Emilio Ernesto Maurer Espinosa

Expediente 481/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
481/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Emilio Ernesto Maurer Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    ."En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de dos de los corrientes, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta el momento se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito ha quedado firme. ."Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Devolución de documentos. La secretaria hace constar que en el presente asunto el quejoso no exhibió documentos originales que deban ser devueltos. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Ley de Amparo, dispone que el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la lectura íntegra de la demanda en estudio, se aprecia que el quejoso reclama la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 470/2015/8, mediante la cual modificó el auto de dieciséis de enero del año en curso, emitido en el incidente de actualización de intereses moratorios derivado del juicio especial hipotecario 964/2014, del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México; y decretó que no se actualizaba la caducidad en dicha incidencia, por lo que, citó a las partes para oír sentencia. Así, se estima que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigos 107, fracción III de la Carta Magna y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De la última disposición legal citada, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, la disposición constitucional mencionada establece que, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, al contemplar que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definitivo en la jurisprudencia P./J. 24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por su parte, en la jurisprudencia 3a. 43 de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, de la forma siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto combatido, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sentado lo precedente, la resolución aquí reclamada que negó decretar la caducidad de la instancia en el incidente incoado en contra del quejoso, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, integridad personal, libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que las consecuencias de la sentencia reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del incidente natural. Así resulta, ya que de obtener una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo que se intente en contra de dicho fallo. Es orientadora la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, cuyo texto es: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).', estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia citada, procede desechar de plano la demanda en estudio, respecto del acto reclamado, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita el promovente, de conformidad con lo establecido por el precepto 3º de la ley de la materia, la notificación de este proveído, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, hágansele vía electrónica, a través del usuario "carlosloga05". Asimismo, se autoriza la consulta vía internet del expediente del juicio de amparo en que se actúa, mediante el usuario en mención. Por otra parte, ténganse por autorizados de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a Andy de Jesús Sánchez García y José Carlos Loaiza García, en virtud de tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En cambio, ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alberto Mendoza Torres y Sergio Pérez Cid, en virtud de que no tienen registradas sus cédulas en el precitado sistema. En otro orden de ideas, con fundamento en el segundo párrafo del referido precepto legal, se tienen por autorizados a José Vania Guillén Vera y Armando Sarmiento Torres, para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos. Autorización para obtener imágenes. Hágase de su conocimiento que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y vía electrónica al promovente.

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