Emilio Flores Salazar

Expediente 1317/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Emilio Flores Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Informe en el que acepta la existencia del acto reclamado. Manifestación. Se tiene a la autoridad responsable informando que localizó registro de diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa, que trata de actos que derivan del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado con el número de juicio de amparo 1301/2022 del índice de este juzgado de Distrito. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante. Tomo de pruebas. Para mejor manejo de este expediente, con los anexos allegados, se ordena formar por separado DOS TOMOS de pruebas, los cuales estarán a la vista de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta. Causa de improcedencia. Ahora bien, de la lectura del informe justificado de rendido por la autoridad responsable y de las constancias anexa, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Resulta necesario mencionar que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo que depositó el cinco de octubre de dos mil veintidós, reclamó la omisión de la autoridad responsable de dictar sentencia interlocutoria, respecto del recurso de revocación interpuesto por Emilio Flores Salazar, en contra del auto de once de agosto del año en curso, dentro del expediente 293/2019. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictó resolución interlocutoria respecto del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de agosto del año en curso, dentro del juicio de origen. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al cinco de octubre de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado resolución interlocutoria sobre el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de agosto de dos mil veintidós, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia interlocutoria respecto del recurso de revocación referido, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. De donde se obtiene que cesó el efecto del acto reclamado, pues con dicha actuación llevada a cabo en el juicio natural, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por lista el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, a la parte quejosa. Cuernavaca, Morelos; diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Informe en el que acepta la existencia del acto reclamado. Manifestación. Se tiene a la autoridad responsable informando que localizó registro de diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa, que trata de actos que derivan del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado con el número de juicio de amparo 1301/2022 del índice de este juzgado de Distrito. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante. Tomo de pruebas. Para mejor manejo de este expediente, con los anexos allegados, se ordena formar por separado DOS TOMOS de pruebas, los cuales estarán a la vista de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta. Causa de improcedencia. Ahora bien, de la lectura del informe justificado de rendido por la autoridad responsable y de las constancias anexa, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Resulta necesario mencionar que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo que depositó el cinco de octubre de dos mil veintidós, reclamó la omisión de la autoridad responsable de dictar sentencia interlocutoria, respecto del recurso de revocación interpuesto por Emilio Flores Salazar, en contra del auto de once de agosto del año en curso, dentro del expediente 293/2019. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictó resolución interlocutoria respecto del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de agosto del año en curso, dentro del juicio de origen. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al cinco de octubre de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado resolución interlocutoria sobre el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de agosto de dos mil veintidós, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia interlocutoria respecto del recurso de revocación referido, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. De donde se obtiene que cesó el efecto del acto reclamado, pues con dicha actuación llevada a cabo en el juicio natural, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad señalada como responsable Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para rendir su informe justificado, lo cual, se corrobora con el acuse del oficio por el que se le solicitó. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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