Emilio Carranza Torres
Expediente 990/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Emilio Carranza Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el escrito firmado por el quejoso ************, atento a su contenido y advirtiéndose del estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, que la parte quejosa efectuó manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre del año en curso; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. En la ejecutoria de cuatro de octubre de dos mil diecinueve se concedió la protección de la justicia federal para que para que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero: 1. Dejara sin efectos la resolución combatida en el toca TJA/SS/415/2018, dictada el veinte de junio de dos mil diecinueve. 2. Se pronunciara de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, sobre todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso de queja. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la resolución dictada por el de Pleno en sesión extraordinaria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TCA/SS/415/2018 (fojas 185 a 218). Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 219), se ordenó dar vista a las partes con las documentales antes señaladas, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante citatorio de quince de noviembre de dos mil diecinueve y lista publicada el veintidós de noviembre siguiente. 4. Manifestaciones hechas por la parte quejosa. En contestación a lo informado por la autoridad responsable mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, así como en el escrito de cuenta, Emilio Carranza Torres, realizó diversas manifestaciones, aduciendo que la responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que en la sentencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve, prácticamente transcribe la sentencia dictada por este juzgado federal y sus agravios fueron analizados de forma deficiente, por lo que carece de fundamentación y motivación; asimismo, en el escrito de cuenta aduce que la citada sentencia emitida por la Sala responsable es ilegal por los motivos que expone. 5. Contestación a las manifestaciones hechas por la parte quejosa. Ahora bien, en contestación a las manifestaciones realizadas por la autorizada de la parte quejosa, dígasele los efectos de la sentencia fueron para que se dejara insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca TJA/SS/415/2018, y emitiera otra en la que se pronunciara de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, sobre todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso de queja, sin darle un lineamiento específico. 6. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que en autos del expediente TJA/SS/415/2018, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve y emitió otra en la cual, dio contestación a los agravios expresados por el recurrente, de la manera siguiente: AGRAVIOS CONTESTACIÓN CALIFICACIÓN 1) La cuantificación de los salarios y prestaciones generadas a favor del quejoso, durante el tiempo que estuvo suspendido, tomando como base el último salario que percibió en enero de dos mil tres. 2) La procedencia del pago de incrementos salariales, a los que tiene derecho el quejoso, al haberse sentenciado a la parte demandada además a su reinstalación, por lo que se le debe pagar el total de percepciones que dejó de recibir con motivo de su suspensión. En ese sentido, carece de sustento jurídico lo pretendido por el actor de que en el cumplimiento de la sentencia se consideren los incrementos al salario que percibía en el momento en que fue separado del empleo y de sus respectivos salarios, en virtud de que la sentencia definitiva de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, no ordena el pago de los salarios con sus respectivos incrementos de tal suerte que la restitución no debe comprender aspectos ni otorgar beneficios que no estén expresamente contemplados en la sentencia. La restitución de los derechos no debe interpretarse en sentido de que se le otorguen beneficios no estipulados de manera específica, además no es procedente que se consideren aumentos de salarios para el cumplimiento de la sentencia definitiva, en razón de que no es parte de la condena, toda vez que conforme a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos el Estado de Guerrero. Además no procede el pago de salarios con sus respectivos incrementos que en el caso particular pretende el demandante. Fundamentó su determinación. Estableció con precisión la parte considerativa de la sentencia que señala la forma en que se debe realizar el pago al actor por los haberes dejados de percibir. 3) Que para establecer el salario integrado del actor aquí quejoso, la autoridad demandada debió ser requerida para que exhibiera su planilla de liquidación y no únicamente basarse la autoridad responsable en la copia fotostática simple de la impresión de "consulta de nómina". 4) Que las operaciones que realiza la responsable para determinar el salario, las hace de forma mensual y anual, no así de manera diaria, por lo que resulta una cuantificación menor en perjuicio del actor en juicio de origen. Por otra parte, carece de consistencia jurídica el agravio mediante el cual combate la determinación del pago de los haberes, tomando en cuenta el sueldo quincenal ya que no es necesario, que se especifique el salario diario integrado porque ello no le causa perjuicio al actor, además de que no obra en el expediente otra prueba con que se acredite que el actor percibiera un salario quincenal mayor al especificado en la "impresión de la consulta de nómina" que obra a foja 2518 del expediente principal; haciendo la aclaración que la suma del total de los haberes dejados de percibir por el demandante, debe hacerse conforme al sueldo neto percibido que arroja la "CONSULTA DE NÓMINA 2012" antes referida, que asciende la cantidad de $6,643.095 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.), no así conforme al salario integrado como incorrectamente lo hizo la juzgadora primaria; no obstante ello, aún cuando se especificara el salario diario en nada le beneficiaría al actor, porque al hacer la cuantificación por día, quincena o mes, debe sustentarse en las constancias que acreditan lo que el actor percibía y la forma en que se le venía pagando, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 41, fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Púbicos del Estado de Guerrero, que establece el pago de los salarios por periodo de quince días, lo que se confirma con la multicitada CONSULTA DE NOMINA 2012, con la cual se acredita que la forma de pago de los salaros que percibía el actor ha sido por periodos de quince días . Estableció de manera fundada y motivada, la improcedencia de establecer el salario diario del trabajador. Precisó por qué no resultaba necesario recabar más pruebas para estar en posibilidad de fijar el salario por el cual se debe cubrir la condena. 5) Que contrario al informe rendido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la categoría que asistía al actor, era la de Director, no de Subdirector "A", ya que como "Asesor Jurídico", dependía del Subsecretario del Trabajo y Previsión Social. 6) Que para determinar los incrementos en sus prestaciones, así como el salario correspondiente a la categoría de "Asesor Jurídico", la responsable se debía apoyar en el Catálogo de Puestos del Estado de Guerrero. 7) Que la responsable en lugar de pedir los Informes al Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero y a la Autoridad Vinculada, Jefe del Departamento de Nóminas del Sector Central y Paraestatal, debía de haberles solicitado la remisión del Tabulador Salarial para Puestos de Confianza y Supernumerarios del Sector Central del Gobierno del Estado de Guerrero, respecto del lapso comprendido de dos mil tres a dos mil diecisiete. En consecuencia, independientemente de que ostentara la categoría de "Subdirector A" o Director, tampoco le causa agravios al actor al considerar que percibía la cantidad de $6,643.095 y por otra parte debe partirse de que el actor reconoce que ostentaba la categoría de asesor jurídico cuando fue suspendido de sus funciones pero no manifestó que ostentara la categoría de Director. Por tanto, si bien es cierto que no se solicitó a las autoridades demandadas el tabulador salariaI para puestos de confianza y supernumerarios, pero ello se subsana con la "impresión de la consulta de nómina".. en términos del artículo 81 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y el tabulador salarial para puestos de confianza, no se refiere a una situación específica en particular. Refiere que el salario es de $6,643.095. Fundamentó el por qué no era necesario requerir a las autoridades demandadas el tabulador salariaI, para puestos de confianza. 8) Que la responsable ocurrió en contradicción al determinar que no obstante que el actor fue suspendido de su cargo y sus salarios, y que la relación de trabajo debe entenderse como continuada, ya que omitió considerar que ordenó su reinstalación, por lo que se le deben pagar de acuerdo al salario que corresponda, con la cuota diaria durante todo el tiempo que ha estado suspendido. Por cuanto hace al agravio precisado con el número ocho de su recurso de revisión, efectivamente, como bien lo señala el revisionista, si en la sentencia definitiva se ordenó su reinstalación para efectos del cumplimiento de la sentencia definitiva, el pago de los salarios que debió de percibir deben cuantificarse de manera contínua y de forma quincenal. Atendido. 9) Que la determinación de la responsable de no solicitar el Catálogo General de Puestos del Gobierno del Estado de Guerrero, carece de fundamentación y motivación, violando sus garantías individuales, así como el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. En relación con el agravio precisado con el punto número nueve, debe precisarse que no es verdad que la negativa de la sala regional de solicitar el catálogo general de puestos de Gobierno del Estado de Guerrero, viole en perjuicio del demandante el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que dicho numeral se refiere a la facultad de los Magistrados para acordar de oficio la práctica, repetición de ampliación de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, así como con la exhibición de documentos u objetos o el desahogo depruebas. Atendido. 10) Que con base en la nómina de consulta burocrática exhibida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el salario quincenal de $8,066.00 (ocho mil sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), dividido entre quince días resulta el salario integrado de $537.73 (quinientos treinta y siete pesos 73/100 moneda nacional), que multiplicado por trescientos sesenta y cinco días resulta la cantidad de $196,271.45 (ciento noventa y seis mil doscientos setenta y un pesos 45/100 moneda nacional), que es mayor a lo determinado por la Sala Superior $193,584.00 (ciento noventa y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Es inatendible el argumento de que para determinar la cuantía a pagar al actor los haberes dejados de percibir desde que fue dado de baja, debe tomarse como base un salario diario de $537.73 toda vez de que la Magistrada de la Sala Regional realizó la cuantificación correspondiente en forma mensual, sumando el salario quincenal que se encuentra acreditado, en virtud de que no obra en autos ninguna otra prueba que se contraponga a la "consulta de nómina" exhibida por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, toda vez que como ya se dijo en líneas anteriores, la forma de pago a los trabajadores del Gobierno del Estado, se rige por el artículo 41 de la Ley de Trabajo de los Servidores Púbicos del Estado de Guerrero número 248, además de que la referida consulta de nómina 2012, no fue oportunamente objetada por el actor, por lo tanto no fue desvirtuada su autenticidad.. Se pronunció de forma fundada y motivada sobre la improcedencia de realizar la cuantificación del salario de forma diaria y no de forma mensual como lo realizó la Sala Regional Señaló por qué no resultaba necesario requerir más pruebas para estar en posibilidad de fijar correctamente el salario. 11) Que al haber señalado la Sala Superior el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la reinstalación del actor, debió registrar las prestaciones a pagar hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, que al no hacerlo así existe una diferencia de cien días. Por cuanto hace a la inconformidad de que al señalar la Sala Superior como fecha de reinstalación el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, debió registrar las prestaciones a pagar a pagar hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete . Al respecto debe decirse en primer lugar que el procedimiento de ejecución de sentencia se tramita en la Sala Regional Chilpancingo, en la que se desahogó el juicio de nulidad y se dictó la sentencia definitiva, no en esta sala superior y por tanto esta no señaló la fecha de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la reinstalación; sin embargo, si la Sala Regional de Chilpancingo en que se tramita el procedimiento de ejecución de sentencia señaló la mencionada fecha para la reinstalación del actor en el cargo que desempeñaba, no era necesario e indispensable que en el acuerdo respectivo se cuantificaran los salaros hasta un día anterior. porque la resinstalación y el pago de los salarios son aspectos diferentes. Atendido. 12) Que la responsable omitió señalar que también están obligados a pagar las prestaciones que se le adeudan al actor, la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del Estado de Guerrero. Por otra parte, le asiste razón al revisionista, en virtud de que, para el cumplimiento de la sentencia definitiva, no solamente la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se encuentra obligada al cumplimiento, dado que, en las medidas de sus competencias también se encuentran obligadas la Secretaria y Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia en los requerimientos debe incluirse. Atendido. 13) Que la Sala Superior señaló que los salarios caídos que contabiliza en la condena, once meses corresponde a dicho concepto, mientras que el doceavo es por vacaciones, lo cual es completamente ilegal, ya que la relación laboral continuó como si nunca se hubiera suspendido. Finalmente, cabe precisar que al hacer la cuantificación de los salarios dejados de percibir mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala Regional primaria incurre en error, toda vez de que no obstante hacer la cuantificación sucesiva por año, y que en total sumaron catorce años, no cabe incluir vacaciones, en virtud de que ese concepto queda comprendido en la suma total consecutiva de los años que el actor ha estado suspendido del cargo, y como consecuencia agregar los periodos vacacionales como indebidamente lo hizo la juzgadora primaria en el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se incurre en un doble pago, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 25, párrafo segundo de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, los trabajadores al servicio del Estado por cada seis meses de trabajo deben gozar de un periodo de vacaciones de diez días hábiles. 14) Que la Sala Superior estableció de manera errónea, la cantidad que se le debe pagar por concepto de aguinaldo, cuantificando la cantidad resultante de catorce años, ocho meses y veinticuatro días. 15) Que la Sala Superior, en los acuerdos impugnados, al resolver sobre la cuantía de la prima vacacional, es incoherente ya que omitió señalar la cantidad líquida que corresponde por dicho concepto, pues si bien es cierto, que son dos periodos de diez días hábiles de vacaciones, no agregó los dos días de descanso por cada periodo. No es verdad que se haya establecido de manera errónea el pago por concepto de aguinaldo, porque la cuantificación respectiva se hizo por catorce años, ocho meses y veinticuatro días. Tampoco existe incongruencia en la cuantificación por concepto de prima vacacional. toda vez que dicha cuantificación se realizó tomando en cuenta el salario que percibía el actor . Atendido. 16) Señaló también como agravio, la determinación respecto a que la reinstalación del actor se debe llevar a cabo en un solo acto jurídico de dos fases. El cumplimiento de la sentencia definitiva no necesariamente debe hacerse en una sola diligencia, acción o acto jurídico por las autoridades demandadas, toda vez que implica dos acciones distintas, una es la reinstalación del actor y el pago de salarios que dejó de percibir desde que fue suspendido del cargo, además de que el cumplimiento del primer acto, esto es la reinstalación permitiría determinar en forma concreta el pago de los salarios que el demandante dejó de percibir, porque ya no seguiría corriendo el término para contabilizar los salarios desde que fue suspendido del cargo, y por otra parte, el demandante ya recibió un pago por las cantidad de $1'300,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en fecha veinte de junio de dos mil doce, en que se intentó su reincorporación, lo que debe tenerse como cumplimiento parcial de la sentencia definitiva, por cuanto hace al pago de los haberes que dejó de percibir, aun cuando no quedó cumplida por cuanto hace a la reincorporación, ello porque lo que se pretende es el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo de dos mil seis, no la de treinta de junio de dos mil dieciséis, emitida en el toca TCA/SS/212/2016, que cita el actor en el curso en estudio. Precisó la fecha en que se debe comenzar a cuantificar, ante la negativa de reinstalación. 17) Que la Sala Superior omitió ordenar el requerimiento de pago al Secretario de Trabajo y Previsión Social y/o Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, y/o Secretario de Finanzas y Administración todos del Estado de Guerrero. Por otra parte, le asiste razón al revisionista, en virtud de que, para el cumplimiento de la sentencia definitiva, no solamente la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se encuentra obligada al cumplimiento, dado que, en las medidas de sus competencias también se encuentran obligadas la Secretaria y Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia en los requerimientos debe incluirse a dichas autoridades. Atendido. 18) Que el recurso de reclamación que hizo valer debía admitirse y resolverse en el término de tres días hábiles como lo establece el numeral 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Respecto de la inconformidad relacionada con la falta de resolución del recurso de reclamación que el demandante interpuso por escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en contra del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, si bien es cierto que ningún recurso o medio de impugnación debe quedar sin resolverse, en observancia al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, también lo es que los agravios externados en el recurso referencia, se refieren a las mismas violaciones planteadas en el recurso de queja, es decir respecto de la inconformidad de que pidiera nuevamente el informe de autoridad, por cuanto hace a los salarios que percibía el actor, además de que esa circunstancia ya se encuentra acreditada ten autos, mediante la consulta de nómina exhibida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con base en la cual ya se han venido haciendo algunas cuantificación de los pagos que se deben cubrir al actor, sin que para tal efecto pueda servir de base lo que percibían o perciben actualmente otros empleados, como son el Secretario, Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como los presidentes auxiliares, secretarias y actuarios de las juntas de conciliación y arbitraje. Atendido. De lo anterior se aprecia que la responsable de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, atendió los agravios expresados por el aquí quejoso, colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 7. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en el cumplimiento y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.
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Visto el escrito firmado por el quejoso ************, atento a su contenido y advirtiéndose del estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, que la parte quejosa efectuó manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre del año en curso; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. En la ejecutoria de cuatro de octubre de dos mil diecinueve se concedió la protección de la justicia federal para que para que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero: 1. Dejara sin efectos la resolución combatida en el toca TJA/SS/415/2018, dictada el veinte de junio de dos mil diecinueve. 2. Se pronunciara de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, sobre todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso de queja. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la resolución dictada por el de Pleno en sesión extraordinaria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TCA/SS/415/2018 (fojas 185 a 218). Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 219), se ordenó dar vista a las partes con las documentales antes señaladas, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante citatorio de quince de noviembre de dos mil diecinueve y lista publicada el veintidós de noviembre siguiente. 4. Manifestaciones hechas por la parte quejosa. En contestación a lo informado por la autoridad responsable mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, así como en el escrito de cuenta, Emilio Carranza Torres, realizó diversas manifestaciones, aduciendo que la responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que en la sentencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve, prácticamente transcribe la sentencia dictada por este juzgado federal y sus agravios fueron analizados de forma deficiente, por lo que carece de fundamentación y motivación; asimismo, en el escrito de cuenta aduce que la citada sentencia emitida por la Sala responsable es ilegal por los motivos que expone. 5. Contestación a las manifestaciones hechas por la parte quejosa. Ahora bien, en contestación a las manifestaciones realizadas por la autorizada de la parte quejosa, dígasele los efectos de la sentencia fueron para que se dejara insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca TJA/SS/415/2018, y emitiera otra en la que se pronunciara de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, sobre todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso de queja, sin darle un lineamiento específico. 6. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que en autos del expediente TJA/SS/415/2018, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve y emitió otra en la cual, dio contestación a los agravios expresados por el recurrente, de la manera siguiente: AGRAVIOS CONTESTACIÓN CALIFICACIÓN 1) La cuantificación de los salarios y prestaciones generadas a favor del quejoso, durante el tiempo que estuvo suspendido, tomando como base el último salario que percibió en enero de dos mil tres. 2) La procedencia del pago de incrementos salariales, a los que tiene derecho el quejoso, al haberse sentenciado a la parte demandada además a su reinstalación, por lo que se le debe pagar el total de percepciones que dejó de recibir con motivo de su suspensión. En ese sentido, carece de sustento jurídico lo pretendido por el actor de que en el cumplimiento de la sentencia se consideren los incrementos al salario que percibía en el momento en que fue separado del empleo y de sus respectivos salarios, en virtud de que la sentencia definitiva de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, no ordena el pago de los salarios con sus respectivos incrementos de tal suerte que la restitución no debe comprender aspectos ni otorgar beneficios que no estén expresamente contemplados en la sentencia. La restitución de los derechos no debe interpretarse en sentido de que se le otorguen beneficios no estipulados de manera específica, además no es procedente que se consideren aumentos de salarios para el cumplimiento de la sentencia definitiva, en razón de que no es parte de la condena, toda vez que conforme a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos el Estado de Guerrero. Además no procede el pago de salarios con sus respectivos incrementos que en el caso particular pretende el demandante. Fundamentó su determinación. Estableció con precisión la parte considerativa de la sentencia que señala la forma en que se debe realizar el pago al actor por los haberes dejados de percibir. 3) Que para establecer el salario integrado del actor aquí quejoso, la autoridad demandada debió ser requerida para que exhibiera su planilla de liquidación y no únicamente basarse la autoridad responsable en la copia fotostática simple de la impresión de "consulta de nómina". 4) Que las operaciones que realiza la responsable para determinar el salario, las hace de forma mensual y anual, no así de manera diaria, por lo que resulta una cuantificación menor en perjuicio del actor en juicio de origen. Por otra parte, carece de consistencia jurídica el agravio mediante el cual combate la determinación del pago de los haberes, tomando en cuenta el sueldo quincenal ya que no es necesario, que se especifique el salario diario integrado porque ello no le causa perjuicio al actor, además de que no obra en el expediente otra prueba con que se acredite que el actor percibiera un salario quincenal mayor al especificado en la "impresión de la consulta de nómina" que obra a foja 2518 del expediente principal; haciendo la aclaración que la suma del total de los haberes dejados de percibir por el demandante, debe hacerse conforme al sueldo neto percibido que arroja la "CONSULTA DE NÓMINA 2012" antes referida, que asciende la cantidad de $6,643.095 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.), no así conforme al salario integrado como incorrectamente lo hizo la juzgadora primaria; no obstante ello, aún cuando se especificara el salario diario en nada le beneficiaría al actor, porque al hacer la cuantificación por día, quincena o mes, debe sustentarse en las constancias que acreditan lo que el actor percibía y la forma en que se le venía pagando, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 41, fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Púbicos del Estado de Guerrero, que establece el pago de los salarios por periodo de quince días, lo que se confirma con la multicitada CONSULTA DE NOMINA 2012, con la cual se acredita que la forma de pago de los salaros que percibía el actor ha sido por periodos de quince días . Estableció de manera fundada y motivada, la improcedencia de establecer el salario diario del trabajador. Precisó por qué no resultaba necesario recabar más pruebas para estar en posibilidad de fijar el salario por el cual se debe cubrir la condena. 5) Que contrario al informe rendido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la categoría que asistía al actor, era la de Director, no de Subdirector "A", ya que como "Asesor Jurídico", dependía del Subsecretario del Trabajo y Previsión Social. 6) Que para determinar los incrementos en sus prestaciones, así como el salario correspondiente a la categoría de "Asesor Jurídico", la responsable se debía apoyar en el Catálogo de Puestos del Estado de Guerrero. 7) Que la responsable en lugar de pedir los Informes al Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero y a la Autoridad Vinculada, Jefe del Departamento de Nóminas del Sector Central y Paraestatal, debía de haberles solicitado la remisión del Tabulador Salarial para Puestos de Confianza y Supernumerarios del Sector Central del Gobierno del Estado de Guerrero, respecto del lapso comprendido de dos mil tres a dos mil diecisiete. En consecuencia, independientemente de que ostentara la categoría de "Subdirector A" o Director, tampoco le causa agravios al actor al considerar que percibía la cantidad de $6,643.095 y por otra parte debe partirse de que el actor reconoce que ostentaba la categoría de asesor jurídico cuando fue suspendido de sus funciones pero no manifestó que ostentara la categoría de Director. Por tanto, si bien es cierto que no se solicitó a las autoridades demandadas el tabulador salariaI para puestos de confianza y supernumerarios, pero ello se subsana con la "impresión de la consulta de nómina".. en términos del artículo 81 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y el tabulador salarial para puestos de confianza, no se refiere a una situación específica en particular. Refiere que el salario es de $6,643.095. Fundamentó el por qué no era necesario requerir a las autoridades demandadas el tabulador salariaI, para puestos de confianza. 8) Que la responsable ocurrió en contradicción al determinar que no obstante que el actor fue suspendido de su cargo y sus salarios, y que la relación de trabajo debe entenderse como continuada, ya que omitió considerar que ordenó su reinstalación, por lo que se le deben pagar de acuerdo al salario que corresponda, con la cuota diaria durante todo el tiempo que ha estado suspendido. Por cuanto hace al agravio precisado con el número ocho de su recurso de revisión, efectivamente, como bien lo señala el revisionista, si en la sentencia definitiva se ordenó su reinstalación para efectos del cumplimiento de la sentencia definitiva, el pago de los salarios que debió de percibir deben cuantificarse de manera contínua y de forma quincenal. Atendido. 9) Que la determinación de la responsable de no solicitar el Catálogo General de Puestos del Gobierno del Estado de Guerrero, carece de fundamentación y motivación, violando sus garantías individuales, así como el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. En relación con el agravio precisado con el punto número nueve, debe precisarse que no es verdad que la negativa de la sala regional de solicitar el catálogo general de puestos de Gobierno del Estado de Guerrero, viole en perjuicio del demandante el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que dicho numeral se refiere a la facultad de los Magistrados para acordar de oficio la práctica, repetición de ampliación de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, así como con la exhibición de documentos u objetos o el desahogo depruebas. Atendido. 10) Que con base en la nómina de consulta burocrática exhibida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el salario quincenal de $8,066.00 (ocho mil sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), dividido entre quince días resulta el salario integrado de $537.73 (quinientos treinta y siete pesos 73/100 moneda nacional), que multiplicado por trescientos sesenta y cinco días resulta la cantidad de $196,271.45 (ciento noventa y seis mil doscientos setenta y un pesos 45/100 moneda nacional), que es mayor a lo determinado por la Sala Superior $193,584.00 (ciento noventa y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Es inatendible el argumento de que para determinar la cuantía a pagar al actor los haberes dejados de percibir desde que fue dado de baja, debe tomarse como base un salario diario de $537.73 toda vez de que la Magistrada de la Sala Regional realizó la cuantificación correspondiente en forma mensual, sumando el salario quincenal que se encuentra acreditado, en virtud de que no obra en autos ninguna otra prueba que se contraponga a la "consulta de nómina" exhibida por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, toda vez que como ya se dijo en líneas anteriores, la forma de pago a los trabajadores del Gobierno del Estado, se rige por el artículo 41 de la Ley de Trabajo de los Servidores Púbicos del Estado de Guerrero número 248, además de que la referida consulta de nómina 2012, no fue oportunamente objetada por el actor, por lo tanto no fue desvirtuada su autenticidad.. Se pronunció de forma fundada y motivada sobre la improcedencia de realizar la cuantificación del salario de forma diaria y no de forma mensual como lo realizó la Sala Regional Señaló por qué no resultaba necesario requerir más pruebas para estar en posibilidad de fijar correctamente el salario. 11) Que al haber señalado la Sala Superior el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la reinstalación del actor, debió registrar las prestaciones a pagar hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, que al no hacerlo así existe una diferencia de cien días. Por cuanto hace a la inconformidad de que al señalar la Sala Superior como fecha de reinstalación el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, debió registrar las prestaciones a pagar a pagar hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete . Al respecto debe decirse en primer lugar que el procedimiento de ejecución de sentencia se tramita en la Sala Regional Chilpancingo, en la que se desahogó el juicio de nulidad y se dictó la sentencia definitiva, no en esta sala superior y por tanto esta no señaló la fecha de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la reinstalación; sin embargo, si la Sala Regional de Chilpancingo en que se tramita el procedimiento de ejecución de sentencia señaló la mencionada fecha para la reinstalación del actor en el cargo que desempeñaba, no era necesario e indispensable que en el acuerdo respectivo se cuantificaran los salaros hasta un día anterior. porque la resinstalación y el pago de los salarios son aspectos diferentes. Atendido. 12) Que la responsable omitió señalar que también están obligados a pagar las prestaciones que se le adeudan al actor, la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del Estado de Guerrero. Por otra parte, le asiste razón al revisionista, en virtud de que, para el cumplimiento de la sentencia definitiva, no solamente la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se encuentra obligada al cumplimiento, dado que, en las medidas de sus competencias también se encuentran obligadas la Secretaria y Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia en los requerimientos debe incluirse. Atendido. 13) Que la Sala Superior señaló que los salarios caídos que contabiliza en la condena, once meses corresponde a dicho concepto, mientras que el doceavo es por vacaciones, lo cual es completamente ilegal, ya que la relación laboral continuó como si nunca se hubiera suspendido. Finalmente, cabe precisar que al hacer la cuantificación de los salarios dejados de percibir mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala Regional primaria incurre en error, toda vez de que no obstante hacer la cuantificación sucesiva por año, y que en total sumaron catorce años, no cabe incluir vacaciones, en virtud de que ese concepto queda comprendido en la suma total consecutiva de los años que el actor ha estado suspendido del cargo, y como consecuencia agregar los periodos vacacionales como indebidamente lo hizo la juzgadora primaria en el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se incurre en un doble pago, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 25, párrafo segundo de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, los trabajadores al servicio del Estado por cada seis meses de trabajo deben gozar de un periodo de vacaciones de diez días hábiles. 14) Que la Sala Superior estableció de manera errónea, la cantidad que se le debe pagar por concepto de aguinaldo, cuantificando la cantidad resultante de catorce años, ocho meses y veinticuatro días. 15) Que la Sala Superior, en los acuerdos impugnados, al resolver sobre la cuantía de la prima vacacional, es incoherente ya que omitió señalar la cantidad líquida que corresponde por dicho concepto, pues si bien es cierto, que son dos periodos de diez días hábiles de vacaciones, no agregó los dos días de descanso por cada periodo. No es verdad que se haya establecido de manera errónea el pago por concepto de aguinaldo, porque la cuantificación respectiva se hizo por catorce años, ocho meses y veinticuatro días. Tampoco existe incongruencia en la cuantificación por concepto de prima vacacional. toda vez que dicha cuantificación se realizó tomando en cuenta el salario que percibía el actor . Atendido. 16) Señaló también como agravio, la determinación respecto a que la reinstalación del actor se debe llevar a cabo en un solo acto jurídico de dos fases. El cumplimiento de la sentencia definitiva no necesariamente debe hacerse en una sola diligencia, acción o acto jurídico por las autoridades demandadas, toda vez que implica dos acciones distintas, una es la reinstalación del actor y el pago de salarios que dejó de percibir desde que fue suspendido del cargo, además de que el cumplimiento del primer acto, esto es la reinstalación permitiría determinar en forma concreta el pago de los salarios que el demandante dejó de percibir, porque ya no seguiría corriendo el término para contabilizar los salarios desde que fue suspendido del cargo, y por otra parte, el demandante ya recibió un pago por las cantidad de $1'300,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en fecha veinte de junio de dos mil doce, en que se intentó su reincorporación, lo que debe tenerse como cumplimiento parcial de la sentencia definitiva, por cuanto hace al pago de los haberes que dejó de percibir, aun cuando no quedó cumplida por cuanto hace a la reincorporación, ello porque lo que se pretende es el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo de dos mil seis, no la de treinta de junio de dos mil dieciséis, emitida en el toca TCA/SS/212/2016, que cita el actor en el curso en estudio. Precisó la fecha en que se debe comenzar a cuantificar, ante la negativa de reinstalación. 17) Que la Sala Superior omitió ordenar el requerimiento de pago al Secretario de Trabajo y Previsión Social y/o Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, y/o Secretario de Finanzas y Administración todos del Estado de Guerrero. Por otra parte, le asiste razón al revisionista, en virtud de que, para el cumplimiento de la sentencia definitiva, no solamente la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se encuentra obligada al cumplimiento, dado que, en las medidas de sus competencias también se encuentran obligadas la Secretaria y Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia en los requerimientos debe incluirse a dichas autoridades. Atendido. 18) Que el recurso de reclamación que hizo valer debía admitirse y resolverse en el término de tres días hábiles como lo establece el numeral 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Respecto de la inconformidad relacionada con la falta de resolución del recurso de reclamación que el demandante interpuso por escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en contra del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, si bien es cierto que ningún recurso o medio de impugnación debe quedar sin resolverse, en observancia al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, también lo es que los agravios externados en el recurso referencia, se refieren a las mismas violaciones planteadas en el recurso de queja, es decir respecto de la inconformidad de que pidiera nuevamente el informe de autoridad, por cuanto hace a los salarios que percibía el actor, además de que esa circunstancia ya se encuentra acreditada ten autos, mediante la consulta de nómina exhibida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con base en la cual ya se han venido haciendo algunas cuantificación de los pagos que se deben cubrir al actor, sin que para tal efecto pueda servir de base lo que percibían o perciben actualmente otros empleados, como son el Secretario, Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como los presidentes auxiliares, secretarias y actuarios de las juntas de conciliación y arbitraje. Atendido. De lo anterior se aprecia que la responsable de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, atendió los agravios expresados por el aquí quejoso, colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 7. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en el cumplimiento y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.
- Principal
Visto con el escrito firmado por el quejoso********************, atento a su contenido, se le tiene desahogando la vista ordenada en autos y por hechas sus manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; lo anterior, sin perjuicio de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada por el de Pleno en sesión extraordinaria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ********************; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y terceros interesados por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia. Por otro lado, visto el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; atento a su contenido dígasele que de constancias que integran el presente juicio, a foja 76 se desprende que el veinticuatro de julio del presente año, se hizo entrega al Agente del Ministerio Público adscrito, de copia simple de la demanda que dio origen al presente juicio. No obstante, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa, las copias que refiere, previa razón que de su recibo se deje en autos.
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