Emilio Gamboa Santoyo

Expediente 1587/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1587/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Emilio Gamboa Santoyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. NOTIF.

  2. Principal

    AVISO SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. SE TIENE POR NOTIFICADA(O) DEL ACUERDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTAD(O) A POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 1587/2022 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juico del amparo del que se desprende que el trece de diciembre del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, rindió su informe justificado anexando diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós, registrado bajo el folio ********************, en el expediente laboral ********************, respecto del cual se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, con apoyo en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado el cuatro de julio del mismo año, en el juicio laboral ********************. Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de noviembre de dos mil veintidós) ya se había pronunciado sobre el escrito en cita, en el juicio natural. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a. /J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, página 15, registro: 206346, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Sin que pase inadvertido que, el quejoso refiere que, a fin de hacer efectivo el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, el cuatro de julio de dos mil veintidós, mediante promoción registrada bajo el número de folio ********************, solicitó a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitiera auto de requerimiento de pago y/o embargo, siendo así que desde esa fecha hasta el día en que presentó la demanda, la autoridad responsable todavía no había dictado el acuerdo relativo, por causa imputable a la propia autoridad. Sin embargo, tal petición ya se acordó mediante auto de cinco de septiembre del año en curso. De ahí que, conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 15 días a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley, previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman, en razón de que se requiere el impulso del ejecutante, motivo por el cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que, en esos términos, pretende atribuir al Presidente ejecutor. Luego, el quejoso deberá impulsar nuevamente el procedimiento de ejecución ante la autoridad responsable a fin de obtener el auto de requerimiento de pago y embargo que pretende, sin que este Juzgado pueda suplir esa petición, es decir, el amparo indirecto no tiene el alcance de substituir el impulso procesal que necesariamente deben promover las partes en los procedimientos de origen. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, materia común, con número de registro 2000011, cuyo rubro es el siguiente: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la inexistencia del acto reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y cuatro minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juico del amparo del que se desprende que el trece de diciembre del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, rindió su informe justificado anexando diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós, registrado bajo el folio ********************, en el expediente laboral ********************, respecto del cual se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, con apoyo en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado el cuatro de julio del mismo año, en el juicio laboral ********************. Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de noviembre de dos mil veintidós) ya se había pronunciado sobre el escrito en cita, en el juicio natural. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a. /J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, página 15, registro: 206346, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Sin que pase inadvertido que, el quejoso refiere que, a fin de hacer efectivo el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, el cuatro de julio de dos mil veintidós, mediante promoción registrada bajo el número de folio ********************, solicitó a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitiera auto de requerimiento de pago y/o embargo, siendo así que desde esa fecha hasta el día en que presentó la demanda, la autoridad responsable todavía no había dictado el acuerdo relativo, por causa imputable a la propia autoridad. Sin embargo, tal petición ya se acordó mediante auto de cinco de septiembre del año en curso. De ahí que, conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 15 días a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley, previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman, en razón de que se requiere el impulso del ejecutante, motivo por el cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que, en esos términos, pretende atribuir al Presidente ejecutor. Luego, el quejoso deberá impulsar nuevamente el procedimiento de ejecución ante la autoridad responsable a fin de obtener el auto de requerimiento de pago y embargo que pretende, sin que este Juzgado pueda suplir esa petición, es decir, el amparo indirecto no tiene el alcance de substituir el impulso procesal que necesariamente deben promover las partes en los procedimientos de origen. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, materia común, con número de registro 2000011, cuyo rubro es el siguiente: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la inexistencia del acto reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y cuatro minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Pruebas También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Personalidad De igual manera, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, para lo cual remite copias certificadas de las constancias en las que se advierte que reconoce a Manuel Alejandro Morales Mondragón, personalidad de apoderado legal de Emilio Gamboa Santoyo, dentro de los autos del juicio laboral 01/99/20-I; en tal virtud, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter en este juicio de amparo. Por otro lado, toda vez que, mediante auto de uno de diciembre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer sobre los autorizados; hasta que se reconociera la personalidad del apoderado legal, situación que ya aconteció, por tanto, se provee. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a las personas que refiere en el escrito de demanda, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notifíquese.

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