Emilio José Rosas
Expediente 1175/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Emilio José Rosas
- Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública (denoinaión de la señalada como Consejo de honor y justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, integrada por la presidenta, secretaria técnica y vocal técnico, 04/11/202
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
PRAL 1175/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la secretaria de acuerdos, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Domicilio y delegados. Asimismo, téngasele designando como sus delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. 3. Prueba. Con apoyo en el numeral 119 de la ley invocada, se tiene como prueba de esa autoridad, la documental que anexa al oficio de cuenta, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente administrativo ******************** de su índice, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerada oportunamente. 4. Se ordena formar tomo anexo. A fin de facilitar el manejo de este juicio de amparo, con la documental remitida se ordena formar el tomo anexo relativo a este juicio, que queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría I de este Juzgado, respetando el folio y entresello correspondientes. 5. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado, como lo dispone el numeral 117 de la ley invocada, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las diez horas con once minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. 6. Por vigencia de nuevo acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que mediante Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, concluyéndose el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC.1175/2022.MESA-1 Audiencia incidental. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintiún minutos del nueve de noviembre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental en este incidente de suspensión ********, como se ordenó en acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta fase, la secretaria: Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la copia de la demanda de amparo y demás constancias que integran este incidente de suspensión. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que no se ofrecieron pruebas; por lo que se cierra esta etapa. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: Interlocutoria. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ****; y, R e s u l t a n d o: Primero. Radicación. Mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en cumplimiento al proveído de esa misma fecha, dictado en el juicio de amparo **********, se formó el incidente de suspensión solicitado por Emilio José Rosas, por propio derecho, contra la resolución dictada con fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente administrativo ********, en la que se impone a) la sanción de treinta días de suspensión en las funciones, empleo, cargo o comisión como policía segundo; así como b) la suspensión de retribuciones económicas y demás prestaciones por el trabajo ejercido. Que atribuyó a la autoridad responsable, Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca. Segundo. Medida cautelar. En el referido auto se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó informe previo a la autoridad responsable y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la secretaria de acuerdos (denominación correcta de lo que la parte quejosa denominó como Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe previo, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, señaló lo siguiente: 1. Que el veintitrés de septiembre del año en curso le notificó a la parte quejosa la resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós. 2. La sanción consistente en treinta días de suspensión de funciones sin goce de sueldo no se ha materializado, porque se encuentran transcurriendo los plazos respectivos para la interposición del recurso de revisión que otorga la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca y el juicio de nulidad a que se refiere la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Tercero. Estudio de la suspensión definitiva. La parte quejosa reclama la resolución dictada con fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente administrativo *****, en la que se impuso a) la sanción de treinta días de suspensión en las funciones, empleo, cargo o comisión como policía segundo; así como b) la suspensión de retribuciones económicas y demás prestaciones por el trabajo ejercido. Y solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan hasta que se resuelva en definitiva el juicio; y refiere que la infracción de inhabilitación no es grave ni presupone afectación grave al interés público, además, que sería inscrita la resolución en el registro de los servidores públicos inhabilitados, sin posibilidad de ser contratado. Ahora, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los gobernados la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, en la Ley de Amparo se fijan los casos y las condiciones correspondientes para su otorgamiento. En el entendido de que la suspensión tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo. Por su parte, el diverso numeral 147, párrafo segundo, de la ley invocada prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, debiendo el juez fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. En tanto que los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión definitiva y los actos que el juzgador debe considerar para resolver al respecto, a saber: I. Que el quejoso hubiere solicitado la suspensión. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita III. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. IV. Que el quejoso aduzca un interés legítimo y se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. V. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. Atento, además, a la tesis aislada 2ª. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja mil trescientos setenta y seis del libro 30, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA". Se satisfacen los primeros requisitos, ya que fue solicitada la suspensión definitiva de los actos reclamados, existe certeza de su existencia y la naturaleza del acto permite su paralización; sin embargo, el último de los extremos no se satisface, ya que el artículo 128 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis *****, en sesión correspondiente al día veinticinco de noviembre de dos mil nueve, analizó el concepto de interés social y disposiciones de orden público previsto en el artículo 124 de la anterior Ley de Amparo; de igual redacción, en ese aspecto, por el numeral 128 invocado, y determinó lo siguiente: ". De lo expuesto deriva que, de acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. Al respecto esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en términos generales, se causa perjuicio al interés social cuando, en caso de concederse la suspensión del acto reclamado, se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. Esto es, se puede concluir que la suspensión de los actos reclamados causa perjuicio al interés social, cuando con dicha medida se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otro modo no resentiría, pues el interés social radica en aquellos hechos, actos o situaciones de los que derivan provechos o ventajas para la sociedad, satisfaciendo una necesidad colectiva, logrando el bienestar de la comunidad, o evitando trastornos y peligros para ésta. En esas condiciones, la materia de la presente contienda, consiste en determinar si, al concederse la suspensión provisional en contra del acto reclamado consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año, se sigue perjuicio al interés social, esto es, si con la concesión de esa medida cautelar, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, al impedir u obstaculizar el debido desempeño de la función pública como actividad del Estado, y al anteponer el interés particular del quejoso al interés general de la colectividad, o bien, si la concesión de la suspensión en cita no produce tales efectos. El artículo 53, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: ... VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos." El precepto legal en cita, prevé la inhabilitación como una de las sanciones que se les impone a los servidores públicos, por incurrir en la comisión de alguna infracción administrativa al ordenamiento legal que las regula; la consecuencia de la imposición de esa medida sancionatoria, es la de restringir temporalmente la capacidad del sancionado, para ocupar o desempeñar cargos públicos. Lo anterior implica que, durante el término que dure la sanción, la persona sancionada no puede ni debe ser incorporada al desempeño de la función pública, De esta manera, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año, es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. Lo anterior, porque la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En esas circunstancias, si la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año, presupone la falta de confianza para que lleve a cabo el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado. Ahora bien, aun cuando se pudiese estimar que la negativa a suspender el acto reclamado afectará al quejoso en tanto que impide su incorporación a la prestación del servicio público, también es verdad que el interés particular de aquél no puede prevalecer sobre el interés de la colectividad, que está interesada en que los servidores públicos desempeñen sus labores eficazmente. Sin que constituya obstáculo para la anterior consideración que la inhabilitación impuesta al quejoso, sea una sanción de carácter temporal en términos del propio artículo 53, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues dicha inhabilitación constituye la exclusión total del servicio público, del sancionado, por el tiempo de duración de la sanción, en virtud de haberse considerado que no es apto para el desempeño de la función pública. Esto es, la sanción administrativa consistente en la inhabilitación del particular para desempeñar un empleo, cargo o comisión durante el lapso de un año, tiene como finalidad la exclusión de esa persona, de la prestación del servicio público, pues se estima que ésta no está capacitada para participar en él, dado que se le impuso la sanción apuntada, en virtud de la conducta que se le atribuyó, por lo cual no es conveniente que en el lapso que dure esa sanción el quejoso realice actividad alguna, pues el motivo de esa sanción se debió a que no ejerció debidamente el servicio público encomendado, de tal suerte que la concesión de la suspensión de la ejecución de esa sanción, sí causa afectación al interés social, puesto que resulta indudable que la sociedad está interesada en que la función pública sea desempeñada por quienes se reconocen como capacitados y aptos para tal efecto y que, por el contrario, se excluya del ejercicio del servicio público, actividad primordial del Estado, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin. En consecuencia, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que se impediría la ejecución de un acto tendiente al debido desempeño de la función pública y se estaría privilegiando el interés particular del quejoso sobre el interés de la colectividad". En el caso, el quejoso refiere en el capítulo relativo a "conceptos de violación" que la suspensión por treinta días en sus funciones, empleo, cargo o comisión como policía segundo, fue impuesta por haber infringido el artículo 57, fracción XXVI, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; luego, explica que en esa resolución se hizo constar que se encontraba en primer periodo de ebriedad. Ahora, dicho precepto señala: "Artículo 57. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones Fracción XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio". Por su parte, el artículo 304 del Manuel del Consejo Estatal de Desarrollo Policial refiere: "Artículo 304. La suspensión es la interrupción temporal de la relación administrativa existente entre el infractor y la institución, la cual podrá ser de quince hasta ciento ochenta días. El infractor no deberá prestar sus servicios y, en consecuencia, la institución no le cubrirá sus percepciones, en virtud de lo cual el infractor deberá entregar su identificación, municiones, armamento, equipo, documentación y demás bienes de la institución que se le hubieren ministrado bajo su resguardo para el cumplimiento de sus funciones. ." Así, la suspensión es una de las sanciones que se les impone a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, por incurrir en la comisión de alguna infracción administrativa al ordenamiento legal que las regula, teniendo como consecuencia la restricción temporal de la capacidad del sancionado para ocupar o desempeñar su servicio. Entonces, esa suspensión es un acto de interés social y público en contra del cual no procede conceder la suspensión definitiva, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública, ya que la sociedad está interesada en que los elementos policiales cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad de la comunidad, requiriéndose, además la confianza de la población. Y aunque el quejoso estime que de ejecutarse la sanción se le ocasionarían daños de difícil reparación, con repercusiones económicas y afectando su subsistencia; sin embargo, su interés particular no puede prevalecer sobre el de la colectividad, que está interesada en que los integrantes de seguridad pública desempeñen sus labores eficazmente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa. Cuarto. Se reserva archivar el incidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, en relación con lo señalado en el apartado 3.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, se reserva proveer lo relativo al archivo de este incidente de suspensión, hasta en tanto se acuerde el archivo del expediente principal como asunto concluido. Quinto. Vigencia de nuevo Acuerdo General. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19 y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se: Resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva al quejoso Emilio José Rosas, contra la resolución dictada con fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el expediente administrativo ***********, en la que se impone a) la sanción de treinta días de suspensión en las funciones, empleo, cargo o comisión como policía segundo; así como b) la suspensión de retribuciones económicas y demás prestaciones por el trabajo ejercido, que atribuye a la autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. En su momento, dése cumplimiento con lo ordenado en el considerando cuarto de esta resolución. Tercero. Comuníquese a las partes lo dispuesto en el considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC. 1175/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguense los dos oficios de la autoridad responsable, ************, por conducto de la ********, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante los que rinde informe previo; con los mismos dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. 2. Precisión de denominación de responsable. Téngase a la autoridad oficiante señalado que la denominación correcta de la responsable es ***********, no ********, como lo señaló la parte quejosa. Por lo anterior, se encomienda a la oficial judicial "A" haga las anotaciones correspondientes, con el objeto de que aparezca con la referida denominación. 3. Domicilio y delegados. Asimismo, téngasele designando como sus delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
PRAL.851/2020.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Atiende requerimiento. Incorpórese el oficio firmado por la directora del Sistema DIF municipal de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca (recibido por correo electrónico institucional), mediante el cual atiende el requerimiento de tres de octubre pasado, en el que se le solicitó que informara si la quejosa ***** se encuentra acudiendo a terapias psicológicas. Al respecto, refiere que Isabel Vásquez Sánchez falleció a las once horas con treinta minutos del nueve de octubre de este año, lo que acredita con el acta de defunción. Se da vista a PRODENNAO. En ese contexto, es preciso destacar que uno de los efectos de la sentencia de amparo constriñe a las autoridades responsables 1°) titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca; 2°) procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de Oaxaca y 3°) subprocurador de Protección Especial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Estado de Oaxaca, cada uno en el ámbito de respectiva competencia, a determinar lo correspondiente al inicio ante el juez Familiar del proceso sobre la guarda y custodia de la menor X.V.S. o, de ser procedente, la pérdida de patria potestad. En razón de ello, en auto de veinte de octubre de este año se tuvo al subprocurador de Protección Especial de la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca informando que requirió a la subdirectora de Atención a Adopciones de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México remitiera el documento que acreditara que Angélica Vásquez Sánchez (tía de la menor quejosa) fue canalizada ante el juez familiar competente para el inicio del proceso de guarda y custodia de la menor de iniciales X.V.S. Por lo anterior, con el referido fallecimiento de la quejosa Isabel Vásquez Sánchez, dése vista al subprocurador de Protección Especial de la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca, para que esté en condiciones de determinar lo que en derecho corresponda respecto al procedimiento de guarda y custodia de la menor X.V.S. o, en su caso, pérdida de la patria potestad. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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