Emilio Joaquín Jiménez Rincón
Expediente 1829/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1829/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Emilio Joaquín Jiménez Rincón
Actuaciones
- Principal
mesa 4 a pral. 1829/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a seis de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 31 a 34), en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho proveído. Sin que sea óbice lo anterior que no obren en autos los acuse de recibo de los oficios 13726, 13428, 13728 y 13429 dirigidos a las autoridades responsables, dado que, como se precisó, en la sentencia emitida, se sobreseyó en el juicio (fojas 31 a 34), por ende, ningún agravio genera a esas autoridades que carecen de legitimación para inconformarse de la misma, pues el recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, solamente puede hacerlo valer el afectado. Fundamenta lo anterior, por identidad de razón y en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la tesis registrada en el IUS con el número 316096, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXX, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta." Por otra parte, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 4 a pral. 503/2015- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio números 7900, signado por el secretario encargado del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por el que devuelve debidamente diligenciado, los despachos números de orden 3066/2015 y de origen 1670/2015, del índice de este juzgado. En consecuencia, dése de baja en el libro cuatro de juzgado, relativo a las comunicaciones oficiales que se llevan en este juzgado, previas las anotaciones correspondientes; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, repecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso en la diligencia de notifiación de ventisiete de noviembre de dos mil quince, hágase de su conocimiento que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que considere, con excepción de la tortura que dice estar siendo objeto; lo anterior, en razón de que este asunto se encuentra tolamente concluido pues, con fecha veintiocho de julio de dos mil quince se dictó la sentencia respectiva y, el tres de septiembre del mismo año, se ordenó el archivo de este juicio de amparo (fojas 132 a 135 y 181 a 182). En ese orden de ideas, en cuando al aspecto de la totura psicológica que dice sufrir el quejoso HÉCTOR JESÚS AVITIA ORTIZ, con fundamento en lo establecido en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación al respecto, la tesis cuyos datos de localización rubro y texo son del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2006483 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.) Página: 561 TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Finalmente, tomando en consideración que el quejoso HECTOR JESÚS AVITIA ORTIZ, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, como lo establecen los preceptos 12 y 24 de la ley de la materia en vigor, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que establece que las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberá encomendarse al juez de primera instancia del lugar en que deban practicarse, gírese despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique este auto al quejoso, en dicho centro de reclusión. NOTIFÍQUESE y por despacho al quejoso.
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mesa 4 a pral. 1829/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los oficios números TCA/1°J.P.I./10192/2015 y T.C.A./1.J/10239/2015, signados, respectivamente, por la actuaria del Primer Juzgado Contencioso Adminstrativo de Primera Instancia y jueza del Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; mediante los cuales rinden informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la jueza del Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, remitiendo como complemento a su informe justificado, un cuadernillo de copias certificadas, mismas que se desahogan en razón de su porpia y especial naturaleza En consecuencia, con los oficios y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
mesa 4 apral. 1829/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil quince. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el día veintisiete de noviembre de dos mil quince y recibida en este órgano jurisdiccional, el treinta siguientes, promovida por EMILIO JOAQUÍN JIMÉNEZ RINCÓN contra actos del juez Primero de Primera Instancia en materia Contencioso Administrativo y otras; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1829/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea procedente tramitar el incidente de suspensión respectivo, al no satisfacerse el requisito previsto en artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo; esto es, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, y, con apoyo, en términos del transitorio sexto de la nombrada Ley, en lo conducente, a la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Pídase a la(s) responsable(s) su informe justificado, que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) el oficio que lo solicita, acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime(n) pertinente para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; 1) apercibida(s) que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas íntegras y legibles; 2) o no comunicar si se actualiza alguna causa de improcedencia; se le(s) impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil días de salario y en el segundo, de treinta a trescientos días de dicho salario, calculado éste sobre el mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117, 238, 251 y 260, fracción II, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicítese a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, al momento de rendir su informe justificado, haga(n) del conocimiento de este órgano judicial, si en el expediente de donde emana el acto reclamado, ya se promovieron diversos juicios de amparo; de ser afirmativa su respuesta, proporcione(n) el número del juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social de la adscripción, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA", misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la ley invocada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la ley de la materia en vigor), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Así también, en términos del numeral 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, se reserva pronunciarse sobre el emplazamiento a la parte tercera interesada hasta en tanto obren las constancias que se remitan como justificación del informe relativo. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente, ofreciendo como pruebas de su parte: a) la documental consistente en el original del acuse de recibo del escrito de fecha diez de agosto de dos mil quince, dirigido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia en el Estado de Oaxaca, recibido en la misma fecha; b) instrumental de actuaciones y, c) presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a DILTHEY MARTINEZ MARTINEZ, toda vez que así lo solicitó expresamente el quejoso y además se encuentran registrada su cédulas profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; como se hizo contar en la certificación de cuenta; además así lo ilustra la jurisprudencia número 1a. CCXVIII/2007, con registro IUS 171234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 184, tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10ª ), de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas que en este juicio sólo les serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificaran por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, mismas que podrán ser consultadas directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. NOTIFÍQUESE.
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