Emilio Daniel Ceballos Hernández y Otros.

Expediente 1841/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1841/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2016

Partes del expediente

  • Emilio Daniel Ceballos Hernández y Otros.
  • Emilio Daniel Ceballos Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. mls

  2. Principal

    MESA II B Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por... fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1841/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio sumario civil 234/2014, promovido por el aquí quejoso y otros, contra Arturo Mena Palma y otros; mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso, relativo al desahogo de una prueba de informes ofrecida por la aquí quejosa. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo o sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando se desecha la objeción de un documento y pruebas relativas constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, por lo que en los términos genéricos en que está redactado el referido precepto legal, resulta obvio que cuando se desecha la objeción de un documento y pruebas relativas, ya que puede consistir tanto en el rechazo de esas pruebas o en el desahogo de las mismas en forma contraria a la ley, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado consiste en el auto relacionado con el desahogo de pruebas, el mismo debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva o laudo que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo ; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con el desechamiento o desahogo de pruebas, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio sumario civil 234/2014, promovido por el aquí quejoso y otros, contra Arturo Mena Palma y otros; mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso, relativo al desahogo de una prueba de informes ofrecida por la aquí quejosa; el cual resulta incuestionable que no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural, el cual no se ha dictado, ya que así lo pone de manifiesto la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado; así, si la sentencia es favorable a los intereses del aquí quejoso, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa correspondiente, como está previsto en el artículo 171 de la referida Ley , de ser el caso. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1993, tesis VI.2º.J/258, Octava Época, página 53]. Asimismo, apoya al caso, la jurisprudencia 407 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley. [Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, Tesis: 407, Quinta Época, Genealogía:[.], página 273]. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de las quejosas, pues el acuerdo reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y por autorizados para recibirlas sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por no autorizarlos en esos términos el quejoso. Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este juicio se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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