Emilio Calleja Palma

Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
995/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Emilio Calleja Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, presentado por el quejoso Emilio Calleja Palma, por derecho propio, se le tiene desahogada la prevención formulada en auto de cuatro de agosto de la presente anualidad, y se provee: CUESTIÓN PRELIMINAR Previo análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el acto reclamado en esta vía, es el siguiente: la omisión de no investigar la posible existencia de hechos posiblemente delictuosos, así como la orden de retirar de un predio la manguera que conduce agua que es utilizada por el quejoso a fin de abrevar su ganado y para uso doméstico. En efecto, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DESECHAMIENTO. En el caso, se estima que por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades que el quejoso señala como autoridades responsables, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, a contrario sentido, del propio cuerpo legal invocado, que en su orden y en lo que interesa establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte" "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la trascripción, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos y omisiones de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo que, la procedencia del juicio tratándose de actos de particulares, está condicionada a que éstos "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación". De ahí que, será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el presente asunto, -en principio- se reclama del Presidente, Secretario y Tesorero, así como a la Asamblea de Comuneros, del núcleo agrario de la comunidad de Dos Caminos, del Municipio de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, la omisión de no investigar la posible existencia de hechos posiblemente delictuosos, así como la orden de retirar de un predio la manguera que conduce agua que es utilizada por el quejoso a fin de abrevar su ganado y para uso doméstico; sin embargo, resultan ser instituciones reconocidas por la Ley Agraria, y en el caso que nos ocupa, los actos reclamados, no constituye, actos de autoridad para efectos del amparo. Esto es, sus actos -u omisiones-, no los realizan de manera unilateral y obligatoria, porque, se insiste actúan como representantes del núcleo de población comunal y como administradores de sus bienes agrarios; es decir, en un plano de igualdad con los demás comuneros; luego, los actos que emitan u omitan, no son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo, que se instituyó como un medio extraordinario de defensa de los gobernados contra actos de autoridad. Lo anterior, debido a que las citadas responsables que conforman el Comisariado de Bienes Comunales, son órganos de la comunidad, no del Estado, por lo cual no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del amparo, pues son meros órganos de representación y ejecución de la comunidad, según lo prevé el artículo 21 de la Ley Agraria, que dice: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia. Lo anterior se corrobora de la lectura de los de los numerales 23, 32, 33, 99 y 107 de la citada ley, que regulan las facultades tanto de la asamblea como del comisariado de bienes comunales, sin que de ellos se advierta la posibilidad de que realicen actos de autoridad. Así, se sostiene que de los preceptos mencionados se advierte que: 1- Tanto la asamblea general de bienes ejidales como el comisariado y consejo de vigilancia, no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación; 2- Sus relaciones con los sujetos del ejido o comunidad, son de coordinación; y, 3- Aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está investida del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Asimismo, revelan que tanto el Comisariado Ejidal de Bienes Comunales, y Consejo de Vigilancia, tienen facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirven; los acuerdos a que llegue la asamblea, como máximo órgano de la comunidad, serán dirigidos, respetados, gestionados y ejecutados por el Comisariado de Bienes Ejidales; y quien vigilará que este último cumpla su cometido, será el Consejo de Vigilancia; sin embargo, los actos que unos y otros realicen, con motivo de la materialización de los acuerdos consensados serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a diversa autoridad, para ejecutar los actos de la asamblea general o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad. Por tanto, en el caso, el Presidente, Secretario y Tesorero, así como a la Asamblea de Comuneros, del núcleo agrario de la comunidad de Dos Caminos, del Municipio de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, carecen de carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, debido a que en sus relaciones con los sujetos de la comunidad, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación. En concordancia con lo expuesto, ha de considerarse que en el presente caso, los actos que se les reclaman, no pueden ser considerados como autoritarios violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; sino más bien como un acto unilateral realizado en un plano de igualdad, cuya existencia está relacionado o vinculado con una norma de naturaleza agraria regida por la ley de esa materia y cuya violación puede y debe ser reparada dentro de un procedimiento de esa naturaleza, es decir, las diferencias que se susciten entre esos órganos del ejido y sus ejidatarios o comuneros, como en el caso que se estudia, deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales que para tal efecto están establecidos, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la ley de esa materia, más no a través del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la Tesis XXVII.3o. J/18, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Tomo III, Mayo de 2015, página 2184, con registro digital 2008595, de la literalidad siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo intentado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Emilio Calleja Palma, por propio derecho, contra actos de los Bienes Comunales del Núcleo Agrario Dos Caminos, del municipio de Chilpancingo, Guerrero (Presidente, Secretario y Tesorero) y otra autoridad responsable, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 995/2023-III-s; y fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. PREVENCIÓN. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer que, respecto a las formalidades de la demanda de amparo la que suscribe realizará su análisis en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo trascrito otorga a esta potestad la facultad de prevenir al promovente del amparo, para que aclare su demanda, cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, se advierte que la demanda de amparo incumple con el requisito que alude el numeral 108, fracciónes IV y V de la misma ley, que señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [. . .] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación"; (.)" En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en un término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: * Exponga de manera pormenorizada y completa los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, dado que del escrito de demanda no se aprecia que hubiera atendido a dicho requisito, mismo que resulta indispensable a fin de emitir acuerdo al respecto. En la inteligencia de que al desahogar la prevención que se formula en este auto, deberá adjuntar copias suficientes para correr traslado a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término concedido, se tendrá no presentada su demanda en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así también, hágase del conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como DELITO, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Corregidora número 6-B, colonia centro, de esta ciudad capital, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Santiago Calleja Vázquez, Jorge Sánchez Damián, Ma. Del Socorro Isamar Salgado Blancas y Ramón Chávez Villanueva. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a la autoridad responsable que en caso que desee incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx, y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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