Emilio Aranda Reyes
Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Emilio Aranda Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por este Juzgado Federal, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese impresión con evidencia criptográfica del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que se encuentra a la espera de que la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto, de dicha dependencia, otorgue la suficiencia presupuestal, para estar en posibilidad de continuar con los trámites de pago; tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, en atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, no ha lugar a tener a la citada autoridad en vías de cumplimiento, máxime que fue omisa en anexar las constancias con las cuales acredite su dicho; en consecuencia, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, y en consecuencia, evadir el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la Directora General de Recursos Humanos y la Coordinador General de Administración antes Oficial Mayor ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en desahogar el requerimiento de siete de septiembre del año en curso, por el que se les requirió acreditaran ante éste Juzgado de Distrito el cumplimiento del fallo protector, no obstante haber sido debidamente notificados; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y en términos de lo previsto en los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo, y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se impone a Yolanda Carolina Salcedo Pérez, quien ostenta el cargo de Directora General de Recursos Humanos y a Laura Ángeles Gómez, quien ostenta el cargo de Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una multa a razón de cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para que por conducto de la Administración Local de Recaudación correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas autoridades. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro y datos de localización siguientes: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Registro digital: 184086, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, página 226 En ese sentido, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE NUEVAMENTE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que atendiendo a la naturaleza de los actos en el término de TRES DÍAS, acredite haber remitido a la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto el oficio de solicitud de suficiencia presupuestal así como la documentación soporte necesaria de los quejosos siguientes: QUEJOSO CANTIDAD EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A PAGAR POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO *** En atención a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 297, fracción II del citado código, 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, y tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Coordinador General de Administración antes Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico de la Directora General de Recursos Humanos de la citada Fiscalía, lo conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, en términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que en su momento pudiera realizarles el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que conoce del incidente de inejecución de sentencia 2/2022-II. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión R.A. 88/2022, y tres copias de dicha resolución, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Queda INTOCADO el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo a que se refiere el resolutivo primero de la sentencia impugnada, respecto de los actos reclamados ahí precisados. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión NO AMPARA Y NI PROTEGE a FIREKI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo" Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. 30/08/23 19:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del mencionado Acuerdo General, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, y toda vez que en el presente asunto se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados, son susceptibles de 30/08/23 19:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P.-664/2020- VI destrucción el original y duplicado del incidente de suspensión, los cuales serán destruidos, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el original transcurridos tres años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, lo que procederá dentro del plazo de treinta días siguientes. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó un documento original en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose de éste, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo de referencia. Haciendo de su conocimiento que la persona que acuda a recibirlo, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus 30/08/23 19:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las nueve horas con quince minutos a las catorce horas. Se precisa que se requiere al quejoso para que programe la cita correspondiente en ese horario, en uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales, lo anterior tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito le corresponde la jornada de labores presenciales de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, y por su parte, el horario de labores del centro de fotocopiado al público en general, que se encuentra en el edificio en que se ubica este órgano jurisdiccional, es de las nueve a las quince horas, por lo que únicamente coinciden dentro del horario referido en el párrafo precedente. Asimismo, se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir la entrega de las copias solicitadas dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, lo anterior derivado de la carga de trabajo del centro de fotocopiado o del volumen de las constancias respectivas, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá de programar una cita posterior para su entrega. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
* Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signados el primero por el Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; y el segundo por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, formulan diversas manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos los oficios de mérito para que obren como correspondan, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese
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