Emilio Martínez Morales

Expediente 677/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
677/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Emilio Martínez Morales
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña el testimonio de la resolución dictada en el queja ********************/2022, de su índice, de la cual se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, autorizada de la parte quejosa********************, en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por el citado promovente. Acúsese el recibo de estilo; realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el dos de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Emilio Martínez Morales a través de su autorizado, radicándose el expediente bajo el número 680/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de ocho de julio del año en curso, al informar que deja a disposición de los peritos designados en este asunto, el expediente 1721/2019 en el archivo de ese órgano jurisdiccional, en el día y hora que estimen pasar a checar el mismo, a efecto del desahogo de la pericial ofrecida por la parte quejosa. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del perito de la parte quejosa Santos Bernabé Cruz y a la perito oficial Luz Esmirna Contreras Basilio, para que estén en condiciones de comparecer al archivo del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz a efecto de continuar con el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa. En la inteligencia de que se concede a los citados peritos un término de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación que se les practique del presente proveído, para que acudan a las instalaciones del archivo del órgano jurisdiccional indicado en el párrafo que antecede, a efecto que recaben los datos que les resulten necesarios para la práctica de los dictámenes que deben practicar; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo antes ordenado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículo 237, fracción II, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anterior, procédase a notificar personalmente esta determinación al perito de la parte quejosa por conducto de alguno de los actuarios y a la perito oficial Luz Esmirna Contreras Basilio, misma que tiene su domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Ahora, dado que- como se anticipó- la perito oficial Luz Esmirna Contreras Basilio tiene su domicilio en calle Francisco Sarabia número 19, interior 1, colonia José Cardel, código postal 91030, en Xalapa, Veracruz, es decir, fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario judicial de su adscripción, para que notifique este proveído personalmente a la mencionada perito oficial en el domicilio antes citado. Asimismo, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez exhortado para habilitar días y horas inhábiles, para llevar a cabo la diligencia respectiva. Por tanto, se solicita comedidamente al Juez exhortado, que una vez diligenciada la comunicación oficial, remita las actuaciones resultantes del trámite de la comunicación oficial, vía electrónica, a este órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente al perito Santos Bernabé Santos, por exhorto a la perito Luz Esmirna Contreras Basilio, por oficio al juez responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 9/2022 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.PARO/maad

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSO EL AUTO DE 29-07-2022, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 01-08-2022: .. Boca del Río, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con sede en Boca del Río, se advierte que remite el juicio de amparo 670/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de derechos fundamentales presentada por Emilio Martínez Morales, en el que declina competencia, al tratarse de una demanda de protección constitucional solicitada en la que ese órgano jurisdiccional está señalada como autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se admite la competencia y se avoca al conocimiento del presente asunto, en tal razón, fórmese expediente, regístrese bajo el juicio de amparo 677/2022-1; acúsese el recibo de estilo vía interconexión, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Es necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Sentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados: La resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, en que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 166/2022, del índice del Juzgado de Distrito responsable. El artículo 61, fracción XIII, así como los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, y 63, fracción I, párrafo primero, del mismo ordenamiento. En ese tenor, se advierte que señaló medularmente como actos reclamados la inconstitucionalidad de los artículos 61, fracción XXIII, así como los diversos 5, fracción I y 6, 63, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, que fueron aplicados en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 166/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Ahora bien, resulta necesario señalar que de conformidad con los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra normas generales que transgreden los derechos humanos reconocidos en el Pacto Federal, así como en los tratados internacionales en los que México sea parte. En ese contexto, es preciso indicar que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de la naturaleza de éstas para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse; así, de una lectura a la fracción I del numeral 107 de la Ley de Amparo, se puede establecer que una legislación causa un perjuicio desde que entra en vigor o con motivo del primer acto de aplicación. En esa temática, las normas generales pueden ser de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo; los efectos de las primeras ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Así, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone la parte agraviada para ejercer la acción constitucional. De lo antes precisado, se desprende que lo que permite efectuar la distinción de las normas para efectos de su impugnación, es el concepto de individualización, ya que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o condicionada. Así, cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: 1. Son consustanciales a la disposición legal desde que entran en vigor. 2. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. 3. Nacen con ella misma. 4. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: 1. Requieren la realización de algún acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser de la autoridad o del particular, para situarlo en la hipótesis legal (condición). 2. No surgen de manera automática con la sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. 3. Se hallan sometidos a la realización o aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto. En ese orden, las disposiciones contenidas en la sentencia reclamada son de naturaleza heteroaplicativa, pues requieren la realización de algún acto necesario para que éste adquiera individualización, en el caso, dicho acto se llevó a cabo con la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 166/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que sobreseyó el juicio constitucional. Precisado lo anterior, debe destacarse que de acuerdo con la técnica de elaboración de sentencias en el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.71/2000 estableció que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, el juzgador debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así (es decir, si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación), se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. La Jurisprudencia señalada número 2a./J.71/2000, registro 191311, se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". En el caso particular, la parte quejosa, como anteriormente se indicó, señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad de los artículos 61, fracción XXIII, así como los diversos 5, fracción I y 6, 63, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, que fueron aplicados en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 166/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En ese tenor, el que suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del numeral 61 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. (.)". Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado, en el que se le aplicaron los artículos 61, fracción XXIII, así como los diversos 5, fracción I y 6, 63, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, lo constituye la sentencia dictada en el juicio de amparo 166/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, contra lo cual no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, pues estimar lo contrario, sería tanto como establecer la procedencia del juicio de garantías contra actos de los demás juicios de amparo, lo que no está permitido conforme a lo dispuesto por la fracción IX, del artículo 61 de la legislación en comento. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de Jurisprudencia IV.1°.7 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página quinientos tres, tomo VII, febrero de 1998, registro digital 196832, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional.". A mayor abundamiento, el juicio de garantías es improcedente cuando la acción constitucional que se plantea en una nueva demanda, hubiese sido emitida dentro del trámite de un juicio de amparo o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata; en virtud de que tales cuestiones forman parte del trámite de un juicio de garantías o bien de su ejecución; las determinaciones que se emitan dentro del juicio de garantías no pueden ser combatidas a través de otra instancia constitucional de igual naturaleza. La finalidad de esta causa de improcedencia es que lo determinado por las autoridades jurisdiccionales federales, sobre un mismo asunto, no sea objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues si así fuera, se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en demérito de la seguridad jurídica. Esto es, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, inclusive, las omisiones en que pudiera incurrir la autoridad que conozca del mismo, como lo es en el asunto que se trata, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional u omisiones que se susciten, así como los derivados de los recursos que se tramiten dentro de ellos, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis número II.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1235, tomo XI, octubre de 1999, registro digital 196061, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito". Entonces, resulta innegable que contra la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, en la que se aplicaron al quejoso las normas tildadas de inconstitucionales, resulta improcedente el juicio de amparo, acorde con la interpretación teleológica de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues esta última se habla de que el juicio de amparo es improcedente respecto de "resoluciones" dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada III.2o.C.33 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1315, tomo XXVIII, noviembre de 2008, registro digital 168509, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estable: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio.". En este tenor, no se puede desvincular el estudio de la ley del correspondiente análisis a su acto de aplicación, por lo que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley, tal y como acontece en el acto concreto. Esta afirmación encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, página 251, de número de registro digital 232361, con rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por lo que, no se debe desvincular el estudio de las disposiciones normativas reclamadas del análisis relativo al acto de aplicación; de ahí que, al resultar improcedente el amparo en cuanto a la aplicación concreta de las disposiciones normativas reclamadas, y tomando en consideración la técnica de este medio de control constitucional conlleva a estudiar primero la improcedencia del juicio por cuanto al primer acto concreto de aplicación y, de ser improcedente por éste, es improcedente la norma reclamada. Por lo expuesto anteriormente, al actualizarse la causa de improcedencia antes analizada; como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de esa la legislación, se desecha de plano de la demanda de amparo planteada. DOMICILIO, AUTORIZADA Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Río Balsas número cincuenta y dos, Infonavit Río Medio en Veracruz, Veracruz. Por otra parte, téngase por autorizada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sandra Vázquez Molina, por encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Juana Molina Díaz, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario SandraVM, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....

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