Emilio Manuel González Olivares y Otros.
Expediente 637/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Emilio Manuel González Olivares y Otros.
- César Quintana Bañuelos y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede; agréguese a los autos el oficio 24073/2019, remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo; en su atención, se provee: Téngasele acusando recibo del oficio 15980/2019-fcco, de veintidós de agosto del año en curso, a través del cual se le remitieron las constancias originales del juicio de amparo 637/2019 (del índice de este juzgado). Asimismo, de oficio se desprende que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintidós de agosto de este año. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el presente legajo de antecedentes como asunto concluido. Como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 32384/2019, signado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, a través del cual adjunta el oficio del Director General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS COAHUILA", con residencia en Ramos Arizpe, quien informa el cumplimiento al requerimiento que se le hizo el veintidós de julio del año en curso, con relación a la suspensión de plano otorgada a los quejosos ***, de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio el oficio 32329/2019, que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 841/2019-FCO, del índice de este Juzgado, del que se advierte que los quejosos ***, quedaron notificados del auto de veintidós de este mes y año. En consecuencia, dése de baja la comunicación oficial de referencia en el Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes; sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que fue remitida mediante la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera dicho acuse.
- Principal
I. Presentación de la demanda. Visto el escrito de cuenta, se advierte que ****, realiza entre otras, las siguientes manifestaciones: ".2..-Atención Médica. No contamos con atención médica adecuada, el año que llevamos nos han obligado a pedirla por petición y cuando metemos la petición tarda de 1 a 2 meses a contestar y tenemos que esperarnos para poder meter la petición cada primero de mes y cuando la tenemos solo no dicen que pidamos una cosa por petición y no nos proporcionan el medicamento adecuado, nos recetan que no hagamos ejercicio que permanezcamos acostados y que tomemos mucha agua y con eso basta y el medicamento que nos proporcionan no nos lo dan completo y el doctor se comporta déspota, le solicitamos un defensor para que interponga un amparo para una atención médica adecuada y nos proporcionen el tratamiento adecuado que solicitamos. .Solicitamos a su Señoría, no ser trasladados de este centro a otro como lo han hecho siempre para desviarnos de lo expuesto y si es así que nos lo notifiquen personalmente para poder apelar en contra del traslado ya que este lugar es el más cercas a nuestro domicilio (.)" Ante ello, con fundamento en los artículos 15, 20, 109 y 110, último párrafo de la Ley de Amparo, téngase a ****, promoviendo por su propio derecho, juicio de amparo indirecto contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 18 (CPS-COAHUILA), con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 637/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). II. Suspensión de plano. Ahora bien, considerando que el acto que menciona en la demanda, se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la misma legislación y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos, dignidad e integridad física de los agraviados, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN a ***, para que la autoridad responsable: 1.- Brinde de inmediato la atención médica que requieran los internos Emilio Manuel González Olivares, Martín Gerardo García Estrada y César Quintana Bañuelos, acorde a los padecimientos que diagnostique el personal calificado con que cuenta el área respectiva del centro donde se encuentran recluidos. 2.- De ser necesario, se realicen las gestiones para la práctica de los estudios clínicos indispensables. Efecto que implica que la autoridad responsable no solamente brinde la atención médica a través del diagnóstico de los padecimientos, sino en caso de requerir un estudio especializado, se les practique; asimismo, brindar el tratamiento clínico total y continuo necesario. 3.- Además, sea suministrado a los amparistas, el medicamento indispensable para velar por su salud física hasta su total recuperación, en tanto su diagnóstico lo permita, y cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito incluidas las adecuaciones que se requieran al espacio físico en el que se desenvuelven. 4.- Cese cualquier acto degradante de la dignidad humana e imagen de las personas privadas de su libertad, puesto que esa degradación abre el camino para desvalorarla y cometer nuevas violaciones a sus derechos humanos o delitos como los de tortura y otros. Ello, en acatamiento del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 16 de agosto de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2020430, con el rubro y texto: "..SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. A su vez, por lo que al acto reclamado consistente en que no sean trasladados, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y los quejosos no sean trasladados a otro centro de reclusión. En la inteligencia que la autoridad responsable que los tenga a su disposición en el lugar en donde se encuentran recluidos goza de amplias facultades a fin de salvaguardar y mantener el orden y disciplina, por lo que hace a los agraviados y el centro de reclusión, de ahí que en caso de gravedad extrema puede trasladar a los amparistas dando aviso con posterioridad a su ejecución a este órgano constitucional. En el entendido de que la suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, de manera fundada y motivada, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de los quejosos. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista una sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de una autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las constancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Riesgo objetivo de la salud o la integridad de los reclusos quejosos. Peligro para los internos. Seguridad del propio quejoso. Seguridad o gobernabilidad del centro carcelario; y Al tratarse de delincuencia organizada, por medidas especiales de seguridad. Cabe destacar en este aspecto, que en caso de haberse efectuado el traslado de los quejosos a otro centro de reclusión, fuera del Estado de Coahuila de Zaragoza, los alcances de la medida cautelar solicitada no pueden tener efectos restitutorios, en tanto que ello, será una consecuencia jurídica del análisis constitucional que se realice de tal acto, en la sentencia que al efecto se pronuncie. También se precisa a las autoridades responsables que en caso de que los implicados deban continuar privados de su libertad, habrá de mantenérseles siempre en lugares acordes a su situación jurídica, en condiciones de internamiento que garanticen su dignidad humana y los derechos que le asisten en términos de los artículos 5 y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la regla 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. III. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído y para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, rinda su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, para lo cual deberá agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con los actos reclamados. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto en mención, en términos de los numerales 237 y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. IV. Incompetencia. La competencia en materia de amparo, es la capacidad legal de los órganos jurisdiccionales para conocer de una demanda, en atención a que dicha facultad es conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y la jurisprudencia. Atento a que la competencia constituye una cuestión que debe abordarse de manera preferente, es de analizar la demanda de amparo en estudio a fin de determinar lo que al efecto corresponda. Por tanto, advierte que en el caso carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo; 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para llegar a dicha conclusión, se traen a colación los artículos 35, 37, 38 y 48, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.". De los numerales transcritos puede advertirse que la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo se determina por los siguientes factores: Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Los criterios legales contenidos en el artículo 37 de la ley de la materia, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, donde se presente la demanda de amparo, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. En el caso, los actos que en vía constitucional combate Emilio Manuel González Olivares, Martín Gerardo García Estrada y César Quintana Bañuelos, tienen ejecución material en un diverso ámbito territorial en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, esto es, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al estar recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, y conforme a la regla establecida en el inciso a), la competencia surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro de reclusión en el cual está interno. Sirve de apoyo, en lo conducente la tesis II.2º.9.16 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de dos mil dieciséis, Tomo III, página dos mil novecientos noventa y tres, de la Décima Época, registro 2012019, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, tomo XXI, junio de dos mil cinco, de la Novena Época, con registro 178232, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". En consecuencia, conforme a los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio. En tales condiciones, con apoyo en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, con residencia en Saltillo, la demanda, para los efectos de su competencia, de quien se solicita el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia declinada. V. Notificación por exhorto. En virtud de que los directos agraviados, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 (CPS-Coahuila), con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, con sede en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al Actuario de su adscripción que corresponda, para que se constituya en el centro de reclusión aludido y notifique el presente auto a ***, corriéndoles traslado con copia autorizada del mismo. Asimismo, gire oficio para notificar de manera inmediata a la autoridad responsable la presente determinación de suspensión de plano; para lo cual, se habilitan días y horas inhábiles, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, quedando facultado el juez exhortado para realizar las diligencias necesarias, a fin de llevar a cabo la encomienda. Se solicita de la manera más atenta al juez exhortado, que de no tener inconveniente, reciba el informe sobre la suspensión de plano que en su caso rinda la citada autoridad penitenciaria, por lo que se le pide conservar la comunicación exclusivamente por el término de veinticuatro horas que se concedió para tal efecto; hecho lo anterior, con informe o sin él, devuelva por la misma vía, el exhorto con las constancias que acrediten su diligenciación. VI. Días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en el asunto, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
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