Emilio Blanco del Villar
Expediente 1714/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1714/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Emilio Blanco del Villar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1714/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra omisiones de la Representante Estatal en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad y Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en Ciudad de México. (...) TERCERO. Existencia del acto reclamado La responsable Subdelegado Jurídico Estatal, en ausencia del Representante Estatal en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuare, en razón de que realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza, ya que indicó que se remitió debidamente integrando el expediente administrativo a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en Ciudad de México para que resuelva lo que corresponda. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió la autoridad responsable con sede en esta ciudad; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Por su parte, como se señaló en el acta precedente, la diversa responsable Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que se le otorgó una prórroga para ello; por tanto, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la omisión que se le atribuye. Además, debe decirse que por disposición expresa de los artículos 2, apartado A, fracción V, 6, fracción XII y 36, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, la facultad de emitir acuerdos de improcedencia a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales que se presenten la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de agosto de dos mil trece, la procedencia de la enajenación de terrenos nacionales es una facultad indelegable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien por acuerdo administrativo delegó las resoluciones que resulten improcedentes a la Dirección General de la Propiedad Rural de aquella dependencia, con auxilio de la Delegación Estatal correspondiente. Por ello, es que dicha autoridad se encuentra constreñida, en términos de ley, a resolver lo conducente, por ser una facultad indelegable como se señaló en párrafos precedentes. (...) QUINTO. Procedencia de la acción intentada La demanda de amparo es procedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al ordinal 107, fracción II, de la Ley de Amparo, virtud a que la parte quejosa reclamó una omisión de autoridades distintas de las judiciales, cuyos efectos son de imposible reparación al existir una abierta dilación, por lo que el análisis de la Litis constitucional en el presente sumario se circunscribirá al principio de acceso a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es necesario precisar que si bien en este sumario constitucional la parte quejosa alegó que el acto reclamado transgrede el derecho de petición establecido en el artículo 8º constitucional, que dispone la obligación de las autoridades del Estado de emitir respuesta escrita, en breve término y congruente, a las peticiones que formulen los justiciables de manera pacífica y respetuosa. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de la omisión que se reclama, se advierte que la solicitud presentada ante la responsable, no se trata de una que, de manera autónoma haya elevado la parte quejosa ante ésta, sino de un procedimiento no contencioso que busca la enajenación de un predio. En ese sentido, la omisión de determinar lo conducente, no transgrede lo dispuesto en el artículo 8° constitucional antes indicado, sino lo preceptuado en el ordinal 17 de esa normatividad. En efecto, los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, resultan atribuibles tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1691, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. (...)." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, visible en la página 1655, libro 17, abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. (...)." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su pretensión es que se resuelva la solicitud de enajenación que interpuso ante ella, por lo que en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque para ello deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, en la página 38, que determina en su rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la especie, la parte quejosa señala, en esencia, que las responsables transgreden en su perjuicio el principio de acceso a la justicia pronta y expedita al dejar de observar los plazos legales que tienen para actuar, pues no han resuelto su solicitud de enajenación con número ********************, presentada el veintiuno de octubre de dos mil trece, respecto del predio denominado "********************" ubicado en el municipio de ********************, Estado de Yucatán, por lo cual refiere que se contraviene el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el derecho fundamental consagrado en el aludido dispositivo constitucional es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que, en su caso, le haya formulado éste. Por ende, la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditada a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Sin embargo, atendiendo a la protección a que alude el ordinal 1° constitucional, relativo a la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es necesario acotar que, tal y como también lo señaló la parte quejosa, el acto reclamado afecta los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de la Norma Suprema. Dicho artículo atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1691, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, visible en la página 1655, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo y atendiendo a la causa de pedir. Ahora, a fin de demostrar la ilegalidad de la conducta de las autoridades responsables, conviene tener presente el artículo 17 Constitucional que, como ya se dijo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido a través de la garantía de seguridad jurídica que, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En el asunto que se analiza, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 42/2007 que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Expuesto lo anterior, respecto a la enajenación onerosa de terrenos nacionales, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural dispone lo siguiente: "Artículo 113. El solicitante de la enajenación de terrenos nacionales deberá presentar los siguientes documentos: I. Solicitud que contenga: a) Nombre, edad, estado civil, ingreso mensual y anual aproximado y ocupación del solicitante, y b) El nombre del predio, así como la superficie aproximada, colindancias y ubicación de éste; II. Plano en el que se precise el nombre del predio, superficie aproximada, ubicación cartográfica, coordenadas, referencias y colindancias; III. Constancia que acredite la nacionalidad mexicana; IV. Cédula de Identidad Ciudadana o Credencial para Votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, y V. En su caso, constancia que acredite la posesión del predio, en términos de lo establecido por el artículo 112 del presente Reglamento." "Artículo 114. Recibida la solicitud de enajenación de terrenos nacionales, la Secretaría integrará el expediente respectivo y la evaluará. Cuando se trate de terrenos nacionales con vocación agrícola, ganadera o forestal, deberá solicitar al Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría, la realización del avalúo; cuando la vocación del predio sea turística, urbana, industrial o de otra índole no agrícola, ganadera o forestal, el avalúo se solicitará al Instituto. La vocación del predio de que se trate, será determinada por la Secretaría, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) La constancia de uso de suelo autorizada en el Plan de Desarrollo Municipal que, en su caso, emita la autoridad municipal donde se ubique el predio, y b) A falta de la constancia señalada en el párrafo anterior, la ubicación y características del predio, considerando el potencial que por estas u otras causas implique." "Artículo 115. El costo del arancel y gastos que se generen con motivo de la realización de los trabajos valuatorios del predio de que se trate, deberán ser cubiertos por el solicitante de la enajenación de terrenos nacionales al Órgano Valuador competente, previamente a la emisión del avalúo respectivo." "Artículo 116. El avalúo que al efecto emita el Comité Técnico de Valuación deberá incluir el valor catastral para referencia y el valor comercial de enajenación, ubicación geográfica del terreno, características topográficas, uso y clase de la tierra, vías de comunicación e hidrografía. El Comité Técnico de Valuación, cuando lo determine la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, tomará en cuenta al momento de emitir el avalúo, factores de carácter socioeconómicos del solicitante y de la región en que estén ubicados los terrenos nacionales correspondientes." "Artículo 117. La vigencia de los avalúos emitidos por el Comité Técnico de Valuación y el Instituto, no podrá exceder de un año, contado a partir de la fecha de su emisión; el valor consignado seguirá surtiendo sus efectos legales durante el plazo concedido por la Secretaría para cubrir el pago correspondiente, siempre y cuando haya sido aceptado el precio por los solicitantes de la enajenación de que se trate, dentro de la vigencia del avalúo." "Artículo 118. La Secretaría deberá verificar si en el predio de que se trate existen poseedores. Si el o los poseedores manifiestan su interés en adquirir el predio, la Secretaría deberá emitir el acuerdo que corresponda, que será de procedencia si están satisfechos los requisitos exigidos por la Ley y este Reglamento o de improcedencia, en caso contrario. Si el acuerdo emitido es de procedencia de la enajenación, dentro de los treinta días naturales siguientes deberá notificar el monto del avalúo al poseedor para que sea cubierto en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados éstos a partir de que la misma se realice. Si el poseedor no cubre el pago en este plazo, caducará su derecho de preferencia y la Secretaría deberá, de inmediato, emitir un acuerdo de revocación de procedencia; pasando el predio a formar parte del inventario de terrenos nacionales disponibles que deberá administrar la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría, por conducto de la unidad administrativa facultada por las normas aplicables. Las notificaciones a que se refiere este artículo se harán en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 19 del presente Reglamento." "Artículo 119. En caso de inconformidad con el avalúo emitido por el Comité Técnico de Valuación, los interesados tendrán treinta días hábiles para formular mediante escrito libre sus observaciones, contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo de procedencia respectivo; en tratándose de avalúos emitidos por el Instituto, tendrán el plazo que establezca la normativa del propio Instituto que al efecto resulte aplicable, debiendo exponer en la petición de reconsideración los elementos de juicio necesarios que justifiquen la misma ante la Secretaría, quien los remitirá al Instituto." "Artículo 120. De no existir poseedores o en caso de que éstos no hubieren ejercido el derecho de preferencia a que se refiere el artículo 118 de este Reglamento, la Secretaría notificará al interesado la procedencia de la enajenación y el valor de la misma. Asimismo, la Secretaría requerirá el pago correspondiente dentro de un término no mayor a treinta días a la emisión del acuerdo, que deberá ser cubierto en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contado a partir de su requerimiento y podrá ser prorrogado por una sola vez hasta por noventa días. Cuando el adquirente sea el posesionario del terreno nacional a enajenar, la Secretaría podrá acordar otorgarle un plazo no mayor de cuatro años. De resultar conveniente para los intereses de la Federación a juicio del Titular de la Secretaría, podrá emitir acuerdo de procedencia de la enajenación en subasta pública y, en su caso, deberá seguirse el procedimiento previsto en la Sección II de este capítulo." "Artículo 121. Una vez cubierto el pago total al Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural, se elaborará el título de propiedad respectivo, el cual será suscrito por el Titular de la Secretaría." "Artículo 122. La Secretaría tramitará la inscripción del título correspondiente ante el Registro y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa en donde se localice el predio. De igual manera, deberá solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal la inscripción correspondiente. Los gastos de inscripción serán por cuenta del adquirente." Las normas citadas describen el procedimiento para la enajenación onerosa de terrenos nacionales, el cual comenzará con la solicitud de la parte interesada que cumpla con los requisitos legales ahí establecidos. Una vez recibida, la autoridad administrativa integrará el expediente respectivo y la evaluará, dependiendo del tipo de predio se ordenará la realización del avaluó ante el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría o al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Además, se deberá verificar si en el predio de que se trate existen poseedores. Después, la Secretaría emitirá el acuerdo que corresponda, que será de procedencia si están satisfechos los requisitos exigidos por la Ley y este Reglamento o de improcedencia, en caso contrario. Si el acuerdo emitido es de procedencia de la enajenación, dentro de los treinta días naturales siguientes deberá notificar el monto del avalúo al poseedor para que sea cubierto en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados éstos a partir de que la misma se realice. Si el poseedor no cubre el pago en este plazo, caducará su derecho de preferencia y se emitirá un acuerdo de revocación de procedencia. Una vez cubierto el pago total al Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural, se elaborará el título de propiedad respectivo, el cual será suscrito por el Titular de la Secretaría, se tramitará la inscripción del título correspondiente ante el Registro y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa en donde se localice el predio. De igual manera, deberá solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal la inscripción correspondiente. Así, se obtiene que el procedimiento para la enajenación de bienes, está integrado de una serie de pasos que se siguen unos de otros, hasta llegar a la resolución que autoriza la venta del bien al interesado. Ahora, si bien en la legislación aplicable no se establecen plazos para transitar en cada una las fases del procedimiento, estas no pueden quedarse inactivas en forma permanente más allá de un plazo razonable. En el particular, desde el cinco de agosto de dos mil quince, se llevaron a cabo los trabajos de medición y deslinde del predio denominado "********************", ubicado en el municipio de ********************, Estado de Yucatán, el diecisiete de agosto de dos mil quince mediante oficio 2276 se remitió el expedientillo original a la entonces Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural y el dieciocho de agosto de año que corre, se volvió a remitir el expediente original del predio denominado "********************", a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en Ciudad de México; sin que, hasta la fecha, las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, hayan gestionado los actos necesarios para resolver la solicitud de enajenación onerosa del quejoso********************. Circunstancia que ha paralizado el procedimiento administrativo desde esa fecha, sin que las autoridades responsables hayan continuado con las siguientes fases. No se inadvierte que, con el fin de resolver la solicitud de enajenación del predio denominado "********************", ubicado en el municipio de ********************, Estado de Yucatán, se han llevado a cabo diversos actos para el deslinde del mismo; sin embargo, a la fecha en la que se dicta este fallo, han transcurrido diez años desde la solicitud respectiva y casi ocho años desde que se llevó a cabo el acta de apeo y deslinde, se insiste, sin que se haya resuelto en definitiva la petición de enajenación en comento. En esas condiciones, es incuestionable que se ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional; y, en consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión del amparo tiene los siguientes efectos: De inmediato se continúe con el procedimiento administrativo para la enajenación onerosa del predio denominado "********************", ubicado en el municipio de ********************, Estado de Yucatán, registrada bajo folio 17, presentada el veintiuno de octubre de dos mil trece por el quejoso********************, y se emita la determinación que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a********************, contra las omisiones de las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando séptimo de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no obra en autos el informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo requerido a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, y que se encuentra transcurriendo la prórroga de diez días hábiles otorgada en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, para rendir el mismo, toda vez que fue notificado el treinta de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama enviado por la Directora de Amparos de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en Ciudad de México, mediante el cual manifiesta las diligencias que se encuentra realizando a fin de rendir su informe justificado, por lo que solicita una prórroga para rendir el mismo. Por tanto, al no existir impedimento legal alguno, se le concede una prórroga de diez días hábiles para que remita las citadas constancias, la cual comenzará a correr a partir de la notificación por lista del presente acuerdo; asimismo, se le reitera a la autoridad el apercibimiento decretado en auto de once de septiembre de la presente anualidad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el diez de octubre del año en curso, informa que la pieza postal correspondiente al oficio 27493/2023, fue entregado el día diez de octubre de la presente anualidad, el cual se agrega únicamente para que obre como legalmente corresponda, en virtud de que dicha autoridad en la presente fecha se pronunció al respecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo, ni obra en autos la pieza postal del acuse de recibo correspondiente al oficio 27493/2023, once de septiembre de dos mil veintitrés, con el que se le solicitó lo rindiera. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No obstante lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este acuerdo, envíe a este órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente al oficio 27493/2023, once de septiembre de dos mil veintitrés, al que le correspondió el número de pieza postal RA030666058MX. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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