u omisiones distintos a la emisión de una norma, desde el enfoque del derecho a la ciudadanía a participar en asuntos específicos del Estado, en virtud del derecho a la democracia. Incluso, porque la Primera Sala tuvo presente que el objeto de participación tenía como fin último la discusión del reconocimiento al matrimonio igualitario. Pero eso no hace procedente el amparo tratándose de actuaciones referentes materialmente a una temática electoral, cuyo espectro de regulación se encuentra comprendido por la diversa jurisprudencia P. LX/2008, antes citada, referente a la improcedencia del amparo contra decisiones vinculadas con la materia electoral, que persiste. Tan es así, que la ejecutoria del amparo en revisión 25/2021, recalca que la procedencia del amparo contra actuaciones intra legislativas, no implica soslayar el análisis de motivos de improcedencia del juicio de amparo diversos. Por lo que la condición de atacar actuaciones de autoridades legislativas, diversas a la emisión propiamente de normas, no hace procedente el amparo en relación con éstas, cuando versen sobre actos de carácter electoral, que es la materia de estudio en esta actuación. Además, derivado de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en el caso Castañeda Gutman vs. México por no contar con un mecanismo efectivo para tutelar derechos políticos, el trece de noviembre de dos mil siete se reformó la Constitución para establecer expresamente la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de realizar control difuso de constitucionalidad. Por lo que la obligación del estado mexicano de generar condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva está cubierta con el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, que es el mecanismo de control constitucional de los actos u omisiones de las autoridades electorales a fin de tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía y los derechos humanos vinculados a estos, previsto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el que el Estado Mexicano cumple con su deber constitucional y convencional de brindar un recurso judicial efectivo, en relación con actos en esa materia. Los efectos de un juicio de esta naturaleza pueden ser múltiples, desde confirmar el acto o resolución impugnado; revocar y/o modificar el acto o resolución para restituir a la ciudadanía en el ejercicio y goce de sus derechos; incluso, en el caso de omisiones, reconocer el derecho vulnerado al considerarse fundada la omisión. Así, en atención a la naturaleza de los derechos transgredidos y del acto reclamado, se estima que la presente instancia es improcedente, pues el estudio de las violaciones alegadas corresponde a la jurisdicción en materia electoral. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

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