Emilio Flores Araiza
Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Emilio Flores Araiza
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, por medio hace del conocimiento que el Juzgado de su adscripción, aceptó la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Emilio Flores Araiza, registrándolo con el número 438/2021, de su índice; circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de diez de los corriente, se proveyó al respecto, ordenándose el archivo del expediente en que se actúa. Notifíquese...MESA 2
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, por medio del cual acepta la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Emilio Flores Araiza, registrándolo con el número 438/2021, de su índice. Bajo ese contexto, este juzgado toma debido conocimiento y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el numeral 2º, agréguese a estos autos para su correcta integración. Por tanto, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra dice: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y, b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General" En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dése cumplimiento y procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE...MESA 2
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Recepción de incompetencia y nos avocamos a su conocimiento. Por recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que contiene el proveído de dieciséis del mes y año en curso, emitido en el juicio de amparo directo 107/2021, de su índice, promovido por Emilio Flores Araiza, en el que el pleno de ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal, remitiendo los autos originales; hágase del conocimiento del tribunal declinante que este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese de recibo. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 312/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal, es necesario dilucidar acerca de la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, como lo dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación de dicho precepto normativo permite establecer tres reglas para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito cuyo conocimiento les corresponda, que son: a) La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda regla constituye un matiz, ya que, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. En el caso, el suscrito estima que la hipótesis que se actualiza es la precisada en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En efecto, del escrito de demanda se aprecia que el quejoso Emilio Flores Araiza, se duele medularmente de la resolución interlocutoria de treinta de noviembre pasado, emitida en el recurso de revocación interpuesto en el expediente 689/2020, controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (cesación de alimentos), del índice del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Tecamac, Estado de México; de modo que, lo que pretende lograr al instar la acción constitucional es que se revise la constitucionalidad de la determinación adoptada en el referido expediente relativo a una cuestión de alimentos. Sustenta esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), con registro digital 2001236, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, tomo 1, página 145, que a la letra indica: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Entonces, si el acto que aquí se reclama tiene como propósito la reducción de una pensión alimenticia, la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, debe concluirse que de la interpretación armónica del aludido artículo 37 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer del presente juicio, como ya se anticipó, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución que constituye el acto reclamado. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por lo cual remítanse las constancias del expediente a dicho órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo legal a que se contrae el segundo de los numerales en cita, comunique a este juzgado si acepta o no el conocimiento para la resolución del asunto. Por tanto, la remisión de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, se realizará una vez que las labores del juzgado lo permitan, atendiendo a las cargas de trabajo y a la distribución del personal que se asignó para laborar en este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. De la notificación al quejoso. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso, pues las listas es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a las profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, se les tiene por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Integración de las constancias de notificación al expediente electrónico. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 2
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