Emilio Mendoza Morales

Expediente 556/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
556/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Emilio Mendoza Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal al quejoso, el acuerdo autorizado el siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual, Por otra parte, se recibe el oficio del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de cuatro de junio del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, así como del oficio y anexos de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Por cesación de efectos. Este juzgador, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho y, con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, el acto reclamado es la omisión de proveer los escritos presentados por la promovente el quince de febrero y trece de marzo ambos de dos mil dieciocho, dirigidos al expediente 2011/2012 del índice del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por el que se presentaron las operaciones de inventario y avalúo. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en su artículo 2?, se advierte que en el expediente 2011/2012, con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo que en lo conducente reza: "[.] Por recibidos los escritos presentados por LUIS ENRIQUE PEDROZA GARCÍA, en su carácter de abogado patrono de la parte actora, presentados ante la oficialía de partes de este Juzgado los días 15 quince de febrero y 13 trece de marzo del año en curso, los cuales se proveerán de manera conjunta por tener relación intrínseca de la siguiente manera: vistos sus contenidos, se le tiene por hechas las manifestaciones que de sus ocursos de cuenta se desprenden y en atención a ellas y al análisis de los recibos de nómina exhibidos, de los que se advierte que la fuente laboral es omisa en considerar en el rubro de pensión alimenticia que le es descontada al deudor, lo referente al concepto de préstamo hipotecario, tal como se ordenó le fue ordenado en cumplimiento al fallo dictado por el Tribunal de Alzada, en el oficio número 7880/2017-XII que le fuera enviado por este autoridad; en consecuencia, girese de nueva cuenta oficio al C. Fiscal General del Estado de Jalisco, a efecto de que informe y acredite fehacientemente el cumplimiento dado al oficio de referencia, debiéndose anexar copia simple del mismo, haciéndole hincapié que en el momento a entregar de pensión alimenticia, debe considerarse que ya se ésta pagando en el crédito hipotecario, es decir, que al 40% cuarenta por ciento restante de pensión alimenticia, le deberá descontar el monto de crédito hipotecario y entregar la diferencia a la señora EMERITA PRIETO MARTÍNEZ, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 694 y 695 del Código de Procedimientos Civiles estatal[.]" Por tanto, a la fecha en que se actúa han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" En consecuencia, por los motivos expuestos, procede desechar de plano la demanda de garantías, pues la omisión que reclama ha cesado sus efectos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el mencionado artículo 61, fracción XXI, de Ley de Amparo. Sin que resulte necesario esperar a que cumpla la parte quejosa la prevención realizada en proveído de nueve de marzo del año en curso, así como a fin de que pudiera desvirtuar la causal de improcedencia que se estima aquí se actualiza, toda vez que ésta es manifiesta e indudable y a nada práctico llevaría esperar a que cumpliera.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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