Emilio Miranda Martínez
Expediente 1166/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Emilio Miranda Martínez
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Colima, Colima, once de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1166/2019-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: [.]1. La omisión de desahogar en tiempo y forma la Audiencia Trifásica de Ley, dentro del Expediente Ordinario Laboral 224/2019, Audiencia de Ley que prevén los artículos 149, 150 Y demás relativos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 2. El Acuerdo de fecha 03 de septiembre del 2019, emitido por la Autoridad que señalo de Responsable dentro del Expediente Ordinario Laboral 224/2019, mismo acuerdo que me fue notificado el pasado 20 de noviembre del 2019, en el cual la Responsable da entrada al notoriamente Improcedente INCIDENTE DE COMPETENCIA promovido por el Tercero con Interés EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIF Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSDE VILLA DE ÁLVAREZ,COLIMA, por conducto de sus Representantes. En ese contexto, es preciso destacar que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone: [D]os o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente, en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a las mismas autoridades derivados de actos diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. De lo que se colige, que para que sea procedente la separación de juicios, es requisitorio indispensable que en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí, de lo contrario habrán de resolverse en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 76/97, que dice: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Énfasis añadido. Ahora bien, en el caso se encuentra acreditado que el quejoso reclama: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima El acuerdo de fecha 03 de septiembre del 2019, emitido en el juicio laboral 224/2019, en el que admite el incidente de competencia promovido por el tercero con interés. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima La omisión de desahogar en tiempo y forma la Audiencia Trifásica de Ley, dentro del Expediente Ordinario Laboral 224/2019. Por tanto, son actos desvinculados entre sí, pues si bien, se trata del mismo expediente, se trata de distintos actos, por lo que en esas circunstancias, se debe de dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada y con el fin de que no se fallen en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a la separación de juicios, los cuales se harán en dos juicios. El primero y el cual se analizará en el presente, es el relativo al acto que reclama el quejoso, consistente en el acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 224/2019, en el que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, admite el incidente de competencia promovido por el tercero con interés. Por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión, esté se seguirá en diverso juicio de amparo. Para el debido cumplimiento de lo antes resuelto, remítase copia fotostática certificada de la demanda de amparo y anexos, con transcripción de este proveído, a fin de que sea debidamente returnada la demanda, en la que se tendrá como acto reclamado la omisión de desahogar en tiempo y forma la audiencia trifásica de Ley, dentro del expediente laboral 224/2019. Cobra vigencia a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia P./J. 78/97, visible en la página 117, del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. Desechamiento de la demanda En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En ese tenor, es preciso destacar que la parte quejosa señala como acto reclamado: [.] 2. El Acuerdo de fecha 03 de septiembre del 2019, emitido por la Autoridad que señalo de Responsable dentro del Expediente Ordinario Laboral 224/2019, mismo acuerdo que me fue notificado el pasado 20 de noviembre del 2019, en el cual la Responsable da entrada al notoriamente Improcedente INCIDENTE DE COMPETENCIA promovido por el Tercero con Interés EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIF Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSDE VILLA DE ÁLVAREZ,COLIMA, por conducto de sus Representantes. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] [A]rtículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Como se observa de la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, aplicado a contrario sensu. De la literalidad de este último precepto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. En sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. Acerca de cuál es el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Las consideraciones anteriores se localizan en la ejecutoria de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Luego, si en el caso concreto la parte quejosa reclama el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, dentro del expediente ordinario laboral 224/2019, en el cual, tuvo al tercero con interés de ese juicio Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento, DIF y Organismos Descentralizados de Villa de Álvarez, Colima, promoviendo incidente de incompetencia; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se actualiza la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, pues el referido acto no es de los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la determinación de la autoridad de declinar o inhibir la competencia, según se explicó en líneas anteriores, ya que la autoridad responsable únicamente admitió dicho incidente, por lo que no ha determinado si la acepta o no. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que la autoridad responsable declare procedente o no dicho incidente y, en todo caso, la determinación que éste emita será la que en todo caso podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. De ahí que se estime que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] que menciona, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitó. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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