Emilio Joaquín Jiménez Rincon
Expediente 627/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Emilio Joaquín Jiménez Rincon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de julio de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que Emilio Joaquín Jiménez Rincón, interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil quince, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del veinticuatro de junio al siete de julio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo y en virtud de que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del multicitado acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurridos cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
MESA VI-B * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 627/2015; y, RESULTANDOPRIMERO.- Escrito de demanda, nombre de la parte quejosa, autoridad responsable, acto reclamado y preceptos constitucionales que contienen los derechos humanos que se estiman violados. Mediante escrito presentado el siete de mayo del año en curso, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad y el mismo día en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (foja 2), Emilio Joaquín Jiménez Rincón, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados al procurador para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, consistente en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable ordenadora, la falta de contestación por escrito debidamente fundado y motivado a mi petición de 13 de Abril del año 2015 y acusado de recibo de la misma fecha. Acto que estimó violatorio de su derecho humano contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Trámite del juicio. Mediante proveído de siete de mayo del año en curso, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 8 a 10), dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. TERCERO.- Previos los trámites de este juicio se citó a las partes a la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO.- Competencia legal. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115 y 117 de la Ley de Amparo; 48, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII (Décimo Tercer Circuito) del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa, su tramitación corresponde a la primera instancia y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados y a la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P VI/2004, visible a página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX abril de dos mil cuatro, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así pues, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que en el caso, lo que esencialmente reclama la parte quejosa de las autoridades responsables es: La falta de contestación por escrito debidamente fundado y motivado a su petición de trece de abril de este año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la procuradora para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad (fojas 17 a 19), aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la falta de contestación por escrito debidamente fundado y motivado a su petición de trece de abril de este año; asimismo, informó que mediante proveído de diecisiete de abril del año en curso acordó el escrito del quejoso, mismo que se le notificó el doce de mayo de este año. QUINTO.- Estudio de una causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Así, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado al procurador para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de inejercitabilidad de la acción de amparo establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La lectura íntegra de la demanda de garantías revela que Emilio Joaquín Jiménez Rincón, por su propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la negativa de la autoridad responsable procurador para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, a proveer la petición que realizó por escrito de trece de abril de este año. De las constancias que remitió la procuradora para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como justificación de su respectivo informe, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, se advierte que mediante proveído dictado el diecisiete de abril del año en curso mismo que se le notificó el doce de mayo de este año, dio contestación al ocurso de la parte quejosa. En ese orden de ideas, si a la fecha en que se resuelve este asunto la procuradora para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, ha dado contestación al escrito de trece de abril de este año, mediante proveído de diecisiete siguiente, el cual fue notificado el doce de mayo de este año, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados. De ahí, que en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando cesa la negativa reclamada; de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna en su esfera particular de derechos. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia número 2ª/J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son; "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los acto reclamado de las autoridad responsable, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Las jurisprudencias invocadas siguen siendo aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio promovido por Emilio Joaquín Jiménez Rincón, contra el acto atribuido al procurador para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables del Estado de Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la procuradora para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil quince. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de ocho de mayo de este año (fojas 8 a 10), se ordenó girar el oficio número 18810, mediante el cual se requirió a la autoridad responsable procurador para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de quince días rindiera su respectivo informe justificado, proveído del cual quedó notificado el doce de mayo del año en curso (foja 13), por lo que el referido término aún se encuentra transcurriendo; por tanto, para dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las trece horas con diez minutos del diecinueve de junio de dos mil quince, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE...
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