Emilio Bustos Mendoza
Expediente 854/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Emilio Bustos Mendoza
Actuaciones
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 854/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Emilio Bustos Mendoza, Jesús Ruis Mier y José Zavala Mendoza, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "Reclamo mis derechos a un justicia pronta y expedita tal y como lo marca la carta magna, ya que en el ministerio público de san Luis Acatlán en el cual reside mi carpeta de investigación con número 12170700200163060916, la cual ya cuenta con todos los elementos necesarios para conducir el debido proceso al C. DANIEL MÁRQUEZ LÓPEZ quien puede ser localizado en la CALLE DE AYOCATITLA, NO. 59 EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO tal y como lo describe el apoderado legal de la empresa "trasporte Díaz" en la entrevista del día 24 de noviembre del 2016, en donde hace mención de lo narrado, el cual exhibo como anexo 1, me he entrevistado en varias ocasiones con el titular del ministerio público pero no me da razón alguna solo me niega la posibilidad de judicializar mi carpeta dándome largas de que hablara con la otra parte pero hasta la fecha no tengo ninguna solución a mi calidad de víctima, me he presentado ante el secretario de la unidad de investigación no. 2 de nombre JAVIER SALGADO CRUZ, para pedir cita y hacer la petición por escrito de que mi carpeta sea turnada ante un juez de control solicitud que me fue negada sin razón alguna por el secretario de la unidad de investigación 2 a si mismo con el titular de dicha agencia de investigación el Licenciado CARLOS BETANCOUR CRUZ, o quien resulte responsable, al ver la postura que está tomando de favoritismo hacia el imputado Daniel Márquez López y sobre todo hacia la empresa transporte Díaz, para la cual trabaja dicha persona, solicito humildemente a este Juzgado del fuero federal, intervenga para que esta carpeta sea remitida ante un juez de control y enjuiciamiento." SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 854/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una omisión, atribuida a una autoridad que reside en el ámbito jurisdiccional de este juzgado. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda en relación con las constancias de autos, se precisa que la parte quejosa reclama la omisión de remitir la carpeta de investigación 12170700200163060916 ante el Juez de Control y Enjuiciamiento. TERCERO. El Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, al rendir su informe justificado acepto la existencia del acto reclamado; manifestación que se acepta en sus términos, pues así se advierte de las copias certificadas de las actuaciones que integran la carpeta de investigación 12170700200163060916, instaurada por el delito de daño a propiedad y lesiones imprudenciales con motivo de transito de vehículo, cometido en agravio de quien resulte agraviado, en contra de quien resulte responsable; a las cuales se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los numerales 129, 197 y 202 del citado ordenamiento adjetivo aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Luego, no obstante que en tratándose de actos negativos -como ocurre en la especie-, es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe el acto de autoridad que se le imputa. Entonces, para estar en aptitud de dilucidar sobre la existencia de los actos reclamados, se procede a verificar las actuaciones que integran la carpeta de investigación 12170700200163060916, de la cual se advierte lo siguiente: 1. El seis de septiembre de dos mil dieciséis se registró la carpeta de investigación 12170700200163060916, por el delito de daños a la propiedad (por motivo de tránsito de vehículo) (culposo), cometido en agravio de quien resulte agraviado y en contra de quien resulte responsable. 2. Por oficio 1265, de veintiséis de septiembre del año en curso, se solicitó al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo designe perito en Materia de Contabilidad a efecto de que indique el monto total de los gastos médicos generados por las victimas Emilio Bustos Mendoza, José Zavala Mendoza y Jesús Ruiz Mier. 3. En la fecha antes mencionada, se giraron las comunicaciones oficiales 1262, 1263 y 1264, al Encargado o Responsable del Hospital Farallón y al Hospital Santa Lucia, en esta ciudad, a fin de requerirles los expedientes clínicos elaborados por la atención medica de Emilio Bustos Mendoza, José Zavala Mendoza y Jesús Ruiz Mier, respectivamente, lo anterior a fin de integrar debidamente la carpeta de investigación. Precisado lo anterior, no se advierte que a la presentación de la demanda (veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete) exista la omisión reclamada, en virtud de que aún se encuentra pendiente una prueba en la carpeta de investigación aludida, lo cual impide la remisión de esta al Juez de Control competente; de ahí que no pueda reputársele a la responsable la omisión descrita en el considerando segundo de esta resolución. Además, teniendo en cuenta que cuando se reclama un hecho negativo que se traduce en la omisión de la autoridad de realizar una conducta en el sentido pretendido por la parte quejosa, es decir, implica un no actuar de la misma, por regla general corresponde a la responsable demostrar con un hecho positivo que no incurrió en tal omisión, de acuerdo con la Tesis CLXXV/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 22 de mayo de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario". Por tanto, tomando en consideración que no se demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto reclamado, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el presente juicio de amparo, a su respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 854/2017, promovido por Emilio Bustos Mendoza, Jesús Ruis Mier y José Zavala Mendoza, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese sin proveer sobre el contenido del oficio signado por la Administradora de Correos de México, con sede en esta ciudad; en razón de que en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, se recibió el informe justificado del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero; por tanto, se dejan sin efectos las medidas decretadas para ese fin. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada de la carpeta de investigación 12170700200163060916 del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo uno, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, de autos se advierte que en auto admisorio se reservó a proveer respecto de la notificación del inicio de este juicio al tercero interesado Emilio Bustos Mendoza, hasta en tanto se contara con el informe justificado de la autoridad responsable; por tanto como lo anterior ya aconteció se procede a proveer respecto de dicha reserva; por tanto, no ha lugar a tenerlo con el carácter de tercero interesando en el presente asunto, en virtud de que es parte quejosa en el mismo, por lo tanto no puede tener doble carácter en el juicio de amparo.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Emilio Bustos Mendoza, Jesús Ruis Mier y José Zavala Mendoza, por su propio derecho, contra actos del Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 854/2017, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO. Se reserva proveer sobre la notificación de esta determinación al tercero interesado señalado en la demanda, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable. PRUEBAS. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que adjunta junto con su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Jesús Carranza, número 11, despacho 8, código postal 39300, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ángel Arizmendi Flores y Jorge Núñez Flores, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Thalía Lizeth Bello Guzmán y Anselmo Olivo Abat, por no cumplir con el requisito anterior, asimismo a Blanca Estela Mata Robles, Magnolia Mariel Rosas Cisneros y Rudi Uriel Yectli Dámaso, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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