Emilio Jasso Abrego
Expediente 810/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Emilio Jasso Abrego
- Jose Antonio Ramirez Diaz, Coordinador Jurídico de Bienes Muebles de la Direccion Ejecutiva de Bienes Muebles del Instituto Para Devolver Al Pueblo lo Robado
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, por el que informa que se no fue posible notificar a la perita oficial ...., el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte; toda vez que se encuentra en su primer periodo vacacional del dos mil veinte. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Por recibida la demanda promovida por José Antonio Ramírez Díaz, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena el registro en el libro de gobierno bajo el número 810/2020-VII, así como la formación del expediente a que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. ESTUDIO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" En el caso, el quejoso ejerce la presente acción de amparo en contra de la emisión y ejecución del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte dictado en el juicio de amparo número 449/2018-4, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, mediante el cual se le impuso una multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, y su ejecución. Asimismo, de la lectura integral de la demanda se desprende que los actos reclamados se emitieron en el procedimiento de ejecución de la sentencia del citado juicio de amparo, cuya multa le fue impuesta al hoy quejoso en su carácter de Coordinador Jurídico de Bienes Muebles de la Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por no haber cumplido dicha ejecutoria. Así las cosas, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada en atención a que el proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, fue dictado en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo 449/2018-4 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas. En ese sentido, la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso, puesto que tiene expedito su derecho para hacer valer en su oportunidad los medios de defensa previstos en la ley de amparo que considere pertinentes en contra de la multa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo."1 Cabe destacar, que si bien a través del acuerdo reclamado se le impuso al quejoso una multa, lo cierto es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia con número de registro 2013158, que aun cuando no es procedente el recurso de queja contra la imposición de una multa derivada del incumplimiento de la sentencia de amparo, puesto considera que no constituye una resolución irreparable en definitiva, ya que en actuaciones subsecuentes si se demuestra causa justificada de retardo en su cumplimiento, existe la posibilidad de dejarla sin efectos, por ende, los actos que combate el impetrante son susceptibles de ser modificados en ulteriores momentos procedimentales, o bien a través del recurso de inconformidad que constituye el medio idóneo para impugnar la multa impuesta durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo indirecto contra el auto que tenga por cumplido el fallo protector. Dicha Jurisprudencia establece lo siguiente: "RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo?97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo?establece que el recurso de queja procede contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Por su parte, conforme al procedimiento de cumplimiento e inejecución de sentencia de amparo, previsto en los artículos?192 a 198 y 211?de la ley citada, el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar la legalidad de las multas impuestas a las autoridades responsables y, en su caso, dejarlas sin efectos cuando se demuestre causa justificada de retardo en su cumplimiento. De lo anterior se concluye la improcedencia del recurso de queja contra la imposición de una multa en el supuesto referido, en la medida en que no constituye una resolución irreparable en sentencia definitiva, toda vez que el perjuicio ocasionado con ello es motivo de estudio en el incidente de inejecución de sentencia, en el que se analizan el cumplimiento y la ejecución de las sentencias de amparo; máxime cuando el recurso de inconformidad constituye el medio idóneo para impugnar las multas impuestas durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo indirecto contra el auto que tenga por cumplido el fallo protector."2 De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por José Antonio Ramírez Díaz, por propio derecho. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS Se tienen por autorizadas a las diversas personas que nombra únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporcionó los datos que exige el artículo 12 de dicha ley. MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza al quejoso el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En término del artículo 3° de la ley de la materia, se le autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con el usuario?INDEP.? HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan para que los actuarios de la adscripción puedan realizar las notificaciones que sean necesarias. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.
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