Emilio Lucena Salgado

Expediente 1396/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1396/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Emilio Lucena Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual desahoga la vista que le fue concedida en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, y para tal efecto manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable en el presente juicio de amparo al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.Asimismo, aclara que de la autoridad señalada como responsable en su escrito inicial de demanda denominada como Director de Protección Civil del Municipio de Jiutepec, Morelos reclama: "A) De la autoridad señalada como ordenadora: La orden de Inspección en la IGLESIA*** "B) De la autoridad señalada como ejecutora: La posible aplicación de medidas preventivas en contra deI PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE de la IGLESIA ***."Ahora bien, sin proveer sobre su admisión, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en virtud que de su contenido, en relación con las manifestaciones vertidas por el quejoso, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.Máxime que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento y ningún efecto práctico tendría admitir la demanda a trámite y alcanzarse dicha conclusión al dictarse la resolución correspondiente. En efecto, en el caso se reclama en esencia la inspección en la Iglesia *** así como la posible aplicación de medidas preventivas en contra del propietario y/o responsable de dicho local. Sin embargo, dichos actos no son susceptibles de combatirse en esta instancia constitucional, pues previamente a ello debe agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.Dicho principio, para el supuesto que nos ocupa, está regulado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.Por su parte, sobre la suspensión de los actos de molestia, la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." Ahora bien, al efectuar un examen comparativo entre los preceptos legales transcritos de las leyes invocados, se aprecia claramente que en el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que rige la tramitación del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no impone mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo, para suspender los efectos de los actos reclamados y con los mismos alcances que los que prevé esta misma legislación, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la interposición de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo resultado puede conducir a la modificación, revocación o nulidad de los actos que se combaten en esta instancia constitucional.No pasa inadvertido para este Juzgado Federal, que en la última parte de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de la Materia, se establece que no existe obligación de agotar el recurso o medio de defensa que ahora se determina como el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.Además, si bien todos los juicios de amparo proceden en los casos en que aparentemente las autoridades vulneran o restringen derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales en que México sea parte, no por ello significa que la demanda de amparo deba admitirse, pues uno de los requisitos que el justiciable debe cumplir para acceder a la justicia constitucional es cumplir con el requisito de procedibilidad, que en el caso, sería interponiendo el recurso respectivo, lo que no hizo.En efecto, el juicio de nulidad que debe agotar la parte quejosa ante el tribunal correspondiente, previamente a la promoción de esta instancia constitucional, se encuentra previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, en una ley formal y materialmente existente y no en un reglamento o algún otro ordenamiento diverso a aquélla legislación, de modo que, no se actualiza en el caso alguna excepción al principio de definitividad, máxime que dichas excepciones de aplicación estricta y no análogas o similares.En tales condiciones, al quedar demostrado que contra los actos de molestia procede un juicio que puede modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, en el que además se contempla la suspensión de lo reclamado sin exigir mayores requisitos que los exigidos en la Ley de Amparo y como en el caso opera alguna excepción al principio de definitividad, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, de acuerdo con la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 112 y 113 de la legislación en consulta.Por otro lado, se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación.

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